La acción de las fuerzas de seguridad del Estado y de la judicatura está consiguiendo desbaratar los intentos de ETA de destruir y matar. La eficacia de dicha actuación viene a demostrar que si bien es improbable que por sí misma pueda conducir a todos y a cada uno de los integrantes de la banda asesina a la cárcel, es capaz de reducir a la mínima expresión la capacidad operativa de la misma. Perseverar en dicho esfuerzo no es sólo una obligación que emana de su propia función al servicio del Estado de derecho. Es una necesidad especialmente acuciante ahora, cuando la mayor victoria que puede cosechar la sociedad democrática es impedir que ETA haga lo que desea hacer. Ese sería el principio de su derrota, y es por ello el objetivo primordial que han de buscar cuantas fuerzas y cuerpos actúan bajo la dirección política del Gobierno y el mandato de los jueces. Por eso mismo, resultan especialmente inconvenientes y del todo irresponsables las declaraciones que estos últimos días vienen haciendo tanto el lehendakari Ibarretxe como su consejero de Justicia Joseba Azkarraga. Porque cuando el primero se refiere al «final del ciclo de la violencia» para anunciar grandes cambios políticos, o cuando el segundo declara que «se puede retomar el proceso, porque ETA aún no ha matado» contribuyen a alimentar aquello que la banda terrorista más anhela: la idea del trueque de la paz a cambio de concesiones políticas, auténtico combustible de la persistencia del terror.





