El motivo es que Inocencio Rodríguez achaca a presiones de los armadores asturianos la decisión gubernamental y los acusa de poner en peligro «por capricho» el futuro de las empresas comercializadoras, de las industrias de transformación y de todos sus trabajadores.
Los mayoristas apoyan la concesión de licencias de cerco a la flota gallega para obtener mayor abastecimiento y su presidente afirma que los pescadores buscan de la escasez «vender sardinas a precio de merluza».
Ante esa situación, Inocencio Rodríguez indicó que los miembros de la asociación que preside se reunirán hoy para tomar medidas. Los mayoristas amenazan con dejar de comprar las capturas de la flota asturiana si no consiguen un suministro adecuado para mantener activos sus negocios.
Reacción del PP
Por su parte, el concejal del Partido Popular para asuntos pesqueros, Constantino Álvarez, considera que el veto del Principado a la flota de cerco gallega se enmarca en el enfrentamiento entre la Cofradía de Pescadores, gestora de la lonja, y la dirección general de Pesca, toda vez que sería Avilés la principal beneficiada por la descarga de capturas gallegas en Asturias.
Así pues, Álvarez pidió la mediación de la alcaldesa, Pilar Varela, para que inste al Principado a que les sean concedidas licencias de pesca en aguas asturianas a los barcos gallegos., toda vez que vendrían a cubrir el hueco dejado por el progresivo abandono de la flota de cerco asturiana, limitada en la actualidad a sólo cuatro barcos.
A juicio del edil popular, impedir que la flota pesquera gallega faene en aguas asturianas es tanto como impedir que una empresa foránea se ubique en el municipio, toda vez que «cada barco es una empresa». Constantino Álvarez también indicó que la decisión del Principado obedece a «criterios políticos y no científicos».
Por otra parte, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) acusó ayer al Gobierno asturiano de «generar prejuicios» contra la flota gallega al denegarle licencias para faenar en aguas del Principado, y exigió a la Xunta que intervenga para defender los intereses de los barcos de la comunidad.





