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Domingo, 26 de diciembre 2010, 22:24
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Una niña de 9 años camina a saltitos hacia el mostrador de la tienda de videojuegos. En su mano derecha balancea la carcasa de un juego. Scarface, el precio del poder, catalogado para mayores de 18 años por incluir «violencia, discriminación, drogas, contenido sexual y lenguaje soez». La cajera apenas mira a la pequeña. Coge el juego. Lo pasa por el lector del código de barras. Lo mete en una bolsita. Agarra el dinero que le entrega la menor. Le da el cambio. Y la niña se va a casa con un videojuego cuya primera escena es la del protagonista cosido a balazos, el prolegómeno a una historia repleta de asesinatos, robos, asaltos entre bandas de delincuentes y mafias que se quieren adueñar de las calles de Miami. Una ciudad a la que el protagonista del título define con una edificante frase: «Es como un enorme coño esperando a que lo follen».
La imagen de la niña comprando el violento videojuego no es ninguna simulación. Amnistía Internacional (AI) ha hecho la prueba en tiendas de videojuegos de Cartagena, Oviedo, Vitoria, San Sebastián, Madrid y Palma de Mallorca. En todas ellas, excepto en Murcia, las leyes autonómicas de protección al menor prohíben la venta, alquiler y difusión de videojuegos con contenidos no adecuados. En las seis ciudades, la niña de nueve años salió con el juego debajo del brazo. «Representación brutal de la violencia», como califica el código PEGI (Pan European Game Information) a los videojuegos que cataloga con un +18, al alcance de los menores.
Mañana el Suplemento V, que cada día se publica con EL COMERCIO y LA VOZ DE AVILÉS, ofrece un reportaje sobre la situación del sector del videojuego, que actualmente factura más en España que el cine y la música juntos.
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