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Caldera niega irregularidades en la Casa Malva y dice que su funcionamiento es «ejemplar»
El ministro contestó a preguntas de Pardo, que calificó de «fracaso» el equipamiento

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El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, defendió ayer en el Senado el funcionamiento de la Casa Malva, un funcionamiento que calificó de «positivo y ejemplar». Caldera negó que existan irregularidades, y mostró dos informes que ratifican sus palabras, uno «firmado por una inspectora del Cuerpo Nacional de Policía» y otro del Instituto Asturiano de la Mujer. «En ninguno de estos documentos se habla de irregularidades, sino todo lo contrario», aseguró Caldera.

El ministró contestó, así, a la pregunta formulada por la presidenta del PP en Gijón y senadora Pilar Fernández Pardo, quien decidió llevar el tema al Senado después de que la polémica y el enfrentamiento político hayan durado en Gijón varias semanas. Pardo basa sus críticas en las quejas expresadas por algunas residentes del Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de la Violencia de Género sobre el funcionamiento del equipamiento. Pardo calificó la Casa Malva de «cárcel de lujo, llena de normas, obligaciones y sanciones» y aseguró que el modelo es «un fracaso que no puede ser exportable al resto de España».

La senadora popular reprochó al Gobierno que «no haya prestado atención a las mujeres que han denunciado que en la casa se vulneran los derechos personales, individuales y constitucionales de las mujeres», y pidió una «auditoría externa inmediata, responsabilidades políticas y un cambio inmediato de las directrices del centro». Por su lado, Caldera solicitó al PP que «no siga utilizando» este asunto.

Instituto de la Mujer

En la misma línea se expresó ayer el Instituto Asturiano de la Mujer, que hizo público un comunicado en el que «lamenta que el PP haya llevado al Senado sus mentiras sobre la Casa Malva, haciendo caso omiso a las numerosas peticiones públicas de no hacer un uso partidista de un recurso muy necesario». El Instituto asegura que Fernández Pardo «miente» al asegurar que ningún representante del Principado ha visitado el equipamiento tras las quejas, y también cuando dice que se obliga a las mujeres a tramitar su separación por vía civil y penal.
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