GIJÓN
Martínez Argüelles afirma que el Pleno eximió a los jefes de área de ser funcionarios
El concejal de Hacienda también replica al PP que el responsable de Seguridad está equiparado «por ley» a un titulado universitario
CONCEJAL. Santiago Martínez Argüelles. / PALOMA UCHA
«Este Ayuntamiento lleva a cabo miles de procedimientos administrativos impecables que se ajustan a los principios de legalidad y seguridad jurídica. Y éste es uno más». Con estas palabras se refirió ayer el concejal de Hacienda y responsable de personal, Santiago Martínez Argüelles, al nombramiento de los nuevos directores generales y de área municipales, puestos en duda por el PP, que ha anunciado que recurrirá a los tribunales. Martínez Argüelles defendió la decisión de la junta de gobierno, especialmente en las dos elecciones más criticadas por el PP: la de José Luis Ramón como director del área de Seguridad Ciudadana y Movilidad y la de Ana Isabel Puerto como directora de la nueva área de Igualdad y Juventud.
El concejal de Hacienda recurrió, en su defensa, a las propias normativas. En primer lugar, a la Ley de medidas para la modernización del gobierno local, esto es, la Ley de Grandes Ciudades, y también al reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del propio Ayuntamiento. Ambas le sirvieron para defender los nombramientos. En primer lugar, el de Ana Isabel Puerto. Lo que alega el PP es que no puede ser directora de área porque no es funcionaria, algo que, junto a la licenciatura, exige la Ley de Grandes Ciudades. Pero Argüelles explicó ayer que el Pleno ya aprobó en su momento la posibilidad de que un no funcionario ocupe una dirección general o dirección de área. Y lo hizo al dar el visto bueno, «por unanimidad», al reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Ayuntamiento, que, atendiendo a las posibles excpeciones en los nombramientos que recoge la propia Ley de Grandes Ciudades, exime al candidato de ser funcionario. La normativa dice «la junta de gobierno, y a propuesta formulada por la Alcaldía, podrá nombrar a personal no funcionario que deberá acreditar titulación superior universitaria y méritos de competencia profesional». La directora de Juventud e Igualdad, Ana Isabel Puerto, reúne todos esos requisitos, dijo Martínez Argüelles.
En cuanto al caso de José Luis Ramón, el problema está en la titulación superior universitaria. Ramón es funcionario del grupo A, ya que es inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, y en los cuerpos de seguridad del Estado ese grupo se equiparó con la titulación universitaria superior. El PP alega que esa equiparación no sirve para la Administración local. No opina lo mismo Martínez Argüelles, quien explicó que «mediante ley, en el año 1986, personas de escalas policiales accedieron al grupo A» y que, para acceder a dicha escala, «se exigía el PREU, el paso por la Escuela de Policía y, finalmente, el ingreso en la Jefatura Superior de Policía». Hoy en día, para acceder a esas escalas se exige la diplomatura, «pero los que estaban desde antes mantienen su rango». Por lo tanto, para el equipo de gobierno, «José Luis Ramón cumple los requisitos que exige la ley, porque es funcionario del grupo A».
El concejal de Hacienda recurrió, en su defensa, a las propias normativas. En primer lugar, a la Ley de medidas para la modernización del gobierno local, esto es, la Ley de Grandes Ciudades, y también al reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del propio Ayuntamiento. Ambas le sirvieron para defender los nombramientos. En primer lugar, el de Ana Isabel Puerto. Lo que alega el PP es que no puede ser directora de área porque no es funcionaria, algo que, junto a la licenciatura, exige la Ley de Grandes Ciudades. Pero Argüelles explicó ayer que el Pleno ya aprobó en su momento la posibilidad de que un no funcionario ocupe una dirección general o dirección de área. Y lo hizo al dar el visto bueno, «por unanimidad», al reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico del Ayuntamiento, que, atendiendo a las posibles excpeciones en los nombramientos que recoge la propia Ley de Grandes Ciudades, exime al candidato de ser funcionario. La normativa dice «la junta de gobierno, y a propuesta formulada por la Alcaldía, podrá nombrar a personal no funcionario que deberá acreditar titulación superior universitaria y méritos de competencia profesional». La directora de Juventud e Igualdad, Ana Isabel Puerto, reúne todos esos requisitos, dijo Martínez Argüelles.
En cuanto al caso de José Luis Ramón, el problema está en la titulación superior universitaria. Ramón es funcionario del grupo A, ya que es inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, y en los cuerpos de seguridad del Estado ese grupo se equiparó con la titulación universitaria superior. El PP alega que esa equiparación no sirve para la Administración local. No opina lo mismo Martínez Argüelles, quien explicó que «mediante ley, en el año 1986, personas de escalas policiales accedieron al grupo A» y que, para acceder a dicha escala, «se exigía el PREU, el paso por la Escuela de Policía y, finalmente, el ingreso en la Jefatura Superior de Policía». Hoy en día, para acceder a esas escalas se exige la diplomatura, «pero los que estaban desde antes mantienen su rango». Por lo tanto, para el equipo de gobierno, «José Luis Ramón cumple los requisitos que exige la ley, porque es funcionario del grupo A».
