AVILES
El ojo que todo lo ve
El nuevo sistema incrementa de forma notable las zonas de la ciudad videovigiladas, un recurso que en ocasiones bordea la legalidad
17.05.08 -
VIGILANCIA. Una de las cámaras del nuevo sistema. / MARIETA
¿QUÉ DICE LA LEY?
Quien se dé un paseo por buena parte de la ciudad (desde la avenida de Lugo hasta la de Gijón, desde Buenavista al entorno de Las Meanas y, pronto, en los accesos al casco histórico) estará al alcance de alguna de las cámaras que ayer se pusieron a funcionar para vigilar el tráfico por la ciudad.
Si bien su puesta en marcha tiene como finalidad principal verificar a distancia que las circunstancias del tráfico son las adecuadas, lo cierto es que podrá ser cualquier persona que, por ejemplo, cruce un paso de peatones en la avenida de Cervantes, o quien esté asomado a la ventana de su domicilio, por no hablar de otras situaciones más comprometidas.
Lo cierto es que la proliferación de cámaras de videovigilancia es un asunto a debate en prácticamente todas las ciudades. En España, su instalación y uso está regulada por una ley de 1997 y una normativa de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que no siempre se cumple a rajatabla, ni por privados, ni por las administraciones.
En el caso de las nueve cámaras de control de tráfico activas desde ayer en Avilés, todas ellas móviles, cuentan con un sistema preconfigurado que impide que se enfoquen hacia viviendas de edificios colindantes, aunque es imposible ensombrecerlos a todos.
Las normas antes citadas establecen una serie de requisitos que habrían de cumplir tanto las administraciones como las empresas o los particulares. Una de ellas es la que obliga a alertar «de manera clara y permanente de la existencia de videocámaras» mediante carteles, y obliga a destruir todas las grabaciones al cabo de treinta días.
Además, en un principio, las instalaciones de videovigilancia se justificarían siempre «para asegurar la protección de instalaciones públicas», constatar «infracciones a la seguridad ciudadana» y «prevenir daños».
Dentro de esas finalidades se encuadra el sistema instalado en Avilés, una ciudad que, desde ayer, tiene un gran 'ojo' para contemplar la ciudad desde una pequeña sala de las dependencias de la Policía Local en Las Meanas.
Si bien su puesta en marcha tiene como finalidad principal verificar a distancia que las circunstancias del tráfico son las adecuadas, lo cierto es que podrá ser cualquier persona que, por ejemplo, cruce un paso de peatones en la avenida de Cervantes, o quien esté asomado a la ventana de su domicilio, por no hablar de otras situaciones más comprometidas.
Lo cierto es que la proliferación de cámaras de videovigilancia es un asunto a debate en prácticamente todas las ciudades. En España, su instalación y uso está regulada por una ley de 1997 y una normativa de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que no siempre se cumple a rajatabla, ni por privados, ni por las administraciones.
En el caso de las nueve cámaras de control de tráfico activas desde ayer en Avilés, todas ellas móviles, cuentan con un sistema preconfigurado que impide que se enfoquen hacia viviendas de edificios colindantes, aunque es imposible ensombrecerlos a todos.
Las normas antes citadas establecen una serie de requisitos que habrían de cumplir tanto las administraciones como las empresas o los particulares. Una de ellas es la que obliga a alertar «de manera clara y permanente de la existencia de videocámaras» mediante carteles, y obliga a destruir todas las grabaciones al cabo de treinta días.
Además, en un principio, las instalaciones de videovigilancia se justificarían siempre «para asegurar la protección de instalaciones públicas», constatar «infracciones a la seguridad ciudadana» y «prevenir daños».
Dentro de esas finalidades se encuadra el sistema instalado en Avilés, una ciudad que, desde ayer, tiene un gran 'ojo' para contemplar la ciudad desde una pequeña sala de las dependencias de la Policía Local en Las Meanas.
