Los diputados del PP en la Junta General del Principado, Alejandra Cuétara y Ramón García Cañal, acusaron al presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, de estar "en rebeldía" frente al Tribunal de Cuentas. Los 'populares' se refirieron a una serie de documentación que requirió el órgano fiscalizador, relativa a diferentes contratos públicos, y que el Principado "no envió".
Cuétara y García Cañal, en una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, se refirieron al último informe del Tribunal de Cuentas, relativo al ejercicio 2002, en el que se critica la política del Principado en materia de contratación. Los criterios son similares a los establecidos en el informe del año 2001, en el que el mismo órgano acusó al Principado de no respetar los principios de transparencia, publicidad y objetividad.
Cuétara explicó que los argumentos del informe de 2002 son más "duros" que los del año anterior. Señaló que en el informe se insiste en que los contratos examinados adjudicados por el método de concurso no tenían los criterios de asignación de puntuaciones en los pliegos, sino que estos se establecieron "una vez abiertos los sobres" y conocida la documentación aportada por los licitadores.
"No sólo no se han corregido las prácticas de 2001, sino que se han instaurado como norma general", dijo Cuétara, que anunció medidas parlamentarias para que el Gobierno aclare este aspecto una vez que se reanude el periodo de sesiones.
Sindicatura de cuentas
Además, acusó al Principado de "ocultar" información al Tribunal de Cuentas y puso en duda la "utilidad" de la recién creada Sindicatura de Cuentas, órgano fiscalizador de la región, ya que "el Principado ni siquiera hace caso al Tribunal de Cuentas".
"En el mundo de la delincuencia, la reincidencia tiene un plus en la pena", dijo Cuétara, en relación a la postura del Principado, que "no ha corregido" las "deficiencias" detectadas en los criterios de contratación pública. Acusó a Areces de "burlar" al Tribunal de Cuentas y a los ciudadanos.
Señaló que las "irregularidades" en materia de contratación también son "claras" en las sociedades públicas del Principado, porque contratan "a dedo". En este sentido recomendó a los gestores de las mencionadas sociedades que tengan en agosto el informe del Tribunal de Cuentas como "libro de cabecera".
Por su parte, García Cañal, explicó que el informe pone de manifiesto el "fraude" a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y añadió que las empresas que acuden a concursos en Asturias no tienen "seguridad jurídica".
Calificó de "demoledor" el informe del Tribunal de Cuentas y dijo que las "actuales prácticas" del Principado presentan un "serio riesgo de favoritismos".
