
La Junta de Gobierno aprobará en su reunión de la próxima semana el sometimiento a información pública de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), una vez que Fomento ha dado su visto bueno a la sugerencia realizada por el Ayuntamiento para la reestructuración del trazado de Feve en esta zona. En concreto, las dos líneas de vía estrecha que llegan a Gijón -de Pola de Laviana y El Ferrol- se unirán en un solo trazado a su paso bajo la avenida del Príncipe de Asturias, eliminando parcialmente la barrera ferroviaria. Esto es, si actualmente los terrenos están partidos en tres por el diseño de Feve, pasarán a estar divididos en dos por la nueva línea única.
De los suelos resultantes de esta operación, los que queden situados entre los nuevos raíles y la autopista 'Y' -un total de 11.487 metros cuadrados- tendrán un uso residencial mientras que el resto, entre la línea de Feve y la de Renfe, se destinarán a espacios libres y equipamientos. La propuesta de usos y superficies también contempla la construcción de una rotonda en la autopista que servirá de enlace con la avenida de Portugal.
La superficie total afectada por esta ampliación del ámbito del plan especial de la zona ferroviaria es de 39.676 metros cuadrados, de los que 16.610 estarán ocupados por infraestructuras -carreteras y ferrocarril- y 23.065 serán de uso mixto o residencial. Según precisó Sanjurjo, estos suelos corresponden en su totalidad a terrenos de titularidad pública y su propiedad se reparte entre el propio Ayuntamiento, Feve, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y la Demarcación de Carreteras del Ministerio de Fomento.
Pendiente del plan
El concejal de Urbanismo indicó que, por el momento, la habilitación de nuevo suelo residencial no implicará necesariamente una modificación de la provisión de viviendas contemplada en el actual borrador del plan de vías elaborado por los arquitectos Jerónimo Junquera y Javier Fontvella. Este documento prevé la construcción de entre 1.100 y 1.200 viviendas en el conjunto de los terrenos liberados por la barrera ferroviaria, y la modificación de esta cifra se plantearía en todo caso cuando se redacte de manera definitiva el plan especial para la zona. «Lo único que se plantea ahora es que se podrán construir viviendas en una zona donde inicialmente no estaba planeado», apuntó Sanjurjo.
La propuesta de modificación del PGOU tampoco señala en qué lugares específicos se construirán estos pisos, aunque el edil apuntó que «resulta lógico que se puedan ubicar fundamentalmente en la primera alineación más próxima a Sanz Crespo». Sí especificó que las nuevas construcciones incluirán «entre un 35% y un 40% de viviendas con algún tipo de protección, aunque aún no sabemos cómo se va a desarrollar este aspecto».
Una vez que la Junta de Gobierno dé la próxima semana su visto bueno, la propuesta de modificación del PGOU será sometida a información pública durante un mes «para recabar las sugerencias y las recomendaciones que puedan plantear los interesados». El siguiente paso será el inicio de los trámites de modificación a través del Pleno municipal.
Por el momento, el Partido Popular ya mostró ayer, durante la Comisión de Urbanismo, su discrepancia con los términos en que se plantea la propuesta para la ampliación del plan especial. Según criticó el edil popular Pablo Fernández, «los suelos que reservan para equipamientos quedarán encajonados entre las vías de Renfe, la nueva de Feve y el puente de los camiones. El resultado de esta actuación será una zona aislada degradada de nueva creación».
El Grupo Popular llamó la atención sobre los planos presentados por Sanjurjo, donde «parecen dibujarse unas pasarelas elevadas que serán la única forma de acceder a la zona de equipamientos». Pedro Muñiz indicó a este respecto que «no tiene ningún sentido eliminar una barrera arquitectónica para poner otra. Lo único que hacen es desplazar el problema, porque seguirán existiendo dos ciudades separadas». En su opinión, la mejor solución es «el soterramiento total».
Pedro Muñiz también criticó la previsión de ofrecer protección a un 35% ó 40% de las viviendas previstas para esta zona y pidió que esta cifra se amplíe «hasta el 100%, ya que los terrenos son públicos».





