GIJÓN
El PP anuncia recursos contra el nombramiento de los directores municipales de Seguridad e Igualdad
Alega que José Luis Ramón «no tiene la titulación exigida » y que Ana Isabel Puerto «no es funcionaria» Muestra dudas sobre la elección de Blanco, Calvo y González Espina
El Partido Popular mostrará en los tribunales su oposición al nombramiento de los doce directores generales y de área, aprobados ayer mismo por la junta de gobierno y que hoy comenzarán a incorporarse a sus puestos de trabajo. Por el momento, su oposición se centra en dos de las personas. Contra esas designaciones presentarán un contencioso-administrativo. Se trata del que ya era y continúa siendo director del área de Seguridad Ciudadana, José Luis Ramón, y de la directora de la nueva área de Igualdad y Juventud, Ana Isabel Puerto.
El concejal del PP Pedro Muñiz explicó que habían solicitado todos los expedientes relacionados con esta cuestión y, aunque aún no han podido consultarlos, ya han decidido acudir a los tribunales. Porque al menos esos dos recursos ya los tienen claros: «Es una vulneración jurídica por parte de la alcaldesa y la junta de gobierno». En el caso de José Luis Ramón, Muñiz se remitió a dos normativas, el reglamento de régimen interno del Ayuntamiento y la Ley de Grandes Ciudades. Ambas marcan que los cargos directivos deben ser funcionarios de carrera con una licenciatura o titulación equivalente. Ramón cumple el primer requisito, pero no el segundo. El director de área es funcionario del grupo A, ya que es inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía. En los cuerpos de seguridad del Estado, esa categoría está equiparada con la titulación universitaria superior, aunque no se tenga.
Muñiz aseguró que, cuando Ramón ingresó como policía, «no se exigía la licenciatura para ser inspector, sólo el Bachillerato Superior». Y, aunque a efectos del cuerpo esté equiparado, para los nombramientos municipales no, defiende el PP. Así, «sin entrar en la capacidad que tiene para desempeñar el cargo, la nueva normativa no le permite ser director de área».
En el caso de Ana Isabel Puerto, el problema es justo el contrario. La que será nueva responsable de Igualdad y Juventud es licenciada en Derecho, pero «no es funcionaria de carrera de ninguna administración». En esos casos, la Ley de Grandes Ciudades prevé que el Pleno pueda eximir al candidato de ese requisito. «Independientemente de la valía de quien ha sido nombrada, no es funcionaria y el Pleno no ha aprobado que pueda valer lo contrario».
Consultar los expedientes
Por el momento, estos son los dos recursos que presentará el PP, aunque no descartan que, «cuando podamos consultar todos los expedientes, denunciemos otros nombramientos». De hecho, Pedro Muñiz ya manifestó que «nos tememos que algunos otros no son funcionarios». Así, nombró al nuevo director general Económico y Financiero, Francisco Blanco Ángel, doctor en Economía y profesor titular universitario, de quien «no nos consta que sea funcionario». También a Ángel Calvo, director del área de Medio Ambiente, porque «no es funcionario, es personal laboral del Ayuntamiento». Y, por último, a Gonzalo González Espina, director del área de Empleo, por el mismo motivo que Ángel Calvo. Pero, de momento, estos tres nombramientos no van a ser recurridos por el PP. Los populares, que ya expresaron su malestar por la convocatoria de los cargos públicos, creen que «no hubo sorpresas respecto a lo que esperábamos». Excepto en un caso: el hecho de que haya quedado desierto el puesto de coordinador técnico de servicios de la Fundación Municipal de Cultura. Según Pedro Muñiz, eso se debe a que «al que se quería no hacer un agravio -en referencia al anterior director de la fundación, Julián Jiménez-, en una postura que le honra, no se presentó». Aún así, los populares se muestran convencidos de que las coordinaciones técnicas de las empresas municipales se crearon «para agradar a las personas que antes ocupaban los puestos directivos», lo que supone «un derroche de la Administración pública que no tiene calificativo».
Pedro Muñiz también se refirió a los cargos de confianza de la Alcaldía, de quienes recordó que «no pueden ser jefes de gabinetes, ni directores, sino sólo asesores».
El concejal del PP Pedro Muñiz explicó que habían solicitado todos los expedientes relacionados con esta cuestión y, aunque aún no han podido consultarlos, ya han decidido acudir a los tribunales. Porque al menos esos dos recursos ya los tienen claros: «Es una vulneración jurídica por parte de la alcaldesa y la junta de gobierno». En el caso de José Luis Ramón, Muñiz se remitió a dos normativas, el reglamento de régimen interno del Ayuntamiento y la Ley de Grandes Ciudades. Ambas marcan que los cargos directivos deben ser funcionarios de carrera con una licenciatura o titulación equivalente. Ramón cumple el primer requisito, pero no el segundo. El director de área es funcionario del grupo A, ya que es inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía. En los cuerpos de seguridad del Estado, esa categoría está equiparada con la titulación universitaria superior, aunque no se tenga.
Muñiz aseguró que, cuando Ramón ingresó como policía, «no se exigía la licenciatura para ser inspector, sólo el Bachillerato Superior». Y, aunque a efectos del cuerpo esté equiparado, para los nombramientos municipales no, defiende el PP. Así, «sin entrar en la capacidad que tiene para desempeñar el cargo, la nueva normativa no le permite ser director de área».
En el caso de Ana Isabel Puerto, el problema es justo el contrario. La que será nueva responsable de Igualdad y Juventud es licenciada en Derecho, pero «no es funcionaria de carrera de ninguna administración». En esos casos, la Ley de Grandes Ciudades prevé que el Pleno pueda eximir al candidato de ese requisito. «Independientemente de la valía de quien ha sido nombrada, no es funcionaria y el Pleno no ha aprobado que pueda valer lo contrario».
Consultar los expedientes
Por el momento, estos son los dos recursos que presentará el PP, aunque no descartan que, «cuando podamos consultar todos los expedientes, denunciemos otros nombramientos». De hecho, Pedro Muñiz ya manifestó que «nos tememos que algunos otros no son funcionarios». Así, nombró al nuevo director general Económico y Financiero, Francisco Blanco Ángel, doctor en Economía y profesor titular universitario, de quien «no nos consta que sea funcionario». También a Ángel Calvo, director del área de Medio Ambiente, porque «no es funcionario, es personal laboral del Ayuntamiento». Y, por último, a Gonzalo González Espina, director del área de Empleo, por el mismo motivo que Ángel Calvo. Pero, de momento, estos tres nombramientos no van a ser recurridos por el PP. Los populares, que ya expresaron su malestar por la convocatoria de los cargos públicos, creen que «no hubo sorpresas respecto a lo que esperábamos». Excepto en un caso: el hecho de que haya quedado desierto el puesto de coordinador técnico de servicios de la Fundación Municipal de Cultura. Según Pedro Muñiz, eso se debe a que «al que se quería no hacer un agravio -en referencia al anterior director de la fundación, Julián Jiménez-, en una postura que le honra, no se presentó». Aún así, los populares se muestran convencidos de que las coordinaciones técnicas de las empresas municipales se crearon «para agradar a las personas que antes ocupaban los puestos directivos», lo que supone «un derroche de la Administración pública que no tiene calificativo».
Pedro Muñiz también se refirió a los cargos de confianza de la Alcaldía, de quienes recordó que «no pueden ser jefes de gabinetes, ni directores, sino sólo asesores».
