La fiscal mantiene que Riopedre "formaba parte de un entramado delictivo"

La fiscal María Luisa García ha rechazado todos los argumentos de los abogados defensores y del Principado para solicitar la puesta en libertad de José Luis Iglesias Riopedre y la que fue su 'número dos' en Educación María Jesús Otero. Y ha esgrimido duras acusaciones en contraposición. Mantiene que el ex consejero formaba parte "de un entramado delictivo" cuya finalidad era eliminar la libre concurrencia en los concursos públicos. Según la Fiscalía, con la intención de que sólo resultaran adjudicatarias determinadas empresas. Esta imputación, indicó, se encuentra ya en el auto que envió al exconsejero a prisión.

Con la intención de rebatir los argumentos de la defensa, ha llegado a señalar que los delitos que se imputan a ambos altos cargos "son muy graves" y se realizaron "de modo continuado".

Tampoco considera aceptables los argumentos del abogado defensor de Riopedre, Sergio Herrero, quien incidió en el delicado estado de salud del ex consejero y su falta de recursos económicos para evadirse como elementos que imposibilitan el riesgo de fuga señalo en el auto de prisión. "El estado de salud es el mismo que hace unos meses y que le permitía trabajar y viajar sin problemas hasta el momento en el que dimitió. Cuando se levante el secreto de sumario igual sabemos el porqué".

Una cuenta con 1.307,29 euros

El exconsejero de Educación y Ciencia del Principado ha sido imputado por la jueza Ana López Pandiella por los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude, negociaciones prohibidas a funcionarios y exacciones ilegales. Su abogado defensor solicitó la "nulidad radical" del auto de prisión", motivo por el que hoy se celebró la vista en la Sección Octava de la Audiencia en Gijón. Sergio Herrero niega que exista riesgo de fuga y ha pedido la libertad "por motivos de salud", pero también por "poderosos motivos de justicia". Y además, por la "falta de medios económicos, ya que el día 16 se embargaron todos sus bienes: su piso de la calle Gascona (Oviedo) y tres cuentas en Cajastur, de las que una está cancelada, y de las otras dos -a nombre de su mujer-, una tiene saldo cero y la otra -abierta en una oficina de Villamayor- 1.307,29 euros", ha añadido. También aseguró que Riopedre se encuentra en una situación de indefensión.

Posible "cohecho impropio"

Por su parte, el abogado de María Jesús Otero, Juan Serra, ha señalado que mantener en prisión a su defendida consituye una medida "gravosa y excesiva". Asegura que cuando finalice la investigación el único delito del que se podrá acusar a la funcionaria es "cohecho impropio, que lleva aparejada sólo una multa". En cambio, la Fiscalía insiste en que Otero afronta "penas muy graves" y aseguró que por su parte no existe ningún interés en mantener a los imputados más tiempo del necesario en prisión. "Pero hay riesgo de que se destruyan pruebas", ha añadido.

"Esto es sólo una venganza social"

Más vehemente se ha mostrado el abogado de Marta Renedo, Luis Tuero. Considera que "la alarma social significa sólo venganza social y condena sin juicio. Se la mantiene en prisión como una pena anticipada y eso es anticonstitucional". Pero en el caso de Renedo, la fiscalía, el Principado y la acusación particular han coincidido en su petición de que la ex funcionaria de Administraciones Públicas continúe en prisión. La acusación particular insiste en que hay alarma social por la gravedad de los hechos y cree que Marta Renedo trataría de zafarse de las acusaciones y no cree que quiera colaborar con la justicia como dice su abogado porque en el momento de la verdad, cuando declaró, no se arrepintió de nada ni reconoció absolutamente nada. Sólo admitió que había creado una sociedad y que sabía que no lo podía hacer porque era incompatible con su cargo. "Llegó a declarar que una mujer le había dejado una tarjeta de crédito para que la usara cuando quisiera y eso no se lo cree nadie".