El diputado Hugo Alfonso Morán será el nuevo representante asturiano en la ejecutiva federal del PSOE diseñada por Rodríguez Zapatero y que será ratificada hoy en la jornada de clausura del 37 congreso. El también diputado Álvaro Cuesta, por contra, causa baja después de ocho años como uno de los colaboradores más estrechos del líder socialista y único militante de la Federación Socialista Asturiana (FSA) en la dirección federal del partido.

Morán será secretario federal de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino, un área al frente de la que hasta ahora figuraba la vallisoletana Soraya Rodríguez Ramos. El diputado por Madrid Antonio Hernando, por su parte, reemplaza a Cuesta como secretario de Política Municipal y Libertades Públicas.

De esta forma, acababan anoche las especulaciones que a lo largo del día circularon sobre la presencia de asturianos en el nuevo equipo de dirección de Zapatero. Así, durante la jornada, se barajaron, aparte del propio Cuesta, nombres como los de las diputadas Mariví Monteserín y María Luisa Carcedo. La delegación asturiana mantuvo anoche un absoluto silencio sobre su posible participación en la decisión de que, finalmente, fuera Hugo Alfonso Morán quien va a representar los intereses de la FSA en la nueva dirección federal.

Enmiendas

Por otra parte, el 37 Congreso Federal del PSOE aprobó ayer la gran mayoría de las enmiendas presentadas desde la FSA, incluidas aquellas de contenido económico que a priori podían encontrar mayor oposición en otras delegaciones territoriales. Es el caso de la financiación autonómica, materia en la que el PSOE ha asumido como propios los planteamientos que vienen defendiéndose desde el Principado de multilateralidad, solidaridad y ponderación de criterios diferentes a la población a la hora de determinar el reparto de la financiación entre comunidades autónomas.

El texto inicial de la ponencia marco que se presentó a debate en el cónclave no incluía ninguna mención a posibles contenidos de la reforma del modelo financiero. Se limitaba a señalar que trabajar por la convivencia en el Estado de las autonomías «significa culminar el proceso de reformas estatutarias, afrontar la reforma del Senado, abordar la financiación autonómica desde la profundización en la corresponsabilidad fiscal, la autonomía financiera y la solidaridad, e impulsar fórmulas nuevas de cooperación entre administraciones que garanticen la cohesión territorial». Tras el trabajo de la comisión, con una participación especialmente activa por parte de los delegados asturianos, salió adelante una redacción transaccional en la que se afirma que «los socialistas abordaremos la reforma del sistema de financiación autonómica, de forma abierta y constructiva con todos los actores afectados, pero manteniendo una posición firme» en torno a una serie de principios. Entre ellos, se dice que el nuevo modelo debe asegurar «la suficiencia del sistema, la equidad y la nivelación, de forma que garantice que todas las comunidades autónomas puedan prestar los servicios sociales esenciales del Estado de Bienestar a unos niveles similares siempre que realicen un esfuerzo fiscal similar.

Añade, además, que «los citados niveles serán fijados por el Estado, previo diálogo con las comunidades autónomas, como garante de la igualdad básica de todos los españoles.

Con respecto a los criterios que servirán para fijar el cálculo de lo que recibe cada comunidad, el texto pactado establece que «para determinar las necesidades financieras en los distintos territorios deben tenerse en cuenta todos los factores que determinan los costes efectivos de los servicios. Por tanto, debe considerarse, además del número de habitantes, otros factores determinantes». No concreta, sin embargo, si esos factores deben ser los que defiende la FSA, que son el envejecimiento de la población, su dispersión y las dificultades orográficas.

Entre los principios que el PSOE ha decidido defender con firmeza está también el de que «la reforma debe abordarse de manera multilateral», aunque inmediatamente añade que «con respeto a los criterios establecidos en los distintos estatutos», en un claro guiño a Cataluña, matizado al agregar: «y con un alto grado de consenso entre las comunidades autónomas y la propia Administración central».

Inversiones

Otro de los párrafos añadidos en la redacción transaccional, también de especial importancia para los intereses de Asturias, se refiere a la «política de inversiones territoriales», de la que dice que «se diseñará de forma que promueva el desarrollo de las regiones menos favorecidas y la realización de proyectos estratégicos, dentro de un marco de planificación plurianual, que impulsen el crecimiento económico general, principalmente en aquellos territorios que hayan experimentado falta de inversión en el pasado o con especiales carencias».

Asimismo, y también en la línea de lo que se pedía en una enmienda de la FSA, se aprobó que, «aprovechando este momento de negociación de la financiación autonómica, se introduzca también una definición del sistema de financiación local», según explicó ayer, al término de los trabajos de las comisiones, María Luisa Carcedo, coordinadora de las enmiendas presentadas por los socialistas asturianos. El nuevo texto asegura que «los socialistas consideramos necesario que la negociación para acordar el nuevo modelo debe actualizar la financiación local de forma coordinada y simultánea con la autonómica, a fin de asegurar la suficiencia financiera y la autonomía política de los municipios, de acuerdo al principio de subsidiariedad».