
Botellones, carreras de coches, vehículos con la música a todo volumen, inseguridad y suciedad son algunas de las situaciones de las que se quejan cada semana los vecinos de los últimos tramos del paseo marítimo y de la calle de Pablo Laloux. Este problema se acentúa la noche de los jueves, cuando en la zona se reúnen entre 2.500 y 3.000 personas, según los datos que manejan la Policía Local y la Guardia Civil. Acorde a sus investigaciones, algunos de estos jóvenes provienen de puntos como el País Vasco, Cantabria o Galicia. «Tenemos que ponernos manos a la obra, y aunque este año no ha sido posible debido a la fecha en la que tuvo lugar la Junta Local de Seguridad, sí que tenemos que empezar a plantear medidas para buscar una solución conjunta de cara al año que viene», apuntó José Ramón Rodríguez. El primer paso para ello será la mencionada reunión, que tendrá lugar el próximo mes de octubre.
El edil recordó las medidas tomadas este año tras el accidente que costó la vida a un joven motorista vecino de Raíces hace varias semanas. «Desde ese día doblamos la plantilla de la Policía Local todas las noches de los jueves», comentó. Sin embargo, Rodríguez reconoció los problemas a los que se enfrenta este cuerpo de seguridad a la hora de responder por sí sola a este problema. «Tenemos tres agentes de servicio por turno, y así no se puede dar respuesta a todo el concejo», afirmó. Es por ello que se aboga por una colaboración más estrecha con la Guardia Civil para solucionar el problema.
«Ordenanza municipal»
El portavoz del PP, Jesús Pablo González-Nuevo Quiñones, presente también en la Junta de Seguridad del lunes, anunció por su parte su apoyo a «que se contemple en las ordenanzas municipales la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en la calle». Según apuntó, la falta de un ordenamiento jurídico de ámbito regional y estatal que regule estas situaciones fue una de las preocupaciones mostradas en la Junta por los responsables de las fuerzas de seguridad de cara a su actuación.
Otro de los temas tratados en la Junta fue la aprobación de un protocolo para coordinar las actuaciones policiales de cara a garantizar la seguridad de las mujeres en riesgo de sufrir malos tratos. El portavoz popular subrayó su apoyo a esta medida con un único matiz: «que no suponga que las fuerzas de seguridad del Estado en Castrillón mermen su funcionamiento y que la Policía Local tenga que cubrir esos huecos», concluyó.





