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Conchita García ha pasado en seis meses de dirigir Educación a afrontar un atolladero político
25.01.09 -

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De cara a la pared
Conchita García. / MARIO ROJAS
Una antigua directora de un colegio del Opus Dei lidiando ahora con una sargento de la Policía Local que dice ser acosada por algunos mandos desde hace diez años y con una denuncia de la Unión de Consumidores que le ha valido una imputación por «prevaricación» en un juicio penal. Conchita García, concejala de Seguridad Ciudadana, no gana para disgustos.
Hasta junio del año pasado, García era de las pocas veteranas del PP que parecía ajena al rondó con el que Gabino de Lorenzo recoloca a sus concejales frente a las lindes de su despacho cuando se enfada con ellos. Miembro del Gobierno local desde el segundo mandato del alcalde, 1995, la mujer elegante del peinado infranqueable y el trato cortés, la antigua directora del Colegio Peñaubiña, había dirigido con calma la Concejalía de Educación mientras otros subían y bajaban, entraban y desaparecían: desde Agustín Iglesias Caunedo hasta el jefe de prensa, los ejemplos de alzados, pródigos y desheredados son numerosos.
Pero ella no. Incluso mantuvo siempre puestos de preferencia en las listas electorales, siempre en casillas seguras que denotaban confianza del regidor. En 2007, Concepción García Álvarez ocupó el puesto número cinco.
Este mandato se torció. Educación tiene un perfil político más bajo del que su nombre sugiere. Por la división de competencias, se trata más de arreglar patios y organizar actividades extraescolares que de decidir qué barrio añade un instituto, potestad del Gobierno regional. Así pues, por su profesión y relaciones, García navegaba en su ocupación sin grandes sobresaltos. Hasta que empezaron.
Música y libros
Primero, en la Escuela Municipal de Música. La reducción de presupuesto se tradujo en menos profesores y en alumnos con instrumentos parados, fagot, contrabajo... Si nadie les seguía enseñando, no podían presentarse a las pruebas del Conservatorio. En septiembre de 2007, los padres, cabreados, le plantaron una protesta a la concejala delante del centro. Cualquier político local teme más esas pancartas que las de cientos de sindicalistas afiliados. Hay votos que cambian y otros que no.
Aún no había capeado la música, cuando los sucesivos recortes económicos del Ayuntamiento le atragantaron también los libros. García despidió el año pasado a todas las trabajadoras que sustentaban la red municipal de bibliotecas, empleadas de contratos precarios, pero curtidas en el puesto y en general apreciadas por sus respectivos barrios.
La oposición hizo bandera y movilizó apoyos y quejas. Las empleadas decidieron ir a juicio. La bronca se hinchó como un relato de templarios. Y el 27 de junio de 2008, De Lorenzo rubricaba un decreto por el que García abandonaba Educación y asumía Seguridad Ciudadana. Como siempre, no hubo explicación oficial del desplazamiento.
A las afueras
Probablemente no haya nadie en el PP que desee asumir la dirección de Policía Local, Bomberos y Protección Civil, durante más de una década el mayor polvorín laboral del Consistorio. García, además, relevaba a Jaime Reinares, ya enviado al cuartel de Rubín al perder fuelle su voz frente al alcalde y, tras esa misma remodelación de junio, ya sin cargo alguno en el Gobierno municipal. Antes de Reinares, Javier Sopeña había probado el amargor de la misma concejalía, hasta hace cuatro años supeditada a Agustín de Luis Criado y simbólicamente ubicada en las afueras. Para Sopeña fue también la última. No repitió en la lista electoral de 2007.
A pesar de lo ominoso del puesto, la concejala encontró un agradable recibimiento del Sindicato del Área de Seguridad, SAS-USO, próximo al cesado De Luis (hoy asesor del alcalde con 90.000 euros de sueldo anual). Como muestra de su apoyo, el SAS reclamó un despacho de mayor tamaño para la concejala.
Sin embargo, poco tardó García en constatar la dificultad de su nueva tarea y su escasa relación con las dimensiones de sus dependencias; las distancias en el cuartel son otras. En diciembre le estalló sobre la mesa todo un obús político: Mercedes García, sargento de la Policía Local, única mujer con cargo en el servicio, responsable de la atención a las víctimas de violencia machista y esposa del antiguo presidente de la Junta de Personal, sufría acoso laboral por parte de varios mandos desde 1999. Así lo recogían sucesivas denuncias que el Gobierno local no había hecho públicas. Lo hizo entonces, con García apenas sentada en el sillón de Rubín.
La concejala no abrió la boca sobre el tema. El asunto llegó a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que conminó al Consistorio a resolver el asunto con una investigación interna. García se mantuvo muda. De la investigación, nada.
Atrapada cual protagonista del cuento navideño, el pasado también decidió visitarla. Como antigua responsable de Consumo, la Unión de Consumidores llevaba tiempo recriminando a la oficina municipal depositaria de las quejas vecinales que nunca hubiera abierto un expediente sancionador, que «tirara a la papelera» denuncias ciudadanas que otros ayuntamientos sí atajaban. El de Madrid, por ejemplo. La UCE fue con los papeles al juzgado y, esta semana, el fiscal decidió imputar a García de prevaricación; es decir, tomar una decisión administrativa a sabiendas de que eludía así su responsabilidad.
Como publicó este diario, también aquí callará: acogiéndose a su derecho, no piensa declarar en la citación del próximo miércoles del Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo. Igual lo consigue, igual todo el pandemónium se ahoga en el silencio.

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