08.07.09 -
D OS asuntos de actualidad agraria no afectan por ahora al productor asturiano, pero sí al consumidor. Por un lado, el pasado 30 de junio la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) publicó la Opinión Científica sobre la comercialización y cultivo de la única planta transgénica autorizada en la UE, el maíz MON810; un cultivo modificado genéticamente para ser resistente a una plaga agresiva que reduce la producción y estropea la calidad del grano. Este extenso y detallado informe de 84 páginas concluye que este maíz es tan seguro como el convencional respecto a efectos potenciales sobre la salud humana o animal.
Estas conclusiones contrastan con las afirmaciones recurrentes de diferentes colectivos, grupos ecologistas, algunos cocineros y otras organizaciones, que insisten en el peligro que suponen para la salud. Pero el tiempo, los datos y los científicos ponen las cosas en su sitio. Sin embargo, el debate seguirá. Lo único que la sociedad debe exigir, para evitar ser confundida, es que esta batalla no se libre con la fácil espada de los discursos grandilocuentes, sino con datos científicos e investigaciones contrastadas de organismos acreditados en cada materia.
Por otra parte, el 1 de julio entró en vigor la nueva norma comunitaria relativa a la comercialización de frutas y hortalizas. Es la puesta en escena del que se vino a denominar el debate de los pepinos curvos. No es para menos, ya que desaparecen 26 normas de comercialización. Ahora sólo quedan 10, que pueden ser omitidas de forma unilateral por los Estados, siempre que el etiquetado refleje que no pertenecen a calidades superiores, como la extra, I y II. Hasta ahora se aplicaba un sistema único a nivel comunitario que permitía diferenciar al productor y al consumidor, unas calidades de otras, lo que justificaba fijar precios diferentes.
Ahora esta norma es libre, por lo que la homogeneidad se puede perder y se podrán encontrar diferentes categorías dependiendo del país y de sus regulaciones. El exceso de control alimentario no es malo si favorece al consumidor, algo que en la UE se aplica de forma constante. Un ejemplo, las normas de bienestar animal, las de uso de fitosanitarios o los cultivos transgénicos. En cuanto a los precios, sin duda pueden bajar, pero a costa del menor vigilancia, no tanto de calidades nutricionales, como de forma y discriminación de producto.
