Asturias
Vigón pide ayudar a los transportistas con la retirada del peaje del Huerna y el recargo sanitario del gasoil
Areces desvincula la tasa del alza del precio de los carburantes y dice que sólo la anulará por decisión judicial
30.05.08 -
PRESIDENTES. Por la izquierda, Luis Arias de Velasco, Severino García Vigón, Manuel Lamelas y Francisco Menéndez. / MARIO ROJAS
En segundo plano pero siempre presente, la acumulación de indicadores de crisis en la actividad económica influyó en muchas de las tomas de posición de las Cámaras de Comercio. En especial, Severino García Vigón enlazó la conveniencia de la supresión del peaje del Huerna con la necesidad de otros «gestos de buena fe» dirigidos al sector del transporte de mercancías por carretera como única receta para contener la anunciada huelga.
A su juicio, la raíz de los problemas está en la escalada de los precios del gasóleo, pero el Gobierno tiene en su mano medidas para aplacar «un conflicto que, de otra forma, resulta inevitable». El presidente de Fade sostuvo que «estamos en el momento oportuno» tanto para eliminar los pagos para circular por la AP-66 como para tomar nota de la opinión de la Comisión Europea y retirar el recargo de un céntimo sobre el precio de los carburantes para financiar la sanidad pública.
Mientras, el responsable de la Cámara leonesa admitió que, a la hora de conseguir la supresión de peajes, la prioridad de los empresarios de su provincia es el rescate de la concesión de la A-12, que une la capital de la provincia con Astorga. Como en el caso del Huerna, existe una promesa electoral del presidente José Luis Rodríguez Zapatero para conseguir la gratuidad del paso. Manuel Lamelas lanzó un ultimátum y aseguró que los empresarios «forzarán la máquina» para conseguir el desdoblamiento de la N-120 en caso de que la autopista mantenga sus tarifas actuales.
Las opiniones de los empresarios recibieron una respuesta rápida del presidente regional, Vicente Álvarez Areces, quien aprovechó una entrevista radiofónica para separar los problemas del transporte de la aplicación del recargo sanitario. «La subida del precio del petróleo y su repercusión no se puede comparar con ese céntimo. Están en escalas diferentes», declaró. A su juicio, atribuir a la existencia de ese tributo el alza de los carburantes supone «una falta absoluta de rigor».
Areces, en la línea marcada por el Principado en los últimos días, aseguró que, pese al dictamen contrario de Bruselas, Asturias no suprimirá el impuesto y que sólo tomaría esa decisión en caso de que el Tribunal de Luxemburgo declarara la ilegalidad del cobro. En ese caso, «el Gobierno de España tendrá que arbitrar otro sistema de ingresos», añadió.
A su juicio, la raíz de los problemas está en la escalada de los precios del gasóleo, pero el Gobierno tiene en su mano medidas para aplacar «un conflicto que, de otra forma, resulta inevitable». El presidente de Fade sostuvo que «estamos en el momento oportuno» tanto para eliminar los pagos para circular por la AP-66 como para tomar nota de la opinión de la Comisión Europea y retirar el recargo de un céntimo sobre el precio de los carburantes para financiar la sanidad pública.
Mientras, el responsable de la Cámara leonesa admitió que, a la hora de conseguir la supresión de peajes, la prioridad de los empresarios de su provincia es el rescate de la concesión de la A-12, que une la capital de la provincia con Astorga. Como en el caso del Huerna, existe una promesa electoral del presidente José Luis Rodríguez Zapatero para conseguir la gratuidad del paso. Manuel Lamelas lanzó un ultimátum y aseguró que los empresarios «forzarán la máquina» para conseguir el desdoblamiento de la N-120 en caso de que la autopista mantenga sus tarifas actuales.
Las opiniones de los empresarios recibieron una respuesta rápida del presidente regional, Vicente Álvarez Areces, quien aprovechó una entrevista radiofónica para separar los problemas del transporte de la aplicación del recargo sanitario. «La subida del precio del petróleo y su repercusión no se puede comparar con ese céntimo. Están en escalas diferentes», declaró. A su juicio, atribuir a la existencia de ese tributo el alza de los carburantes supone «una falta absoluta de rigor».
Areces, en la línea marcada por el Principado en los últimos días, aseguró que, pese al dictamen contrario de Bruselas, Asturias no suprimirá el impuesto y que sólo tomaría esa decisión en caso de que el Tribunal de Luxemburgo declarara la ilegalidad del cobro. En ese caso, «el Gobierno de España tendrá que arbitrar otro sistema de ingresos», añadió.
