
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega ha comparecido ante la Comisión Constitucional del Congreso. /EFE
No retrasará la negociación sobre la financiación autonómica
De la Vega ha recalcado que el debate de la nueva financiación autonómica "es un tema prioritario" que el Ejecutivo no se plantea retrasar y que buscará un acuerdo político antes del mes de agosto.
En su comparecencia, la vicepresidenta ha asegurado que el Gobierno no esperará a que se haga pública la sentencia del TC sobre el Estatuto de Cataluña para abrir la negociación y ha insistido en que su intención es que haya un acuerdo antes de agosto, la fecha tope que fija el Estatuto en lo relativo a la financiación catalana.
De este modo, el Parlamento podrá tramitar la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) después del verano y entrar en vigor en 2009.
Aunque ha admitido que "no será fácil" el acuerdo entre las distintas comunidades autónomas, De la Vega se ha mostrado convencida de que el arreglo final "terminará beneficiando a todos".
Oferta de consenso a los 'populares'
La vicepresidenta ha reiterado la oferta de consenso del Gobierno al PP para los temas de Estado. "Este Gobierno ha tenido predisposición de dialogar todo y no ha podido", le ha dicho al 'popular' Federico Trillo, "vamos a intentarlo otra vez".
Así, ha recalcado que para la reforma "pactada y limitada" de la Constitución que quieren los socialistas el PP sólo apoyó el procedimiento, "pero ahí se acabó el apoyo".
De la Vega ha apelado a la responsabilidad de los grupos políticos para renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, cuya situación de interinidad ha calificado de "manifestación de mal funcionamiento del sistema". Además, ha estado de acuerdo en que hay que mejorar el servicio al ciudadano por parte de la Justicia y ha señalado que la modernización de la Justicia es una prioridad del Gobierno.
Para ello, el Ejecutivo pedirá "con carácter inmediato" un informe al Consejo de Estado
La reforma de la Carta Magna contempla la incorporación de los nombres de las CCAA y garantizar el acceso de la mujer a la Corona
El Ejecutivo revisará la Ley Orgánica de Libertad Religiosa para "adecuarla a las nuevas circunstancias y al pluralismo religioso"
Hará preceptivo que todos los proyectos de ley incorporen un Informe de Impacto Autonómico
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega ha comparecido ante la Comisión Constitucional del Congreso para explicar las líneas fundamentales de la acción del Gobierno en los próximos cuatro años entre las que se destacan la reforma de la Carta Magna y de la Ley de Régimen Electoral, para lo que el Ejecutivo de Zapatero pedirá "con carácter inmediato" un informe al Consejo de Estado.
Para llevar a cabo la primera reforma, De la Vega ha asegurado que el Gobierno tratará de "recabar el consenso necesario" que no fue posible en la anterior legislatura ya que la citada modificación, a su juicio, es "necesaria, justificada y demandada por una nueva realidad política y social".
La reforma pretende hacer del Senado una verdadera Cámara de representación territorial, incorporar a la Constitución la denominación de las comunidades autónomas, garantizar la igualdad de género en el acceso a la jefatura del Estado e incorporar el proceso de integración europea.
Como ya adelantó Rodríguez Zapatero en su
discurso de
investidura, el Ejecutivo promoverá de inmediato la creación de una subcomisión para evaluar "posibles cambios" en la ley electoral, "buscando siempre el acuerdo y el mayor consenso posible". En la misma línea, solicitará "con carácter inmediato" un informe al Consejo de Estado que será remitido a la subcomisión para que lo use como "herramienta de trabajo".
Revisión de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa
La vicepresidenta, que ha comenzado su intervención subrayando el empeño del Gobierno socialista en defender y promover la igualdad, ha recordado además que el Ejecutivo promoverá una Ley Integral para la Igualdad de Trato y contra la Discriminación, aprobará un Plan de Derechos Humanos antes de que termine el año y revisará la Ley Orgánica de Libertad Religiosa para "adecuarla a las nuevas circunstancias y al pluralismo religioso" que caracteriza a "la España de hoy".
Respecto a esta última, De la Vega ha resaltado que la nueva ley deberá establecer garantías para la libertad de conciencia e incorporar los acuerdos hoy vigentes entre el Estado y otras confesiones religiosas, además de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de los últimos años.
En su intervención, la vicepresidenta ha destacado los "avances" que el Ejecutivo promovió durante la anterior Legislatura en materia de derechos individuales. Entre ellos, ha citado el derecho a la vida, a la libertad de creencias religiosas ideológicas, a la igualdad jurídica para contraer matrimonio con independencia de la orientación sexual, así como en el derecho a la vida privada y al honor.
Sin embargo, ha advertido que "algunos hechos y decisiones acontecidas en los últimos meses han podido venir a mermar las garantías en el ejercicio de alguno de estos derechos fundamentales e individuales".
Informes de Impacto Autonómico
En este sentido, se ha referido a la intervención judicial sobre clínicas abortistas y a las "mujeres que vieron peligrar su derecho a la intimidad o a la confidencialidad de sus datos en el ejercicio de otro derecho, como es el de la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo en los términos establecidos en la Ley".
Asimismo, la vicepresidente ha anunciado que el Ejecutivo promoverá el desarrollo reglamentario de la Ley de Asociaciones y de la conocida como ley de la 'memoria histórica' y revitalizará la Comisión Delegada de Asuntos Autonómicos y hará preceptivo que todos los proyectos de ley incorporen un Informe de Impacto Autonómico.
Entre las principales promesas electorales socialistas estaban la Ley General Audiovisual y la creación de un Consejo de Superior de Medios Audiovisuales, que el Gobierno espera sacar adelante los próximos cuatro años.