GIJÓN
Los dueños de la residencia de ancianos Marbel se enfrentan a tres años y medio de prisión
El Ministerio Fiscal descarta presentarse en la causa al considerar que no existen responsabilidades penales en la investigación
06.10.07 -
Los propietarios de la residencia de la tercera edad Marbel, ubicada en la parroquia de Somió, serán juzgados la próxima semana por supuestos delitos de maltrato y abandono hacia las personas mayores que tenían bajo su tutela. Los hechos fueron denunciados en marzo 2005 por los representantes legales de una asociación de Villaviciosa y una ex empleada del establecimiento.
La acusación particular pide un total de tres años y medio de prisión para la familia que regentaba el negocio (un matrimonio y sus dos hijas). El Ministerio Fiscal, por su parte, no se personará en la causa al no apreciar ninguna irregularidad que fuese motivo de sanción penal, aunque no descarta que pueda existir responsabilidad administrativa. Los abogados de la defensa mantienen la inocencia de sus clientes y solicitan la libre absolución.
El juicio se celebrará el lunes y el martes en el juzgado de lo penal número 2 después de que el pasado mes de julio fuese retrasado ante la imposibilidad de testificar de dos de los agentes policiales que actuarán con testigos.
Asociación de mayores
Los hechos se remontan al año 2005. Fue entonces cuando la Asociación de Personas Mayores de Les Mariñes (Villaviciosa) denunció la situación degradante que, a su juicio, sufrían los usuarios de la residencia de Somió, al sobrepasar el número de inquilinos de capacidad legal del inmueble. Otro de los aspectos que aludieron los denunciantes fue que los trabajadores del geriátrico dejaban a los residentes en el interior de una furgoneta en el aparcamiento de un centro comercial de Gijón para evitar así las posibles sanciones de los inspectores del Principado. A la denuncia presentada por esa agrupación se suma la de una ex empleada de dicha residencia.
En abril de 2005, agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a la familia que gestionaba la la residencia. Fue puesta en libertad tras prestar declaración ante el juez a la espera de que se celebrase la vista oral.
Paralelamente a la investigación policial, el Principado, a través de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, abrió un expediente sancionador a la residencia, que concluyó con la orden de cierre y la imposición de una sanción económica que rondaba los 12.000 euros. No era la primera vez que el Gobierno regional multaba a los propietarios de Marbel, quienes ya habían sido expedientados en tres ocasiones anteriores con motivo de las negligencias que presentaban otros tantos centros abiertos en diferentes enclaves. Los cierres de aquellos negocios estuvieron acompañados con multas de hasta 19.000 euros.
Por su parte, los usuarios de la residencia Marbel fueron realojados en su día en la Residencia Mixta de Pumarín y en un geriátrico de Guimarán.
A pesar de que la causa fue sobreseída en un primer momento por el juzgado de lo penal número 2, la Sección Octava de la Audiencia Provincial obligó posteriormente a que se celebrase la vista oral. El juicio tendrá lugar los próximos lunes y martes.
La acusación particular pide un total de tres años y medio de prisión para la familia que regentaba el negocio (un matrimonio y sus dos hijas). El Ministerio Fiscal, por su parte, no se personará en la causa al no apreciar ninguna irregularidad que fuese motivo de sanción penal, aunque no descarta que pueda existir responsabilidad administrativa. Los abogados de la defensa mantienen la inocencia de sus clientes y solicitan la libre absolución.
El juicio se celebrará el lunes y el martes en el juzgado de lo penal número 2 después de que el pasado mes de julio fuese retrasado ante la imposibilidad de testificar de dos de los agentes policiales que actuarán con testigos.
Asociación de mayores
Los hechos se remontan al año 2005. Fue entonces cuando la Asociación de Personas Mayores de Les Mariñes (Villaviciosa) denunció la situación degradante que, a su juicio, sufrían los usuarios de la residencia de Somió, al sobrepasar el número de inquilinos de capacidad legal del inmueble. Otro de los aspectos que aludieron los denunciantes fue que los trabajadores del geriátrico dejaban a los residentes en el interior de una furgoneta en el aparcamiento de un centro comercial de Gijón para evitar así las posibles sanciones de los inspectores del Principado. A la denuncia presentada por esa agrupación se suma la de una ex empleada de dicha residencia.
En abril de 2005, agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a la familia que gestionaba la la residencia. Fue puesta en libertad tras prestar declaración ante el juez a la espera de que se celebrase la vista oral.
Paralelamente a la investigación policial, el Principado, a través de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, abrió un expediente sancionador a la residencia, que concluyó con la orden de cierre y la imposición de una sanción económica que rondaba los 12.000 euros. No era la primera vez que el Gobierno regional multaba a los propietarios de Marbel, quienes ya habían sido expedientados en tres ocasiones anteriores con motivo de las negligencias que presentaban otros tantos centros abiertos en diferentes enclaves. Los cierres de aquellos negocios estuvieron acompañados con multas de hasta 19.000 euros.
Por su parte, los usuarios de la residencia Marbel fueron realojados en su día en la Residencia Mixta de Pumarín y en un geriátrico de Guimarán.
A pesar de que la causa fue sobreseída en un primer momento por el juzgado de lo penal número 2, la Sección Octava de la Audiencia Provincial obligó posteriormente a que se celebrase la vista oral. El juicio tendrá lugar los próximos lunes y martes.
