La Fiscalía boliviana ha ordenado la detención de varios ex ejecutivos de las petroleras Andina, filial de la hispano-argentina Repsol YPF, y de la brasileña Petrobras en el marco de una investigación por presunta estafa al Estado boliviano.
El fiscal Alberto Cornejo explicó hoy sábado a Associated Press que la petición de detención tiene el objetivo de facilitar las investigaciones. Muchos de estos ex directivos ya no viven en Bolivia y algunos incluso dejaron de trabajar para estas compañías.
Fiscales de la ciudad de Santa Cruz (en el este del país), donde las dos empresas tienen su sede, entraron anoche en las oficinas de Repsol YPF para decomisar documentación sobre un presunto contrato irregular entre Andina y Petrobras.
"El allanamiento fue ordenado por un juez. Se trata de una posible estafa y se refiere a la venta directa de gas entre Andina (filial de Repsol) y Petrobras", sin conocimiento del Estado boliviano, explicó. No hubo detenidos.
Una fuente de la compañía, que no quiso identificarse por razones internas de la empresa, declaró que el allanamiento es una acción "irregular y desproporcionada" y aseguró que el contrato observado no fue un secreto ni produjo daño económico al Estado boliviano. Indicó que los ejecutivos de la compañía entregaron la documentación reclamada por los fiscales "como una muestra de su voluntad de cooperar en las investigaciones".
De acuerdo con la denuncia, el trato presuntamente ilegal protegió durante casi cuatro años a Petrobras contra las alzas de precios del gas que importa desde Bolivia.
Larga operación
La demanda fue presentada a la fiscalía en junio, un mes después de que el presidente Evo Morales nacionalizará los hidrocarburos. El denunciante es un director boliviano que nombró el Gobierno en la compañía Andina tras decretar la nacionalización. En un reciente informe al Senado, el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, aseguró que el acuerdo provocó perdidas por 161 millones de dólares.
Por el caso son investigados el ex gerente de Andina, el español José María Moreno, y los brasileños Antonio Luiz Silva de Menezes, director de gas y energía de Petrobras, y Luiz Rodolfo Landim Machado, director gerente de la misma petrolera.
Es la segunda investigación de la fiscalía en contra Repsol desde la nacionalización de los hidrocarburos. En mayo la fiscalía ordenó un registro a la empresa para detener a su presidente de entonces Julio Gavito y el gerente en jefe de operaciones Pedro Sánchez.
Bolivia obliga a Repsol a pagar un tributo
Además, el gobierno andino ha anunciado que las principales petroleras que operan en Bolivia deben pagar en conjunto 150 millones de dólares entre septiembre y octubre en razón del tributo establecido junto con la nacionalización de los hidrocarburos, informó hoy el Gobierno.
El ministerio de Hidrocarburos difundió una resolución en la que establece cuatro fechas de septiembre y una de octubre para que las compañías depositen ese pago en el Banco Central. El tributo es una participación del 32 por ciento, otorgada a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), sobre el valor de la producción de los principales campos de gas.
El gravamen debe ser pagado por la empresa hispano-argentina Repsol YPF, la brasileña Petrobras y la francesa TotalFinaElf, que son socias de los yacimientos San Alberto y San Antonio, situados en el sur del país. Según la resolución ministerial, los pagos, cada uno por cerca de 30 millones de dólares, deben ser hechos los días 1, 11, 18 y 25 de septiembre y el 2 de octubre, correspondientes a los primeros cinco meses de vigencia del nuevo tributo.
