El 1 de abril, la bibliotecaria de Trubia devolvió a la Concejalía de Educación la llave del local, el sello de caucho e informó de la clave que conecta y desconecta la alarma. Tal vez haya que desandar lo andado. El Juzgado de lo Social Número 3 de Oviedo ha declarado nulo el «despido» de esta trabajadora y condena al Ayuntamiento a readmitirla «en las mismas circunstancias», como auxiliar de biblioteca. Es el primer fallo de las 11 demandas interpuestas por otras tantas bibliotecarias municipales, subcontratadas a través de Algama.
La sentencia dilucida dos cuestiones y, en ninguna, acepta los argumentos de la Concejalía de Educación. En el otoño pasado, las trabajadoras, algunas de las cuales llevaba 17 años vinculadas a las bibliotecas municipales mediente contratas, presentaron demandas individuales por prestamismo laboral contra Algama y el Ayuntamiento. La jueza avala sus tesis en este primer caso.
Tras conocer las demandas en noviembre, Educación comenzó a estudiar una «reestructuración del servicio», con la reducción del personal a la mitad y su sustitución por auxiliares. El equipo de gobierno llevó el proceso hasta el final y, pese a las protestas de la oposición y de los ciudadanos, no prorrogó el contrato con Algama. Desde el 1 de mayo, las bibliotecas municipales están siendo atendidas por personal del Servicio de Empleo, por parados en régimen de colaboración social.
La sentencia considera que la concejalía «ha sido incapaz» de probar que la reestructuración del servicio de bibliotecas tuviese otro objetivo que no fuese «una represalia» contra las 11 trabajadoras denunciantes. Destaca que los estudios para reorganizar el sistema de bibliotecas «se encargaron» cuando «el Ayuntamiento tuvo noticia del aluvión de reclamaciones previas, demandas y sentencias» por «cesión ilegal de trabajadores».
Negro sobre blanco
Y puestos a dar palos, también ridiculiza los argumentos de la defensa municipal. El Ayuntamiento argumentó que fue la trabajadora quien inició la demanda para protegerse de la decisión de no renovar el contrato con Algama, de la que se «enteró por la prensa».
«Hemos de decir que si la prensa decidiese juicios, éste estaría abocado al éxito» sin necesidad de argumentación jurídica, dice la jueza. Y entrecomilla la información del diario local 'La Nueva España' que, según el Ayuntamiento, desveló a las trabajadoras los planes de Educación: «Una demanda interpuesta por el personal que atiende la red de bibliotecas ha dejado en suspenso la renovación del contrato con la empresa que prestaba el servicio».
El argumento falla. El artículo es del 30 de marzo, tres meses posterior a la demanda y, por si fuera poco, la propia concejala, Conchita García, lo explicó para no dejar dudas: «Tras la demanda de las trabajadoras (...) se está estudiando la organización de las bibliotecas». Blanco y en botella.
La sentencia devendrá en firme si, en cinco días, el Ayuntamiento no recurre en súplica ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. El equipo de gobierno declinó ayer aclarar a este diario si lo hará o no. «No diremos nada, de momento», fue la escueta respuesta del departamento municipal de Prensa.
Para poder recurrir, el Ayuntamiento deberá depositar 3.000 euros en concepto de salarios de tramitación. Si no lo hace, deberá readmitir a la bibliotecaria en su puesto, que ya no es tal, tras la clausura en enero de la biblioteca por el derrumbe de parte del techo. La jueza considera, además, que el derrumbe tampoco justificaba el cierre: los informes municipales garantizaban la seguridad.