El PP bloqueará el trámite urgente de la carrera profesional si no beneficia a más funcionarios

La pretensión del Gobierno regional de sacar adelante las reformas legales que den cobertura al pago de la carrera profesional a los funcionarios por la vía más urgente posible, el sistema de lectura única en la Junta General, tiene pocos visos de prosperar. Al menos si el Ejecutivo insiste en que sólo los 14.000 empleados públicos que en su momento firmaron la carrera seguirán recibiendo esos ingresos, dejando fuera al resto. «Es una chapuza, otro parche que el PP no puede avalar», advirtió ayer el portavoz adjunto de los populares asturianos, Joaquín Aréstegui. El Principado, pese a todo, no está dispuesto a cambiar de posición, incluso después de la sentencia del TSJA que le obliga a extender los pagos a varios docentes que no se apuntaron a la carrera y que, a través de Comisiones Obreras, llevaron su situación a los tribunales.

El embrollo que rodea a la carrera profesional, pues, crece y crece. Porque la posición del PP altera los planes del Ejecutivo, que ya ultima los dos proyectos de ley con los que quiere asegurar, tras el revés a su primera resolución, el pago de la carrera profesional tanto a los docentes como al resto del funcionariado. El proceso de lectura única simplifica enormemente el trámite parlamentario, dado que elimina el farragoso proceso de comparecencias, enmiendas... Pero el partido de la oposición no está por la labor. «Todo el mundo que cumple los requisitos debe poder acogerse, no sólo los 14.000 que ya lo hicieron en su día», indica Aréstegui.

De persistir el Ejecutivo en sus planes, adiós a la lectura única, detalla un Aréstegui quejoso por el procedimiento que ha seguido la Consejería de Administraciones Públicas a la hora de encontrar una solución al problema que generó la sentencia del TSJA del pasado mes de junio, que anuló el sistema de pago de la carrera profesional. «Han tenido mucho tiempo para resolver este tema», aduce el portavoz popular, «y lo quieren hacer a última hora, de forma chapucera y provisional».

Aréstegui destaca que el Gobierno utilizó en su momento los pagos de la carrera para «comprar voluntades», algo que, a su juicio, debe corregirse ahora. «Debe haber una solución satisfactoria que no deje fuera a nadie que cumpla los requisitos», añade. El diputado popular no entiende el empecinamiento del Gobierno regional en limitar el abono de esas percepciones a los 14.000 empleados públicos que dijeron 'sí' cuando se abrió el plazo de inscripción. Insistir por ese camino supone «colocar una bomba de relojería en medio del colectivo de funcionarios», remacha.

Dos alternativas

El rechazo del PP a la lectura única tiene sus consecuencias. Por lo pronto, impide avanzar por esa vía, ya que el aval de los populares es imprescindible para impulsar un trámite que permite aprobar un proyecto de ley en una única sesión parlamentaria, sin comparecencias ni enmiendas previas. En la práctica, si el Principado registrase dichos proyectos en la Junta a primeros de noviembre, podría sacarlos adelante antes de que terminara el mes. Aunque es cierto que la portavoz, Ana Rosa Migoya, dijo el pasado miércoles que el objetivo era que esas normativas tuvieran vigencia desde enero.

En esta tesitura, el Gobierno tiene dos opciones. Una, la más ortodoxa, consistiría en tramitar los proyectos por el sistema habitual. Esta alternativa generaría un retraso estimado de dos o tres meses. La segunda posibilidad convertiría el bloqueo del PP en una simple molestia, ya que evita la demora temporal, aunque obliga a utilizar un cierto 'regate'. Se trataría de incluir las modificaciones que el Principado quiere articular para seguir pagando la carrera profesional en la Ley de Acompañamiento de los presupuestos regionales de 2010. Es legal y factible aunque, obviamente, exigirá el acuerdo de PSOE e IU a la hora de aprobar las cuentas autonómicas del próximo año.

Con todos estos condicionantes sobre la mesa, el Ejecutivo mantiene hoy la misma posición que el miércoles. Esto es, que los pagos sólo se garantizarán a quienes ya están apuntados a la carrera profesional. Ni siquiera la sentencia del TSJA del pasado día 14, que rechaza un recurso previo del Principado y obliga a abonar esas percepciones a funcionarios que no firmaron la carrera, cambia los planes. Porque, en principio, esa resolución es recurrible. Y también porque el Ejecutivo entiende que se trata de un asunto que afecta sólo a las personas que denunciaron, sin más consecuencias.

Comisiones Obreras, cuyos servicios jurídicos promovieron dichas demandas, muestra por su parte su extrañeza ante la actitud que está mostrando la administración. Por varias razones. Primero, por las «contradicciones» entre Ana Rosa Migoya y el consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, partidario de aumentar el número de beneficiarios de estos pagos. Y segundo, porque el Gobierno prometió en su momento pactar esta cobertura legal con los sindicatos, «sin que a día de hoy hayamos recibido una sola llamada para tratar el tema».