Las dos últimas personas detenidas en el marco de la primera fase de la operación 'Voramar' han sido puestas en libertad con cargos, según fuentes próximas a la investigación, que han indicado que prosiguen las diligencias. Se trata de María Isabel Seguí Capó, ex arquitecta municipal de Andratx, y un abogado, cuya identidad no ha trascendido.
De esta forma parecen desmentirse definitivamente las informaciones primeras que decían que los dos detenidos eran la esposa del celador municipal, María Antonia Garí Riera, y el arquitecto colaborador del alcalde Hidalgo Miguel Arenas.
La Guardia Civil ha informado también de que los detenidos son el alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo (PP); el director general de Ordenación del Territorio del Govern balear, Jaume Massot; y el celador de obras municipal, Jaume Gibert, quienes se han negado a declarar esta tarde, según sus abogados defensores.
El letrado defensor del alcalde, Rafael Perera, ha asegurado a los periodistas que ninguna de las imputaciones a Hidalgo tiene "una realidad probada" y se ha mostrado convencido de que el alcalde podrá "justificar" plenamente de dónde proceden sus bienes. Por su parte, la Guardia Civil ha precisado que, por este caso, "seguramente" habrá más imputaciones y más detenciones.
¿Otras investigaciones en marcha?
El alcalde accidental de Andratx, Jaume Porsell (PP), por su parte, ha informado de que los agentes de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria cerraron el acta de registro del área municipal de registro a las 7.20 horas de esta mañana, tras trabajar toda la noche en las dependencias municipales.
El fiscal jefe de Baleares, Bartolomé Barceló, ha evitado pronunciarse sobre si hay en marcha investigaciones en otros municipios de las islas por presunta corrupción urbanística, aunque ha asegurado que siempre que haya "algún hecho delictivo" el ministerio público actuará.
Un partido "traicionado"
El secretario general del PP balear, José María Rodríguez, ha afirmado que en su partido no se tenía "ningún conocimiento" de los presuntos delitos del alcalde de Andratx y que el partido se siente "traicionado y defraudado", especialmente tras comunicar que sería candidato a la reelección.
Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, ha admitido en Madrid que el PP ha reaccionado en este caso pero ha recordado que tiene "un agujero negro" en la Comunidad Valenciana, donde hay "casos clamorosos de implicaciones penales" de sus cargos públicos.