OPINIÓN ARTICULOS
Incertidumbres docentes
16.09.07 -
EL curso acaba de comenzar en Asturies con mal pie. El Gobierno asturiano, que presume en todos los ámbitos de tener unos buenos resultados escolares, puso en marcha el curso pasado una carrera profesional para los funcionarios públicos que, en el caso de los docentes, sólo genera incertidumbres, tanto para quienes han firmado la solicitud como para quienes hemos optado por no firmar un cheque en blanco. En materia salarial y en condiciones laborales, los docentes asturianos seguimos estando a la cola respecto a otras comunidades y eso es una realidad constatable.
Otra de las novedades de este curso, la nueva estructura del Gobierno asturiano por la que la gestión del personal docente es asumida por la Consejería de Administraciones Públicas, ya está mostrando sus primeras consecuencias: la adjudicación del profesorado (más de 800) en este mes de setiembre se está efectuando con listas provisionales y, por tanto, el personal interino que ahora se designa puede verse obligado a cambiar de centro cuando se publique la lista definitiva. Sabemos que las reclamaciones son numerosas. Este proceso irregular se ha puesto en marcha contradiciendo las propias intenciones de la Consejería de Educación. La falta de transparencia en la gestión y lo insólito del caso ponen otra nota de incertidumbre en este comienzo de curso. No sabemos qué otras consecuencias tendrá este importante cambio, pero no parece que sea beneficioso para la comunidad educativa ni para la mejora de las condiciones laborales del profesorado.
Hay novedades también en el ámbito estatal que afectan a nuestra comunidad. Los desarrollos de la nueva Ley Orgánica de Educaión (LOE) conllevan aspectos novedosos para toda la comunidad educativa. Como SUATEA planteó en el momento de su tramitación, la LOE abre la puerta a la privatización del sistema educativo y es continuista respecto a la LOCE. Los datos aparecidos en los medios de comunicación en el inicio de curso muestran cómo la parte correspondiente a la enseñanza privada aumenta en número de centros y de alumnado, con la consiguiente dualización social.
Y no sólo ocurre esto en las comunidades donde el PP gobierna, aunque en éstas la cesión de suelo público para construir centros concertados y la política de beneficiar a dicha red en detrimento de la pública es más sangrante. También en Asturies tenemos intentos de cesión de espacios públicos a centros concertados que pretenden implantarse en zonas en crecimiento de población. Nos referimos, por ejemplo, a los intentos de traslado del colegio San Eutiquio en Xixón de Cimavilla a la zona sur...
En realidad, se trata de una ley que ha sido elaborada de espaldas al profesorado y que no resuelve los problemas de nuestro sistema educativo: en vez de promover la mejora de la red pública, se transvasan ingentes cantidades de dinero a la red privada, que por ley puede ahora seguir seleccionando a su alumnado a través de mecanismos más o menos sutiles: cuotas, uniformes, gastos suplementarios, desvío de alumnado con necesidades educativas o socialmente desfavorecido...
La introducción de las llamadas competencias básicas que a partir de este curso deben centrar el trabajo del profesorado se ha hecho sin que exista un plan de formación para los docentes y sin considerar las consecuencias pedagógicas de tal medida
En materia de profesorado, nuevas normas que desarrollan la LOE, como el proyecto de decreto de Especialidades que el Ministerio de Educación acaba de presentar, avanzan en la línea de la desregulación laboral de los docentes, de la vuelta a las llamadas 'asignaturas afines'. Esta línea ya venía avanzada en los sucesivos borradores de Estatuto Docente, norma que el ministerio pretendió poner en marcha durante esta legislatura y que fue masivamente rechazado por el profesorado asturiano. Este Estatuto Docente, en vía muerta, es muy posible que en esta legislatura no pueda tramitarse.
Respecto al retraso de las obras de ampliación, mejora o nueva construcción de colegios e institutos, es significativa la situación del colegio Jovellanos, de Xixón, donde se han incumplido todos los plazos por problemas «burocráticos».
Los enfrentamientos entre instituciones como la Universidad y el Gobierno asturianos no parecen augurar nada bueno en este comienzo de curso, en que la asignatura pendiente vuelve a ser la de la situación de la lengua asturiana. La reforma estatutaria debe contemplar la oficialidad del asturiano y del gallego-asturiano en su ámbito para dejar de ser una materia de segundo orden.
No podemos concluir este artículo sin hablar del asunto más mediático en estos momentos. La campaña contra la nueva materia Educación para la Ciudadanía es curiosa si comparamos, por ejemplo, los contenidos de la misma con los de Religión, que sigue presente en nuestras aulas con un contenido claramente adoctrinador. Es lamentable que el ministerio permita que en los centros concertados se vaya a impartir aquella materia adaptada al ideario de los propietaros de los colegios.
Desde SUATEA, exigimos la inmediata rescisión de los conciertos educativos a los centros que incumplan la ley. Nuestra posición inicial sobre esta materia -pensamos que el tratamiento de valores debería hacerse de forma transversal por el conjunto del profesorado- no puede dejar de lado la exigencia de respeto para quienes van a impartir Ciudadanía.
Otros aspectos que preocupan son los programas puestos en marcha por la Consejería de Educación sin planes de formación específicos o la atención a la diversidad y al alumnado que desconoce nuestro idioma. Estos asuntos, así como la situación de la FP en Asturies, con la indefinición jurídica de los Centros Integrados y con el cierre de ciclos formativos en la red pública y la autorización de los mismos u otros en la red privada, también generan incertidumbre en la comunidad educativa.
Por todo ello es imprescindible garantizar ámbitos de negociación y diálogo con los interlocutores elegidos por el profesorado. Algo tan serio como la educación no puede verse relegado a un segundo plano.
Otra de las novedades de este curso, la nueva estructura del Gobierno asturiano por la que la gestión del personal docente es asumida por la Consejería de Administraciones Públicas, ya está mostrando sus primeras consecuencias: la adjudicación del profesorado (más de 800) en este mes de setiembre se está efectuando con listas provisionales y, por tanto, el personal interino que ahora se designa puede verse obligado a cambiar de centro cuando se publique la lista definitiva. Sabemos que las reclamaciones son numerosas. Este proceso irregular se ha puesto en marcha contradiciendo las propias intenciones de la Consejería de Educación. La falta de transparencia en la gestión y lo insólito del caso ponen otra nota de incertidumbre en este comienzo de curso. No sabemos qué otras consecuencias tendrá este importante cambio, pero no parece que sea beneficioso para la comunidad educativa ni para la mejora de las condiciones laborales del profesorado.
Hay novedades también en el ámbito estatal que afectan a nuestra comunidad. Los desarrollos de la nueva Ley Orgánica de Educaión (LOE) conllevan aspectos novedosos para toda la comunidad educativa. Como SUATEA planteó en el momento de su tramitación, la LOE abre la puerta a la privatización del sistema educativo y es continuista respecto a la LOCE. Los datos aparecidos en los medios de comunicación en el inicio de curso muestran cómo la parte correspondiente a la enseñanza privada aumenta en número de centros y de alumnado, con la consiguiente dualización social.
Y no sólo ocurre esto en las comunidades donde el PP gobierna, aunque en éstas la cesión de suelo público para construir centros concertados y la política de beneficiar a dicha red en detrimento de la pública es más sangrante. También en Asturies tenemos intentos de cesión de espacios públicos a centros concertados que pretenden implantarse en zonas en crecimiento de población. Nos referimos, por ejemplo, a los intentos de traslado del colegio San Eutiquio en Xixón de Cimavilla a la zona sur...
En realidad, se trata de una ley que ha sido elaborada de espaldas al profesorado y que no resuelve los problemas de nuestro sistema educativo: en vez de promover la mejora de la red pública, se transvasan ingentes cantidades de dinero a la red privada, que por ley puede ahora seguir seleccionando a su alumnado a través de mecanismos más o menos sutiles: cuotas, uniformes, gastos suplementarios, desvío de alumnado con necesidades educativas o socialmente desfavorecido...
La introducción de las llamadas competencias básicas que a partir de este curso deben centrar el trabajo del profesorado se ha hecho sin que exista un plan de formación para los docentes y sin considerar las consecuencias pedagógicas de tal medida
En materia de profesorado, nuevas normas que desarrollan la LOE, como el proyecto de decreto de Especialidades que el Ministerio de Educación acaba de presentar, avanzan en la línea de la desregulación laboral de los docentes, de la vuelta a las llamadas 'asignaturas afines'. Esta línea ya venía avanzada en los sucesivos borradores de Estatuto Docente, norma que el ministerio pretendió poner en marcha durante esta legislatura y que fue masivamente rechazado por el profesorado asturiano. Este Estatuto Docente, en vía muerta, es muy posible que en esta legislatura no pueda tramitarse.
Respecto al retraso de las obras de ampliación, mejora o nueva construcción de colegios e institutos, es significativa la situación del colegio Jovellanos, de Xixón, donde se han incumplido todos los plazos por problemas «burocráticos».
Los enfrentamientos entre instituciones como la Universidad y el Gobierno asturianos no parecen augurar nada bueno en este comienzo de curso, en que la asignatura pendiente vuelve a ser la de la situación de la lengua asturiana. La reforma estatutaria debe contemplar la oficialidad del asturiano y del gallego-asturiano en su ámbito para dejar de ser una materia de segundo orden.
No podemos concluir este artículo sin hablar del asunto más mediático en estos momentos. La campaña contra la nueva materia Educación para la Ciudadanía es curiosa si comparamos, por ejemplo, los contenidos de la misma con los de Religión, que sigue presente en nuestras aulas con un contenido claramente adoctrinador. Es lamentable que el ministerio permita que en los centros concertados se vaya a impartir aquella materia adaptada al ideario de los propietaros de los colegios.
Desde SUATEA, exigimos la inmediata rescisión de los conciertos educativos a los centros que incumplan la ley. Nuestra posición inicial sobre esta materia -pensamos que el tratamiento de valores debería hacerse de forma transversal por el conjunto del profesorado- no puede dejar de lado la exigencia de respeto para quienes van a impartir Ciudadanía.
Otros aspectos que preocupan son los programas puestos en marcha por la Consejería de Educación sin planes de formación específicos o la atención a la diversidad y al alumnado que desconoce nuestro idioma. Estos asuntos, así como la situación de la FP en Asturies, con la indefinición jurídica de los Centros Integrados y con el cierre de ciclos formativos en la red pública y la autorización de los mismos u otros en la red privada, también generan incertidumbre en la comunidad educativa.
Por todo ello es imprescindible garantizar ámbitos de negociación y diálogo con los interlocutores elegidos por el profesorado. Algo tan serio como la educación no puede verse relegado a un segundo plano.
