
En una nota de prensa remitida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha se niega ese trato de favor denunciado en informaciones de varios medios de comunicación y, durante la vista, por parte de uno de los veinticinco abogados implicados en el caso.
Se explica que el lunes se autorizó que tanto la puerta principal del Palacio de Justicia como la trasera se habilitaran como accesos para todo el público, incluidos los medios de comunicación, en previsión de la aglomeración de personas que iban a acudir ese día a los juzgados.
El Tribunal Superior recuerda que en el Palacio de Justicia no sólo se celebraba la vista previa de medidas cautelares a raíz de la demanda de Telma Ortiz y su compañero, Enrique Martín-Llop, contra varios medios de comunicación, sino también otras comparecencias en otros juzgados. Además, se llevaban a cabo trámites en el Registro Civil, el decanato y otras salas.
Medidas excepcionales
En las dos puertas por las que se accede al edificio, prosigue la nota, se estableció un dispositivo de agentes de la Guardia Civil con las pertinentes medidas de seguridad: arco detector de metales en la puerta principal y detector de metales manual en la puerta trasera. Se añade que la autorización para permitir la entrada por ambas puertas al Palacio de Justicia no fue una «medida excepcional», pues es un procedimiento habitual en los casos en que se busca garantizar el normal funcionamiento en el edificio. El permiso para el uso de ambas puertas finalizó a última hora de la mañana de ayer, y por la tarde la única entrada disponible fue la principal, dado que a esas horas la única vista que se celebraba ya era la de Telma Ortiz y su pareja.
Sindicato de periodistas
El Sindicato de Periodistas de Cataluña, por su parte, pidió ayer que no se confunda el ejercicio del periodismo con «el tipo de actividades que han llevado al 'caso Ortiz'».
En un comunicado, afirma que la libertad de empresa se refiere «a la capacidad de los medios de comunicación para escoger libremente los contenidos sin censura previa, pero no les deja al margen de su obligación de informar de manera veraz sobre hechos de relevancia pública».
Añade el escrito que los hechos de relevancia o interés público «no se deben confundir con el interés de algún sector de la comunidad por algún tipo de hechos». En este sentido, afirman los periodistas asociados en la SPC que «todos los códigos deontológicos de la profesión dictan la obligación de respetar el derecho inalienable e irrenunciable a la privacidad de las personas».





