Sacar a los 11.000 maestros de la región a la calle y lograr así que el Gobierno cambie de planes, y que extienda a todos un pago del que ahora sólo disfrutan 8.000 de ellos. Ese es el objetivo que desde ayer persiguen los sindicatos críticos con la carrera profesional. Este sistema, que ya le cuesta 26 millones al año a las arcas públicas, ha sido diseñado para aumentar el salario de aquellos funcionarios que acepten someterse a una evaluación de «improbable» suspenso, según promete la Administración. Las centrales opositoras tienen en cambio otra visión de las cosas.
«El texto dice que al final será el Gobierno quien fije los criterios de ese examen», lamentó ayer Beatriz Quirós, de Suatea. «Además obliga a devolver el dinero a quien no supere la prueba», agregó Gerardo Domenech, de CSIF. «Al final lo que logra es perpetuar una discriminación salarial de por vida», apuntó Enrique Fernández, de CC OO.
Las tres centrales iniciaron ayer una campaña informativa para trasladar a todos los centros educativos de la región estos argumentos. La idea es conseguir una «gran manifestación» el día 26 de este mes. «Tenemos que darnos mucha prisa porque sabemos que al Gobierno le urge transformar en ley su propuesta para poder burlar a la justicia; son conscientes de que en cuanto el Tribunal Supremo revise el asunto les va a dejar con las vergüenzas al aire», justificó Quirós.
Por ese motivo, antes de la manifestación, los delegados sindicales se concentrarán los miércoles 11 y el 18 frente al Palacio de Gobierno y la Junta General. El propósito es presionar a un Gobierno que planea aprobar los dos proyectos de ley sobre la carrera profesional durante la tercera semana del mes y remitir esa propuesta a la Junta General para su votación en diciembre.
Además de la protesta en la calle, los críticos intentarán influir directamente sobre el Consejo de Gobierno a través de IU-BA-LV. Ayer tuvieron una reunión con el diputado Francisco Javier García Valledor, a quien expusieron las razones de su enfado. Valledor se comprometió a estudiar el asunto y trasladar la información a sus compañeros en el Ejecutivo, Noemí y Aurelio Martín.
Los críticos no descartan volver a poner el nuevo proyecto de ley en manos de los jueces, «porque creemos que pagar a la gente en base a una prueba que no existe es un fraude de ley», expuso Beatriz Quirós.
Disidencia sindical
La acritud desatada en el panorama sindical por una carrera profesional que apoyaron UGT, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO y ANPE tuvo ayer un nuevo episodio. Cuarenta maestros que hasta junio tuvieron cargos en la Federación de Enseñanza de CC OO se dieron ayer de baja. «Pasamos un verano 'de luto', esperando a ver los acontecimientos, y ahora nos encontramos que nuestro sindicato pone su firma de apoyo al proyecto en la Mesa General, lo que evidencia que aquí la opinión de Educación da igual, que no tiene autonomía y que se hace lo que diga el secretario general, Antonio Pino», manifestó José Primitivo Abella, ex secretario de Acción Sindical. Este dimisionario aclara que su siguiente paso será «integrarme en CSI».
Por su parte Pino acusó a los escindidos de «actuar con mala baba y mala fe, utilizando la mentira y la difamación» y recordó que la negociación de la carrera profesional la llevaron las federaciones «y no el secretario general».
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