Los presidentes de Aragón, Marcelino Iglesias, y de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ambos del PSOE, han rechazado hoy la posibilidad de que el Gobierno introduzca cambios en los diferentes modelos de gestión del agua que plantean estas comunidades autónomas en las reformas de sus estatutos.
Según publica hoy el diario El País, el Ejecutivo y el PSOE estarían preparando un pacto con las comunidades autónomas para unificar la gestión del agua a través de la redacción de un documento que, tras darse a conocer en la Conferencia de Presidentes del mes que viene, modificaría los postulados que al respecto incluyen algunas propuestas de reforma estatutaria.
El Gobierno central, horas más tarde, y según los Ejecutivos de Aragón y Castilla-La Mancha, ha remitido una comunicado a sus presidentes, Marcelino Iglesias y José María Barreda, respectivamente, para aclarar que no planea proponer cambios en las redacciones de sendas reformas estatutarias.
En la rueda de prensa posterior al consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, al ser preguntada sobre ese posible pacto, ha asegurado que "el agua es un tema de Estado" y que, por esa misma razón, su gestión debe efectuarse desde una perspectiva estatal. Sin embargo, ha recalcado que el ámbito en el que ha de ultimarse esa política es el Parlamento y ahí el Gobierno, ha explicado, "no va a tomar más decisión que la que se tome" en las Cortes Generales.
El estatuto aragonés, ya admitido a trámite por el Congreso, cuantifica, en una disposición adicional, en 6.550 hectómetros cúbicos la reserva de agua para uso exclusivo de los aragoneses, mientras que el de Castilla-La Mancha, cuyas líneas general ya han pactado PSOE y PP, fija la fecha de caducidad del trasvase Tajo-Segura en 2010.
Diversas opiniones
El presidente aragonés, Marcelino Iglesias, ha afirmado que defenderá "hasta el final" y "frente a quien sea" el contenido de la propuesta de nuevo Estatuto en materia de agua, mientras que su homólogo en Castilla-La Mancha, José María Barreda, ha destacado que no aceptará que "se pongan problemas" a la reforma aprobada ayer por unanimidad en el Parlamento autonómico.
El PSOE de Castilla-La Mancha se ha mostrado "optimista" respecto a la conservación de las "aspiraciones" de los ciudadanos de esta comunidad, mientras que el PP de esa comunidad subrayó que no consentirá "un paso atrás" en lo acordado sobre la caducidad del trasvase Tajo-Segura, si bien ha dirigido esta advertencia a Barreda. Una situación similar se ha dado en Aragón, donde todos los partidos han respondido con reticencias a esa posible intención del Gobierno.
El presidente de los populares en esta comunidad, Gustavo Alcalde, ha recalcado que el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, "pretende recortar de alguna manera las reservas de agua de Aragón", lo que el PP no consentirá; mientras que el portavoz socialista en las Cortes aragonesas, Jesús Miguel Franco, se ha mostrado más prudente al afirmar que no había noticias de los hipotéticos planes del Gobierno.
Los otros dos partidos parlamentarios en Aragón, PAR y CHA, han rechazado la posibilidad del pacto publicada hoy. El Gobierno de Murcia, al que afecta especialmente la política hidrológica, ha valorado las supuestas intenciones del Ejecutivo en lo relativo a la gestión del agua, pero pidió que si el objetivo es lograr un pacto, éste ha de adecuarse a la Constitución. El portavoz del Ejecutivo murciano, Fernando de la Cierva, también ha solicitado que se recupere el trasvase del Ebro.
Desde la Generalitat valenciana hubo más pronunciamientos, como el del portavoz del Consell, Vicente Rambla, para quien la hipotética búsqueda de ese pacto en materia hidrológica demuestra que Zapatero quiere "evitar" que se aprueben estatutos que podrían ser declarados "inconstitucionales".
