Internacional
Bush admite que aún funcionan cárceles secretas pero niega que haya torturas
Al menos un partidario de Bin Laden está confinado en una prisión de la CIA tras su detención en colaboración con Turquía
06.10.07 -
DESPACHO OVAL. Bush atiende a la prensa en la Casa Blanca. / AP
No hizo falta preguntarle. George W. Bush quería hablar de las cárceles secretas de la CIA que estos días han resucitado en las portadas de los periódicos, pero no precisamente para negar su existencia, sólo para rechazar que en ellas se torture.
«Cuando encontramos a alguien que puede tener información relacionada con un ataque potencial contra Estados Unidos, pueden apostar a que vamos a detenerle, y pueden apostar a que vamos a interrogarle», admitió espontáneamente tras unas declaraciones sobre el curso de la economía. «El pueblo americano espera que obtengamos esa información sobre la que podamos actuar para protegerles. Ése es nuestro trabajo», espetó.
La víspera, el diario 'The New York Times' había publicado que las cárceles secretas de la CIA aún sobreviven en ultramar, pese a que desde que Bush admitiese públicamente su existencia en septiembre del año pasado se suponía que habían sido cerradas tras el traslado de los catorce presos que en ellas se encontraban a la base naval de Guantánamo.
La agencia Reuters corroboró ayer esta información con fuentes del Gobierno, que emplazan al menos a un miembro de Al-Qaida en uno de estos «agujeros negros» a los que se refería el rotativo neoyorquino.
Otro alto funcionario antiterrorista dijo a Reuters que el líder de Al-Qaida Abd Al Baqi fue detenido en Turquía en mayo y entregado a Washington, lo que confirmaría y ampliaría la colaboración de países europeos con el Gobierno americano en estas prácticas que violan los derechos humanos y la legalidad internacional.
«Nos ceñimos a la ley»
Un detalle éste con el que Bush no está de acuerdo. Según él, «este Gobierno no tortura a la gente», dijo ayer. «Nos ceñimos a la ley de Estados Unidos y a las obligaciones internacionales». No es eso lo que se desprendía de los memorandums internos firmados por el ex fiscal general Alberto Gonzales, a los que ha tenido acceso 'The New York Times', y que el Senado reclama sin éxito.
En ellos, el hispano que más arriba ha llegado en la Administración autorizaba explícitamente en 2005 el uso de técnicas que fueran «una combinación de dolorosas tácticas físicas y psicológicas». Algo que sin duda encaja con la definición de tortura. Como también viola la Convención de Ginebra detener a prisioneros sin informar a la Cruz Roja y las familias. Estados Unidos sortea esa legalidad al calificarlos de «combatientes enemigos» en vez de prisioneros de guerra.
El Departamento de Justicia de EE UU declaró públicamente en diciembre de 2004 que la tortura era una práctica «aborrecible», pero la situación cambió tras el nombramiento de Gonzales en febrero de 2005, según el diario, que cita como fuentes varios funcionarios a los que se les informó de las nuevas tácticas de interrogatorio.
«Cuando encontramos a alguien que puede tener información relacionada con un ataque potencial contra Estados Unidos, pueden apostar a que vamos a detenerle, y pueden apostar a que vamos a interrogarle», admitió espontáneamente tras unas declaraciones sobre el curso de la economía. «El pueblo americano espera que obtengamos esa información sobre la que podamos actuar para protegerles. Ése es nuestro trabajo», espetó.
La víspera, el diario 'The New York Times' había publicado que las cárceles secretas de la CIA aún sobreviven en ultramar, pese a que desde que Bush admitiese públicamente su existencia en septiembre del año pasado se suponía que habían sido cerradas tras el traslado de los catorce presos que en ellas se encontraban a la base naval de Guantánamo.
La agencia Reuters corroboró ayer esta información con fuentes del Gobierno, que emplazan al menos a un miembro de Al-Qaida en uno de estos «agujeros negros» a los que se refería el rotativo neoyorquino.
Otro alto funcionario antiterrorista dijo a Reuters que el líder de Al-Qaida Abd Al Baqi fue detenido en Turquía en mayo y entregado a Washington, lo que confirmaría y ampliaría la colaboración de países europeos con el Gobierno americano en estas prácticas que violan los derechos humanos y la legalidad internacional.
«Nos ceñimos a la ley»
Un detalle éste con el que Bush no está de acuerdo. Según él, «este Gobierno no tortura a la gente», dijo ayer. «Nos ceñimos a la ley de Estados Unidos y a las obligaciones internacionales». No es eso lo que se desprendía de los memorandums internos firmados por el ex fiscal general Alberto Gonzales, a los que ha tenido acceso 'The New York Times', y que el Senado reclama sin éxito.
En ellos, el hispano que más arriba ha llegado en la Administración autorizaba explícitamente en 2005 el uso de técnicas que fueran «una combinación de dolorosas tácticas físicas y psicológicas». Algo que sin duda encaja con la definición de tortura. Como también viola la Convención de Ginebra detener a prisioneros sin informar a la Cruz Roja y las familias. Estados Unidos sortea esa legalidad al calificarlos de «combatientes enemigos» en vez de prisioneros de guerra.
El Departamento de Justicia de EE UU declaró públicamente en diciembre de 2004 que la tortura era una práctica «aborrecible», pero la situación cambió tras el nombramiento de Gonzales en febrero de 2005, según el diario, que cita como fuentes varios funcionarios a los que se les informó de las nuevas tácticas de interrogatorio.
