El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Valencianas presentó ayer una querella, por financiación ilegal y otros delitos contra el PP de esa comunidad, ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia (TSJCV). La demanda, que se apoya en los informes policiales que apuntan el desvío de dinero desde empresas de Francisco Correa a la formación política, se dirige contra 17 personas, encabezadas por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y sus más cercanos colaboradores.
Los socialistas acusan a políticos y empresarios de allegar fondos irregulares al PP, así como de los delitos de cohecho, malversación, falsedad, prevaricación, alteración contable y delito fiscal. Junto a Camps, figuran como políticos demandados, su vicepresidente primero, Vicente Rambla; el ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa; el vicesecretario de Organización del PP, David Serra; la tesorera del partido en esa comunidad, Yolanda García; la directora general de Promoción Institucional de la Generalitat, Dora Ibars, y el ex director de Radiotelevisión Valenciana Pedro García.
Además, el PSPV apunta a los tres principales responsables de la 'trama Gürtel': el propio Correa; su hombre de confianza en Valencia, Álvaro Pérez, 'El Bigotes', y Pablo Crespo, el lugarteniente de Correa. En la querella, también se acusa a algunos responsables de las empresas de la trama que operaban en la Comunidad Valenciana, como Cándido Herrero o el apoderado de Special Events, José Luis Izquierdo.
Según la querella presentada por los socialistas, de 26 páginas, era el propio Costa el «responsable de canalizar los pagos en B a Orange Market». Rambla, por su parte, «tendría como función controlar las adjudicaciones de la Administración al grupo Correa (...) y la financiación de los empresarios» a los que denuncia el PSPV. Serra hacía el trabajo sucio como «eliminar conceptos» o «preparar talones», mientras que la tesorera libraba los fondos, siempre por «indicación» de Costa. Los empresarios señalados por los socialistas, según la demanda, sufragaban la deuda B del PP a través de «aportaciones directas».
