«Este ataque medioambiental a Carreño no tiene precedentes»

«Carreño sufre un ataque medioambiental sin precedentes por parte del Gobierno del Principado que, cuenta, además, con la pasividad cómplice del equipo de gobierno local, así como del PP y URAS». Con esta contundencia comenzaba ayer la lectura del manifiesto elaborado Unión Independiente de Carreño (UICA) y Unión Nacionalista Asturiana (UNA) frente a la sede de la Autoridad Portuaria de Gijón. En este punto se concentraron entre 100 y 200 personas procedentes de organizaciones políticas, sociales y vecinales para protestar por los «perjuicios» que, en su opinión, está causando la ampliación de El Musel al concejo. En este marco, también criticaron el desmonte del Alto de Aboño y la regasificadora.

En la manifestación intervino Santiago Artime, ex concejal de UNA en Carreño, que censuró la política portuaria porque, dijo, está volcada en tráfico «más contaminante y asociada a instalaciones que proporcionan poca riqueza a la región, destruyen su paisaje y provocan enfermedades a la población».

Artime achacó al Principado que, en medio del debate mundial para combatir el cambio climático, apueste por políticas energéticas «caducas y anticuadas». Frente a eso, defendió planteamientos energéticos sostenibles, porque «la salud no tiene precio».

Yolanda González, responsable de UNA en Gijón confió en que la convocatoria sirva para «llamar la atención sobre la falta de justificación que tienen las obras de El Musel, salvo para proporcionar beneficios a las empresas constructoras». A la convocatoria -que puso de manifiesto el riesgo que sufren la pesca y la fauna y floras marinas de las playas de Xibares y Peña María- se adhirieron otros colectivos como la plataforma de lucha contra la regasificadora o la que rechaza la instalación de la térmica de La Pereda. De este modo, el puerto gijonés fue escenario ayer del rechazo de distintas organizaciones ecologistas y ciudadanas a la política energética que se desarrolla en Asturias, por entender que el Principado sufre las consecuencias medioambientales de instalaciones de producción «que apenas crean empleos».

En ese contexto, representantes de la plataforma Regasificadora No informaron de que el jueves registraron un requerimiento al Ayuntamiento para que detenga las obras, ya que, al parecer, todavía no tienen licencia municipal. Las mismas fuentes aseguraron que, si en el plazo de diez días todo sigue igual, la actuación será entonces contra el Ayuntamiento, mediante demanda contencioso administrativa. Leopoldo García, portavoz de la plataforma, dijo que «cada día tiene menos sentido el proyecto de El Musel, ya que las regasificadoras operativas en España trabajan al 30% de su capacidad y de los 50 ciclos combinados que hay, más de una treintena están parados.