ECONOMÍA
56 industrias de Asturias deberán pagar los daños ambientales a partir de 2010
05.10.07 -
«Quien contamina paga». Inspirada en este principio, la nueva ley de Responsabilidad Medio Ambiental, aprobada ayer en el Parlamento, obligará a 56 industrias y 150 transportistas de mercancías peligrosas de Asturias a pagar, limpiar y reparar cualquier daño que produzcan a partir de 2010.
La norma pretende poner coto a los desmanes que la industria española provoca en los recursos naturales, y que sólo en los últimos años ha costado al Estado 183 millones de euros. La iniciativa obliga a determinadas empresas a firmar una póliza de seguro y prevé multas en caso de incumplimiento que van de los 10.000 euros a los dos millones, y la suspensión de la licencia de explotación entre uno y dos años. Un millón de explotaciones agrarias, 30.000 operadores de mercancías peligrosas y 5.000 instalaciones en España se verán afectados por esta regulación.
En el caso de las actividades económicas de mayor riesgo potencial de contaminación, caso de gestión de residuos, transporte de sustancias peligrosas, pesticidas, fitosanitarios, organismos genéticamente modificados, incineradoras o vertederos, entre otras, deberán constituir obligatoriamente fondos de garantía financiera según la intensidad y la extensión del perjuicio que puedan ocasionar. Dichas pólizas van de los 300.000 a los dos millones de euros.
La nueva ley exime de esta fianza a los responsables de aquellas empresas o actividades susceptibles de causar daños cuya reparación sea inferior a los 300.000 euros. Para saber este coste, el ministerio trabaja en un decreto que defina esta metodología y que tiene previsto aprobar en 2010.
La Ley de Responsabilidad Medio Ambiental crea un fondo estatal de reparación de daños ambientales en bienes de dominio público estatal, con cargo a los presupuestos generales del Estado; además de prever multas millonarias para las infracciones muy graves, caso de ocultar la existencia de un daño ambiental, no haber constituido el fondo económico de garantía si es obligado, o no adoptar las medidas preventivas y/o reparadoras.
Las sanciones más duras van desde los 50.000 a los dos millones de euros, e incluso la pérdida de licencia de actividad por uno o dos años, y en el caso de las infracciones graves las multas oscilarán entre 10.000 y 50.000 euros y la eventual suspensión por un máximo de un año.
La norma pretende poner coto a los desmanes que la industria española provoca en los recursos naturales, y que sólo en los últimos años ha costado al Estado 183 millones de euros. La iniciativa obliga a determinadas empresas a firmar una póliza de seguro y prevé multas en caso de incumplimiento que van de los 10.000 euros a los dos millones, y la suspensión de la licencia de explotación entre uno y dos años. Un millón de explotaciones agrarias, 30.000 operadores de mercancías peligrosas y 5.000 instalaciones en España se verán afectados por esta regulación.
En el caso de las actividades económicas de mayor riesgo potencial de contaminación, caso de gestión de residuos, transporte de sustancias peligrosas, pesticidas, fitosanitarios, organismos genéticamente modificados, incineradoras o vertederos, entre otras, deberán constituir obligatoriamente fondos de garantía financiera según la intensidad y la extensión del perjuicio que puedan ocasionar. Dichas pólizas van de los 300.000 a los dos millones de euros.
La nueva ley exime de esta fianza a los responsables de aquellas empresas o actividades susceptibles de causar daños cuya reparación sea inferior a los 300.000 euros. Para saber este coste, el ministerio trabaja en un decreto que defina esta metodología y que tiene previsto aprobar en 2010.
La Ley de Responsabilidad Medio Ambiental crea un fondo estatal de reparación de daños ambientales en bienes de dominio público estatal, con cargo a los presupuestos generales del Estado; además de prever multas millonarias para las infracciones muy graves, caso de ocultar la existencia de un daño ambiental, no haber constituido el fondo económico de garantía si es obligado, o no adoptar las medidas preventivas y/o reparadoras.
Las sanciones más duras van desde los 50.000 a los dos millones de euros, e incluso la pérdida de licencia de actividad por uno o dos años, y en el caso de las infracciones graves las multas oscilarán entre 10.000 y 50.000 euros y la eventual suspensión por un máximo de un año.
