LOS HECHOS
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Pero la cuestión no se ha quedado sólo en el expediente y se ha convertido en una nueva bronca política, ya que el PP ha calificado el hecho de «escándalo» y considera que el expediente es «una persecución y una grave represalia». Así lo aseguró el concejal popular Gabriel Díaz, quien defendió que el agente «lleva 15 años de servicio, sin ninguna problemática anterior». Y es que el edil relacionó la posible sanción con el hecho de que el policía denunció al jefe de Área de Seguridad Ciudadana, José Luis Ramón, por lo que él consideró prevaricación, ya que la multa impuesta al ciclista fue retirada después por sus superiores. Esa denuncia ha sido archivada recientemente por el juez.
La cuestión es que el agente se ausentó del servicio precisamente para ir a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía a presentar esa denuncia. Ahora, el PP cree que el expediente es «un aviso para navegantes, para que todos sepan que en el Ayuntamiento de Gijón mandan los que mandan», mientras Alejandro Martínez Gallo defiende que la denuncia y la sanción propuesta ahora son dos cuestiones independientes. «Transgredió toda la jerarquía policial, y todos los mandos que estaban de servicio aquel día han certificado que se ausentó sin permiso», explica el jefe de la Policía Local.
La jefatura del área ha propuesto ahora el expediente sancionador, pero será el instructor -un funcionario municipal del área de Personal- el que dirija todo el proceso, durante el cual el agente tendrá la oportunidad de dar sus explicaciones. Y será el propio instructor el que decida qué tipo de infracción cometió el agente -leve, grave o muy grave- y la sanción correspondiente. Martínez Gallo negó que esto pueda suponer la expulsión del cuerpo y explicó que las infracciones graves, como esta, suponen «de tres días en adelante de suspensión».
Mientras, el PP se reunirá con los sindicatos policiales y no descarta emprender «medidas políticas».





