Sociedad
Telma Ortiz y su pareja piden al juez que impida el «infierno» de la prensa rosa
Medio centenar de medios piden manos libres para informar sobre la hermana de la Princesa de Asturias porque «la Constitución abolió la censura previa»
13.05.08 -
El acoso al que la prensa rosa somete a Telma Ortiz Rocasolano, hermana de la Princesa de Asturias, y su compañero sentimental, el toledano Enrique Martín-Llop, es «insoportable». El abogado de la pareja, Fernando Garrido, no ahorró dramatismo al «infierno», según ellos, que supone la persecución permanente a la que ese tipo de informadores les somete 24 horas al día, siete días a la semana, y que les ha llevado a vivir el nacimiento y las primeras semanas de vida de su primera hija poco menos que en la clandestinidad, para evitar ser fotografiados en no importa qué tipo de actividades diarias.
El letrado defendió con argumentos de este tipo ante la juez de Primera Instancia número 3 de Toledo, María Lourdes Pérez Padilla, su petición de que prohíba toda información sobre la pareja salvo la que se derive de su asistencia a actos oficiales a los que acudan en calidad de miembros de la Familia Real española. Enfrente, medio centenar de medios de comunicación -revistas, televisiones, agencias, páginas web y editoras- citados de manera expresa en la demanda defendieron que aceptar esta petición supondrá, en la práctica, reinstaurar la censura previa, algo que la Constitución prohíbe de manera expresa.
La convocatoria de la vista oral para la adopción de medidas cautelares convirtió a Toledo en la capital de la prensa rosa ibérica, que podría ver alterada de manera sustancial su forma de trabajar y la juez Pérez Padilla da la razón a Telma Ortiz y su pareja. La sesión se celebró en la Sala de Matrimonios del Palacio de Justicia de Toledo, que se quedó pequeña para dar cabida a implicados y curiosos, por lo que fue necesario habilitar dos salas contiguas dotadas de circuito cerrado de televisión. Los demandantes asistieron a la sesión y, aunque accedieron al edificio por una puerta trasera, no evitaron los disparos de los fotógrafos.
Telma Ortiz trabaja para la Agencia de Cooperación Internacional en Filipinas, aunque ahora está de baja por maternidad. Su abogado insistió a la juez en que ella y su pareja «no son personajes públicos por razón de cargo, profesión o por haber realizado acto alguno de ostentación pública y ni siquiera por razón de parentesco», y recordó que «no existe el concepto jurídico de personaje público», con el que los medios de comunicación demandados tratan de justificar el acoso permanente al que les someten desde hace cuatro meses.
Esa persecución, continuó el letrado, es constante «tanto si están en Toledo como en Asturias o en Madrid, con el objetivo de saber cómo es la pareja de doña Telma , dónde viven, su embarazo o dónde iba a dar a luz». Ilustró a la juez del resultado de esa forma de trabajar: reportajes tan irrelevantes para la opinión pública como « Telma en moto por Madrid», «Telma sabe cuidarse para mantener una piel sin brillos» o « Telma se coloca las gafas de sol».
El futuro no anuncia cambios: «Ahora será el primer paseo de doña Telma con su bebé, luego la primera papilla, después si se casa o no con su pareja y más tarde los primeros pasos del bebé». «Esto es lo que pretendemos evitar», concluyó Fernando Garrido, que durante su intervención aludió a que sus clientes incluso corren «riesgo físico» por el acoso que soportan, y que en una ocasión la pareja tuvo que presenciar una pelea entre los 'paparazzi' que los perseguían para obtener imágenes suyas en una merienda familiar en Villaseca (Toledo).
Relevancia pública
Enfrente de Garrido se apostaron ayer casi treinta letrados en defensa de los medios de comunicación demandados, que utilizaron argumentos coincidentes. El más solicitado, el de que Telma Ortiz y su pareja no denuncian los reportajes publicados, sino que piden una prohibición de publicación «a futuro», lo que se traduce en una censura previa abolida por la Constitución. La Ley ya ampara la imagen, honor e intimidad de las personas, pero frente a textos publicados, no respecto a reportajes pendientes de realizar.
La mayoría de estos letrados insistieron en que la hermana de la Princesa de Asturias y su compañero sentimental sí son personajes públicos, por lo que las medidas cautelares solicitadas por ellos para limitar toda información a su asistencia a actos públicos serían «desproporcionadas», «temerarias», «desorbitadas» o «equivocadas», entre otros epítetos.
Los medios de comunicación demandados son las empresas propietarias o editoras de las televisiones de ámbito nacional, varias cadenas autonómicas, agencias de noticias, revistas del corazón nacionales y confidenciales digitales.
Al término de la sesión de tarde, la Fiscalía pidió la desestimación de la demanda, «en los términos en que está planteada», de medidas cautelares hecha por el abogado de Telma Ortiz: «Sin perjuicio de reconocer» el derecho a la privacidad», dij el fiscal, «no es necesaria ninguna medida cautelar para preservar la publicación de unas imágenes que ya han sido difundidas», aseguró Antonio Huélamo.
El letrado defendió con argumentos de este tipo ante la juez de Primera Instancia número 3 de Toledo, María Lourdes Pérez Padilla, su petición de que prohíba toda información sobre la pareja salvo la que se derive de su asistencia a actos oficiales a los que acudan en calidad de miembros de la Familia Real española. Enfrente, medio centenar de medios de comunicación -revistas, televisiones, agencias, páginas web y editoras- citados de manera expresa en la demanda defendieron que aceptar esta petición supondrá, en la práctica, reinstaurar la censura previa, algo que la Constitución prohíbe de manera expresa.
La convocatoria de la vista oral para la adopción de medidas cautelares convirtió a Toledo en la capital de la prensa rosa ibérica, que podría ver alterada de manera sustancial su forma de trabajar y la juez Pérez Padilla da la razón a Telma Ortiz y su pareja. La sesión se celebró en la Sala de Matrimonios del Palacio de Justicia de Toledo, que se quedó pequeña para dar cabida a implicados y curiosos, por lo que fue necesario habilitar dos salas contiguas dotadas de circuito cerrado de televisión. Los demandantes asistieron a la sesión y, aunque accedieron al edificio por una puerta trasera, no evitaron los disparos de los fotógrafos.
Telma Ortiz trabaja para la Agencia de Cooperación Internacional en Filipinas, aunque ahora está de baja por maternidad. Su abogado insistió a la juez en que ella y su pareja «no son personajes públicos por razón de cargo, profesión o por haber realizado acto alguno de ostentación pública y ni siquiera por razón de parentesco», y recordó que «no existe el concepto jurídico de personaje público», con el que los medios de comunicación demandados tratan de justificar el acoso permanente al que les someten desde hace cuatro meses.
Esa persecución, continuó el letrado, es constante «tanto si están en Toledo como en Asturias o en Madrid, con el objetivo de saber cómo es la pareja de doña Telma , dónde viven, su embarazo o dónde iba a dar a luz». Ilustró a la juez del resultado de esa forma de trabajar: reportajes tan irrelevantes para la opinión pública como « Telma en moto por Madrid», «Telma sabe cuidarse para mantener una piel sin brillos» o « Telma se coloca las gafas de sol».
El futuro no anuncia cambios: «Ahora será el primer paseo de doña Telma con su bebé, luego la primera papilla, después si se casa o no con su pareja y más tarde los primeros pasos del bebé». «Esto es lo que pretendemos evitar», concluyó Fernando Garrido, que durante su intervención aludió a que sus clientes incluso corren «riesgo físico» por el acoso que soportan, y que en una ocasión la pareja tuvo que presenciar una pelea entre los 'paparazzi' que los perseguían para obtener imágenes suyas en una merienda familiar en Villaseca (Toledo).
Relevancia pública
Enfrente de Garrido se apostaron ayer casi treinta letrados en defensa de los medios de comunicación demandados, que utilizaron argumentos coincidentes. El más solicitado, el de que Telma Ortiz y su pareja no denuncian los reportajes publicados, sino que piden una prohibición de publicación «a futuro», lo que se traduce en una censura previa abolida por la Constitución. La Ley ya ampara la imagen, honor e intimidad de las personas, pero frente a textos publicados, no respecto a reportajes pendientes de realizar.
La mayoría de estos letrados insistieron en que la hermana de la Princesa de Asturias y su compañero sentimental sí son personajes públicos, por lo que las medidas cautelares solicitadas por ellos para limitar toda información a su asistencia a actos públicos serían «desproporcionadas», «temerarias», «desorbitadas» o «equivocadas», entre otros epítetos.
Los medios de comunicación demandados son las empresas propietarias o editoras de las televisiones de ámbito nacional, varias cadenas autonómicas, agencias de noticias, revistas del corazón nacionales y confidenciales digitales.
Al término de la sesión de tarde, la Fiscalía pidió la desestimación de la demanda, «en los términos en que está planteada», de medidas cautelares hecha por el abogado de Telma Ortiz: «Sin perjuicio de reconocer» el derecho a la privacidad», dij el fiscal, «no es necesaria ninguna medida cautelar para preservar la publicación de unas imágenes que ya han sido difundidas», aseguró Antonio Huélamo.
