El Consejo de Ministros concedió a los representantes de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) Juan Manuel Martínez Morala y Cándido González Carnero la rebaja de la pena de cárcel impuesta de tres a dos, a cambio del pago al Ayuntamiento de los 5.624,83 euros de indemnización por la rotura de la cámara de videovigilancia durante las movilizaciones de Naval Gijón y el no cometer delito doloso en el plazo de cuatro años. Para los dos procesados, el indulto es "otra una trampa para seguir amordazando a la clase trabajadora".
Por su parte, Carnero, en rueda de prensa en la Sindical, se quejó de la indefensión en la que se encuentran al no saber si la suspensión de la pena hasta la resolución del indulto que decretó la jueza que sustituyó al magistrado del Juzgado de lo Penal 1 de Gijón, Lino Rubio, afecta al tiempo que ha pasado desde que se les concedió el Tercer Grado . Los dos pasaron en la cárcel de Villabona 20 días antes de concedérsele es citado Tercer Grado el 5 de julio de 2007, un día antes de que les suspendieran la pena.
Morala y Carnero están citados por el Juzgado de lo Penal 1 de Gijón el próximo día 7, a las 10.00 horas, donde el magistrado les comunicará si ingresan en prisión, continúan con el Tercer Grado o si se suspende la pena al ser de dos años. "Pensamos que deberíamos estar en el tercer grado", dijo Carnero.
Este último aseguró que ahora están "peor" que antes de salir el indulto. Los sindicalistas opinan que el indulto está "apañado" por el informe que dictó el delegado del Gobierno en Asturias, Antonio Trevín, y al Ayuntamiento de Gijón. "Siempre dijimos que éramos inocentes y que no se nos dejó defendernos en el juicio" apuntó. "Si Ayuntamiento no se da por satisfecho, volveríamos a la prisión de Villabona", añadió.
Además, criticó que se aumenta en dos años el condicionante. A este respecto, explicó que la legalidad dice que en dos años si te vuelven a pillar no pasa nada y aquí imponen cuatro años, por lo que consideró que están en indefensión si van a una manifestación y la Policía desea denunciarles. "Estamos condenados", se quejó.
Asimismo, aseguró que todo esto es un "montaje político institucional" y lamentó que se les deje "en las mismas manos que nos condenaron en su momento", con alusión al Ayuntamiento gijonés y al magistrado Lino Rubio, al que acusó de condenarles "sin oportunidad de defendernos" y como castigo a las movilizaciones en el sector naval en Gijón.
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