
No sólo lo dice ella. Vega asegura que la valoración está respaldada por un informe de Servicios Sociales del propio Consistorio, que «considera que la media de las tarifas ofertadas son muy superiores a los precios que fija la Consejería de Vivienda y Bienestar Social para los servicios prestados por el organismo autónomo Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA), e incluso a la media de los precios de las residencias privadas con las que el Ayuntamiento tienen plazas concertadas».
El documento al que ha tenido acceso este periódico tiene fecha del 19 de julio de 2007 y está firmado por la responsable de Servicios Sociales, Carmen Alonso Cofiño, y la adjunta al jefe de servicio, Carmen Granda Rodríguez. Los precios que subrayó la concejala pertenecen a la habitación individual, pero el documento se refiere a otros como los 475 euros de mínimo y los 700 de máximo que costará el centro de día, o los 1.720 y 2.200 que tendrán que pagar quienes prefieran estar en un apartamento tutelado.
Esta condición será «restrictiva para servicios que pretenden ser de carácter público», denunció la edil, que ve en este modelo «la consecuencia de las privatizaciones del PP». Vega también criticó que el Consistorio ofrezca parcelas municipales a empresarios para que exploten «los servicios públicos como negocios, sin que se les impongan restricciones en cuanto a los precios que deben pagar los usuarios».
La edil censuró que el proyecto no establezca «a qué tipo de personas va dirigido el equipamiento, ni los requisitos de acceso, ni los criterios de selección». Teme que el modelo de Rubín se generalice «en idénticas condiciones» a equipamientos «similares» como los que se harán en La Florida, Montecerrao y La Corredoria.





