GIJÓN
El PP ve «irregularidades» en contratos de trabajadoras de los Talleres de Empleo
Da a conocer una sentencia que obliga al Ayuntamiento a pagar 7.000 euros a una empleada
«Predican empleo de calidad y respeto a los derechos de los trabajadores, pero no lo practican». La concejala del PP Dorinda García resumió ayer de este modo sus críticas hacia la política laboral del Ayuntamiento de Gijón con sus propios empleados, concretamente con las trabajadoras de los Talleres de Empleo municipales. García expuso dos casos de mujeres que «fueron contratadas con una categoría, pero desempeñaron otra superior, sin cobrar como tal».
Para justificar sus críticas, García explicó dos situaciones, aunque, según afirmó, «no son casos aislados, sabemos que hay más trabajadoras en la misma situación». Una de las empleadas ya obtuvo el año pasado una sentencia favorable, que obliga al Ayuntamiento a pagarle 7.384 euros, lo correspondiente a la diferencia salarial de un año entre la categoría por la que contrataron y la que luego desempeñó, en el Taller de empleo de Servicios a la Comunidad Educativa entre julio de 2004 y julio de 2005.
El otro caso es más reciente aunque aún no ha llegado a los tribunales, ya que la empleada está esperando por la respuesta a su reclamación previa ante el Ayuntamiento. Se trata de una trabajadora del Taller de Empleo La Llorea, que reclama 2.790 euros por igual motivo que la anterior. Fue contratada como monitora y defiende haber desempeñado funciones de animadora sociocultural entre julio de 2006 y mayo de 2007. La intención de la ex trabajadora es presentar una demanda en el juzgado de lo Social.
«¿Cuáles son las políticas de empleo e igualdad que lleva a cabo el Ayuntamiento?», se preguntó ayer Dorinda García. «Son políticas teóricas», respondió ella misma, quien aseguró que el equipo de gobierno «vulnera derechos de las trabajadoras, permite la precariedad laboral y la desigualdad». Por eso, aseguró que el grupo municipal del PP «luchará para que las políticas de empleo sean reales y no virtuales» e hizo un «llamamiento a todas las trabajadoras que estén en esta misma situación, para que se atrevan a denunciar».
Para justificar sus críticas, García explicó dos situaciones, aunque, según afirmó, «no son casos aislados, sabemos que hay más trabajadoras en la misma situación». Una de las empleadas ya obtuvo el año pasado una sentencia favorable, que obliga al Ayuntamiento a pagarle 7.384 euros, lo correspondiente a la diferencia salarial de un año entre la categoría por la que contrataron y la que luego desempeñó, en el Taller de empleo de Servicios a la Comunidad Educativa entre julio de 2004 y julio de 2005.
El otro caso es más reciente aunque aún no ha llegado a los tribunales, ya que la empleada está esperando por la respuesta a su reclamación previa ante el Ayuntamiento. Se trata de una trabajadora del Taller de Empleo La Llorea, que reclama 2.790 euros por igual motivo que la anterior. Fue contratada como monitora y defiende haber desempeñado funciones de animadora sociocultural entre julio de 2006 y mayo de 2007. La intención de la ex trabajadora es presentar una demanda en el juzgado de lo Social.
«¿Cuáles son las políticas de empleo e igualdad que lleva a cabo el Ayuntamiento?», se preguntó ayer Dorinda García. «Son políticas teóricas», respondió ella misma, quien aseguró que el equipo de gobierno «vulnera derechos de las trabajadoras, permite la precariedad laboral y la desigualdad». Por eso, aseguró que el grupo municipal del PP «luchará para que las políticas de empleo sean reales y no virtuales» e hizo un «llamamiento a todas las trabajadoras que estén en esta misma situación, para que se atrevan a denunciar».
