El fiscal ha defendido hoy la competencia de la Audiencia Nacional en el caso del presunto fraude en el cobro de subvenciones europeas en el sector del lino porque aunque la cuantía de la supuesta estafa sólo fue de 3 millones de euros la UE sancionó a España con la pérdida de 113 millones en ayudas agrícolas.
El representante del ministerio público contestó así a las alegaciones de las defensas, que sostuvieron que la Audiencia Nacional no era el órgano judicial competente en este caso porque, entre otras cosas, no había "defraudaciones que puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, ni en la economía nacional".
El fiscal anticorrupción Juan Pavía recordó que este proceso no se inició por iniciativa del ministerio público, sino por la denuncia de la entonces ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, y que fue ella la que planteó que el caso "debía verlo" la Audiencia Nacional, señalándola como competente. Además el fiscal indicó que "había una defraudación generalizada" que era "la imagen de lo que podía estar fraguándose".
La Fiscalía Anticorrupción pide penas de entre siete meses y tres años de prisión para los 19 imputados en la causa que instruyó el juez Baltasar Garzón, entre ellos, el ex director general del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) Nicolás López de Coca, acusado también de tráfico de influencias.
La defensa este último pidió la nulidad de esta acusación, basada en las llamadas telefónicas que supuestamente realizó al entonces consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Alejandro Alonso, asegurando que nunca se le tomó declaración por ella, pero el fiscal dijo que sí fue interrogado sobre estos hechos y que "ya tuvo ocasión de defenderse".
Además, Pavía aseguró que el delito que se deriva de esas llamadas no ha prescrito porque se realizaron en enero de 1999 y la acusación contra López de Coca se planteó en 2002.
La vista continuará mañana en el pabellón de la Audiencia Nacional del recinto ferial de la Casa de Campo, donde ya tuvo lugar el juicio a los presuntos miembros de una célula de Al Qaeda desarticulada en España tras el 11-S, y en el que actualmente se desarrolla el proceso a 53 acusados de pertenecer a organizaciones del entorno de ETA.
