Internacional
El juez rebaja la presión sobre la familia de Pinochet y recomienda su libertad provisional
La Corte de Apelación decide hoy sobre las excarcelaciones La defensa intenta que los delitos recaigan en el dictador fallecido
06.10.07 -
CAMINO DE LA CÁRCEL. Dos de las hijas del dictador son conducidas en un coche policial tras prestar declaración. / AP
En una decisión inesperada, el juez Carlos Cerdá, que el jueves procesó y ordenó el arresto de la viuda, los cinco hijos de Augusto Pinochet y otras diecisiete personas del círculo íntimo del dictador chileno por malversación de fondos públicos, rebajó ayer la gravedad de los cargos y dio su visto bueno para que obtengan la la libertad provisional, aunque esta medida deberá ser ratificada por la Corte de Apelación. Sólo sobre Oscar Aitken, antiguo albacea del hombre que gobernó el país con mano de hierro, sigue la orden de prisión, ya que no ha comparecido ante el magistrado y es buscado por la Policía. «No encuentro razones justificadas para mantener esta medida cautelar», explicó Cerdá.
La V Sala de la Corte de Apelaciones se reunirá hoy para resolver la concesión de libertad provisional y los recursos de hábeas corpus presentados por los defensores de la mayoría de los procesados. En caso de ser ratificadas las excarcelaciones, Cerdá fijará fianzas a los imputados, que, tras depositarlas, podrán abandonar inmediatamente las celdas que ocupan desde el jueves.
La libertad provisional no anula la situación procesal de un reo, pero los amparos tienen una connotación distinta, pues con ellos los defensores buscan anular de forma definitiva la acción judicial, sobre la base de alguna ilegalidad en el cometido del magistrado instructor del sumario. Si un recurso es aceptado, el procesado queda exonerado de inmediato y definitivamente, sin que el juez pueda adoptar nuevas resoluciones.
Los abogados de los distintos integrantes de la familia argumentan que la orden de arresto se emitió sin que antes sean citados a declaración indagatoria, que los delitos de malversación de fondos públicos sólo podrían achacarse a funcionarios, y alegan que todo se trata de una campaña de persecución político-familiar.
«Malos manejos»
El defensor de la viuda, Pablo Rodríguez, sostiene ahora que no se puede achacar al cónyuge delitos que pudo haber cometido su marido. El letrado había sido un acérrimo defensor de Pinochet hasta su muerte. Pero cuando su cliente principal ha desaparecido prefiere derivarle todas las responsabilidades. En el mismo sentido se pronunció el nieto Augusto. «Si mi abuelo cometió un delito es él quien debe responder, no la gente que lo rodea», remarcó. El también militar consideró que el patriarca de la familia, que murió a los 91 años, pudo haber hecho «malos manejos» de dinero, pero «tampoco es tanta plata para un padre que quiere ayudar a sus hijos», minimizó.
La fortuna de Pinochet fue estimada hasta el momento en más de 26 millones de euros. El juez estableció en su dictamen que como ex presidente, ex senador vitalicio autodesignado y ex comandante en jefe no pudo haber acumulado un patrimonio de más de tres millones. Sin embargo, el magistrado comprobó que mediante el traslado de fondos reservados a cuentas bancarias y paraísos fiscales, el ex gobernante adquirió hasta cuarenta propiedades y otros bienes personales por valor cercano a 15 millones.
El abogado querellante Alfonso Insulza declaró que el juez logró «acreditar» que el patrimonio de Pinochet no correspondía con sus ingresos legales. «Si no aceptan la figura de malversación de fondos públicos» porque no eran funcionarios, los familiares deberán ser encausados por «enriquecimiento ilícito o estafa», advirtió.
Cerdá viaja este fin de semana a Washington para recibir un galardón de la Fundación Gruber, que premia su valentía en las causas abiertas contra el dictador cuando aún estaba vivo. El reconocimiento, que se le otorgará el miércoles, será un respaldo más que necesario para el juez, acosado por los letrados de la familia hasta ayer más poderosa de Chile.
Los imputados están encabezados por la viuda de Pinochet, Lucía Hiriart, de 84 años. Al igual que cuando la Justicia la requirió en 2005 por complicidad en evasión de impuestos, la mujer fue ingresada al Hospital Militar, donde permanece «a la espera de que se respeten sus derechos», afirmó uno de sus nietos, el ex capitán Augusto Pinochet Molina. La anciana pasó un rato en compañía del ultraderechista cardenal Jorge Medina, ex obispo, que la encontró «tranquila pero preocupada por sus hijos». Es que también fueron encausadas las tres féminas -Lucía, Verónica y Jacqueline- y los dos varones -Augusto y Marco Antonio-.
La V Sala de la Corte de Apelaciones se reunirá hoy para resolver la concesión de libertad provisional y los recursos de hábeas corpus presentados por los defensores de la mayoría de los procesados. En caso de ser ratificadas las excarcelaciones, Cerdá fijará fianzas a los imputados, que, tras depositarlas, podrán abandonar inmediatamente las celdas que ocupan desde el jueves.
La libertad provisional no anula la situación procesal de un reo, pero los amparos tienen una connotación distinta, pues con ellos los defensores buscan anular de forma definitiva la acción judicial, sobre la base de alguna ilegalidad en el cometido del magistrado instructor del sumario. Si un recurso es aceptado, el procesado queda exonerado de inmediato y definitivamente, sin que el juez pueda adoptar nuevas resoluciones.
Los abogados de los distintos integrantes de la familia argumentan que la orden de arresto se emitió sin que antes sean citados a declaración indagatoria, que los delitos de malversación de fondos públicos sólo podrían achacarse a funcionarios, y alegan que todo se trata de una campaña de persecución político-familiar.
«Malos manejos»
El defensor de la viuda, Pablo Rodríguez, sostiene ahora que no se puede achacar al cónyuge delitos que pudo haber cometido su marido. El letrado había sido un acérrimo defensor de Pinochet hasta su muerte. Pero cuando su cliente principal ha desaparecido prefiere derivarle todas las responsabilidades. En el mismo sentido se pronunció el nieto Augusto. «Si mi abuelo cometió un delito es él quien debe responder, no la gente que lo rodea», remarcó. El también militar consideró que el patriarca de la familia, que murió a los 91 años, pudo haber hecho «malos manejos» de dinero, pero «tampoco es tanta plata para un padre que quiere ayudar a sus hijos», minimizó.
La fortuna de Pinochet fue estimada hasta el momento en más de 26 millones de euros. El juez estableció en su dictamen que como ex presidente, ex senador vitalicio autodesignado y ex comandante en jefe no pudo haber acumulado un patrimonio de más de tres millones. Sin embargo, el magistrado comprobó que mediante el traslado de fondos reservados a cuentas bancarias y paraísos fiscales, el ex gobernante adquirió hasta cuarenta propiedades y otros bienes personales por valor cercano a 15 millones.
El abogado querellante Alfonso Insulza declaró que el juez logró «acreditar» que el patrimonio de Pinochet no correspondía con sus ingresos legales. «Si no aceptan la figura de malversación de fondos públicos» porque no eran funcionarios, los familiares deberán ser encausados por «enriquecimiento ilícito o estafa», advirtió.
Cerdá viaja este fin de semana a Washington para recibir un galardón de la Fundación Gruber, que premia su valentía en las causas abiertas contra el dictador cuando aún estaba vivo. El reconocimiento, que se le otorgará el miércoles, será un respaldo más que necesario para el juez, acosado por los letrados de la familia hasta ayer más poderosa de Chile.
Los imputados están encabezados por la viuda de Pinochet, Lucía Hiriart, de 84 años. Al igual que cuando la Justicia la requirió en 2005 por complicidad en evasión de impuestos, la mujer fue ingresada al Hospital Militar, donde permanece «a la espera de que se respeten sus derechos», afirmó uno de sus nietos, el ex capitán Augusto Pinochet Molina. La anciana pasó un rato en compañía del ultraderechista cardenal Jorge Medina, ex obispo, que la encontró «tranquila pero preocupada por sus hijos». Es que también fueron encausadas las tres féminas -Lucía, Verónica y Jacqueline- y los dos varones -Augusto y Marco Antonio-.
