Ya no hay marcha atrás. El cierre de Factorías Juliana comenzará el próximo lunes con la extinción de contratos de un centenar de trabajadores. Los despidos se producirán de forma escalonada y se mantendrán algunos empleos en puestos de mantenimiento para poder llevar a cabo un cierre ordenado. Así lo confirmaron ayer fuentes cercanas a la empresa que lamentaron la decisión de Cajastur de no conceder el crédito de 12 millones que le habían solicitado lo que les obligará a trasladar el cementero que construyen para Tudela Veguín a Santander. Aseguran que «se seguirán pagando las nóminas» gracias al pago de 600.000 euros que ayer realizó Vulcano.
Mientras tanto, los sindicatos negocian la recolocación de los 25 trabajadores que entraron en el astillero después de que se firmaran con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) las garantías laborales y no podrán acogerse a ellas. El futuro del astillero y de todos los trabajadores de su plantilla está recogido en una 'hoja de ruta' trazada y consensuada entre todas las partes que intervienen en las negociaciones (SEPI, Pymar, Principado, Ayuntamiento de Gijón y Federaciones de UGT y CC OO).
El objetivo es claro. «Que la construcción naval siga existiendo en la bahía gijonesa», aseguran fuentes de la negociación. Así, presentado el concurso de acreedores y acordado el pasado martes el desarrollo de las garantías laborales (la firma oficial se producirá el 1 de diciembre), el siguiente paso será que Factorías Vulcano abandone la propiedad de Juliana, una condición que UGT y CC OO califican de «irrenunciable». Por último, el plan para reflotar Juliana recoge la entrada de nuevos accionistas que permitirían la reapertura del astillero bajo una nueva dirección. Será en esa nueva empresa naval en la que se integrarían los 25 trabajadores que se quedarán fuera del acuerdo de la SEPI. Otro punto no menos importante del acuerdo es que cerca de cuarenta trabajadores que perderán sus empleos tras el cierre de Naval Gijón se recolocarían en la plantilla de la nueva compañía.
El Principado ha manifestado su intención de contribuir económicamente para permitir el saneamiento económico de Juliana. El hecho de que empresarios asturianos puedan hacerse cargo del astillero facilitaría, según las centrales, la contribución económica del Ejecutivo de Vicente Álvarez Areces. Pero, de momento, los trabajadores del astillero deberán decidir hoy en asamblea si aprueban el preacuerdo alcanzado el pasado viernes entre las federaciones y la SEPI. Las soluciones, según explica la sociedad, se han orientado «a la búsqueda de un nuevo empleo en la misma zona del astillero, fuera de la misma o en algún centro de Navantia», la sociedad resultante de la disolución de Izar y la centralización del negocio en la industria naval militar.
Los mayores de 52 años podrán acceder a un plan de rentas en los mismos términos que el expediente de regulación de empleo (ERE) de 2004, cuando tuvo lugar la reestructuración de IZAR. Es decir, salir de la empresa cobrando el 76% del salario bruto cuando el juez encargado del concurso de acreedores autorice la extinción de contratos. Además se acordaron las cuantías de las indemnizaciones en base a la antigüedad de los trabajadores.
Las centrales esperan que la empresa les comunique hoy el inicio de la rescisión de contratos.
En manos del juez
Factorías Juliana, empresa matriz de Vulcano, presentó a finales del pasado mes de mayo en el juzgado de lo Mercantil de Oviedo un proceso voluntario de acreedores para tratar de salvar la grave crisis que atravesaba y tratar de dar continuidad a una empresa histórica del sector naval gijonés. En el expediente concursal presentado, Juliana cifraba el valor de su patrimonio inmobiliario (terreno, construcciones e instalaciones técnicas, entre otros bienes) en 80.421.721 euros.
Con ello se esperaba que los administradores judiciales pudieran compensar la abultada deuda que pesa sobre la empresa y cuadraran los balances patrimoniales para alcanzar un convenio con los acreedores.
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