Oviedo
Cultura aclara que el entorno de protección no afectará al desarrollo urbanístico de San Claudio
La consejería quiere evitar «instalaciones que alteren el carácter arquitectónico y paisajístico» del área El Ayuntamiento tendrá que elaborar un plan especial y abonar las indemnizaciones que resulten de la suspensión de licencias
LOCERÍA CENTENARIA. Una vista de las instalaciones de la fábrica de loza de San Claudio y de varios edificios del entorno. / JESÚS DÍAZ
«La delimitación del entorno de un Bien de Interés Cultural (BIC) no implica una cortapisa para el desarrollo urbanístico de un ámbito, sino que supone una oportunidad de desarrollo sostenible y armónico del patrimonio». Lo explicó ayer la Consejería de Cultura para intentar tranquilizar al Ayuntamiento. La Administración local advirtió días atrás de que si la protección para la fábrica de loza y los alrededores se realiza tal y como se recoge en la resolución por la que se inicia el procedimiento, producirá graves perjuicios para los vecinos, que para realizar cualquier obra tendrán que obtener el beneplácito de Cultura. También recordó que en la zona está previsto un plan de vivienda, impulsado por Ayuntamiento y el Principado, y por la declaración se verán afectados al menos 1.000 de los pisos previstos.
Ahora, el Gobierno regional suspende las licencias concedidas por el Ayuntamiento en San Claudio, aunque fuentes del departamento que dirige Encarnación Rodríguez apuntan a que la paralización es cautelar y que podrán seguir su curso una vez tramitado el expediente. Es decir, dentro de, como máximo dos años, según estipula la ley de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias. En todo caso, la consejería necesita los expedientes de las licencias suspendidas y ayer se los pidió al Consistorio porque «es el primer paso para que Patrimonio valore el alcance real del entorno y estudiar posibles soluciones a casos conflictivos».
Aparte de esta exigencia, Cultura se limitó ayer a dar explicaciones. Por ejemplo, sobre los criterios seguidos para delimitar este, y no otro, entorno de protección -obligatorio en cualquier declaración de BIC- del conjunto histórico de la fábrica de loza que afecta a 46,61 hectáreas, de las que 6,85 corresponden a la locería. Para establecer estos márgenes, se tuvieron en cuenta las previsiones de desarrollo urbanísticas contenidas en el PGOU, «en concreto las referidas a los viales», apuntaron fuentes del departamento. También, «motivos geográficos», debido al emplazamiento «en el fondo de una vaguada», lo que determina «que el campo de visión desde la fábrica es amplio», y por eso se incorpora «buena parte de la ladera en la que se emplaza la mayor parte del caserío de San Claudio una vez superadas las vías del tren». Por último, criterios «históricos y urbanísticos». Cultura considera que el crecimiento del núcleo urbano de San Claudio está ligado a la fábrica y su transformación se debió a la locería. El resultado de esa unión ha sido un núcleo «configurado de una forma peculiar de asentamiento, que también interesa patrimonialmente». Por eso le ha conferido un mayor grado de protección, para evitar «que en el entorno no se establezcan instalaciones que alteren el carácter arquitectónico y paisajístico del área».
Corrección de límites
El Ayuntamiento, sin embargo, asiente «perplejo» a las explicaciones de Cultura. El concejal de Urbanismo, Alberto Mortera, adelantó que propondrá la próxima semana que los grupos políticos se sumen a su petición de que «se corrija la delimitación con la mayor inmediatez posible». Los constructores también piden una rectificación.
Si el expediente sigue adelante tal y como está protegerá la fábrica y 40 hectáreas del núcleo urbano, en las que Cultura siempre tendrá algo que decir. Además, la ley exige al Ayuntamiento redactar un plan especial de protección que será de rango superior a «cualquier otro instrumento de ordenación territorial», como el PGOU; y ordena al Ayuntamiento indemnizar a los afectados, por ser la Administración que ha incoado el expediente. Y en este caso, «es obvio» que ha sido el Ayuntamiento, según explicó el concejal. Sin embargo, recordó el contexto «de alarma por un cierre anunciado» en el que solicitó al Principado la incoación del expediente «para evitar posibles especulaciones y a petición de los trabajadores».
Ahora, el Gobierno regional suspende las licencias concedidas por el Ayuntamiento en San Claudio, aunque fuentes del departamento que dirige Encarnación Rodríguez apuntan a que la paralización es cautelar y que podrán seguir su curso una vez tramitado el expediente. Es decir, dentro de, como máximo dos años, según estipula la ley de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias. En todo caso, la consejería necesita los expedientes de las licencias suspendidas y ayer se los pidió al Consistorio porque «es el primer paso para que Patrimonio valore el alcance real del entorno y estudiar posibles soluciones a casos conflictivos».
Aparte de esta exigencia, Cultura se limitó ayer a dar explicaciones. Por ejemplo, sobre los criterios seguidos para delimitar este, y no otro, entorno de protección -obligatorio en cualquier declaración de BIC- del conjunto histórico de la fábrica de loza que afecta a 46,61 hectáreas, de las que 6,85 corresponden a la locería. Para establecer estos márgenes, se tuvieron en cuenta las previsiones de desarrollo urbanísticas contenidas en el PGOU, «en concreto las referidas a los viales», apuntaron fuentes del departamento. También, «motivos geográficos», debido al emplazamiento «en el fondo de una vaguada», lo que determina «que el campo de visión desde la fábrica es amplio», y por eso se incorpora «buena parte de la ladera en la que se emplaza la mayor parte del caserío de San Claudio una vez superadas las vías del tren». Por último, criterios «históricos y urbanísticos». Cultura considera que el crecimiento del núcleo urbano de San Claudio está ligado a la fábrica y su transformación se debió a la locería. El resultado de esa unión ha sido un núcleo «configurado de una forma peculiar de asentamiento, que también interesa patrimonialmente». Por eso le ha conferido un mayor grado de protección, para evitar «que en el entorno no se establezcan instalaciones que alteren el carácter arquitectónico y paisajístico del área».
Corrección de límites
El Ayuntamiento, sin embargo, asiente «perplejo» a las explicaciones de Cultura. El concejal de Urbanismo, Alberto Mortera, adelantó que propondrá la próxima semana que los grupos políticos se sumen a su petición de que «se corrija la delimitación con la mayor inmediatez posible». Los constructores también piden una rectificación.
Si el expediente sigue adelante tal y como está protegerá la fábrica y 40 hectáreas del núcleo urbano, en las que Cultura siempre tendrá algo que decir. Además, la ley exige al Ayuntamiento redactar un plan especial de protección que será de rango superior a «cualquier otro instrumento de ordenación territorial», como el PGOU; y ordena al Ayuntamiento indemnizar a los afectados, por ser la Administración que ha incoado el expediente. Y en este caso, «es obvio» que ha sido el Ayuntamiento, según explicó el concejal. Sin embargo, recordó el contexto «de alarma por un cierre anunciado» en el que solicitó al Principado la incoación del expediente «para evitar posibles especulaciones y a petición de los trabajadores».
