Politica
El Gobierno vasco critica la aplicación de la ley «en base a criterios electorales»
«El poder Judicial es independiente y actúa con arreglo al principio de legalidad», señaló María Teresa Fernández de la Vega
06.10.07 -
ENFRENTAMIENTO. Agentes de la Policía Nacional tuvieron que controlar a simpatizantes de la izquierda abertzale en Vitoria. / EFE
El Gobierno vasco y los partidos que lo apoyan arremetieron ayer con contundencia contra la detención de 23 dirigentes de la izquierda abertzale, una actuación detrás de la cual ven un móvil más político que jurídico. Así, el portavoz y candidato a la presidencia del PNV, Iñigo Urkullu, criticó que la Ley de Partidos se aplique «en base a frustraciones o intereses electoralistas o de parte», ya que «no ayuda en nada al camino que tengamos que abordar para resolver el conflicto político y conseguir un proceso de pacificación en la sociedad vasca».
Urkullu enmarcó la operación policial en el «ejercicio permanente y repetido de ficción en el que algunos poderes del Estado están instalados», y citó explícitamente al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y al juez Baltasar Garzón. En su opinión, «todos sabemos que los detenidos tienen una responsabilidad política al frente de la izquierda abertzale, pero eso ya se sabía hace meses, cuando unos y otros estábamos en conversaciones» en el fracasado proceso de paz. De ahí su denuncia de que la ley se aplique atendiendo a «contextos», de una forma «interesada».
Consulta de Ibarretxe
Para el consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, la existencia de una «oportunidad» y un «impulso» político en la decisión de Garzón es «evidente», aunque la vincula más que con las próximas elecciones generales, con un intento de «tensionar» la sociedad ante el debate abierto a raíz del anuncio del lendakari Ibarretxe de que convocará un referéndum en el otoño de 2008.
Ejerciendo de portavoz del tripartito, Azkarraga exigió al Ejecutivo central que explique la «contradicción» y la «hipocresía» que supone «perseguir a dirigentes de la denominada izquierda abertzale cuando todavía en el mes de mayo de este año representantes del PSOE y del Gobierno se reunieron con ellos para hablar del futuro político de nuestro país».
La represión de ANV
Dos representantes de ANV declararon ayer, al término de una manifestación en Villava, que las detenciones de la Mesa de Batasuna responden a las ideas de «Zapatero, Llamazares, Rubalcaba, Chivite, Rajoy, Del Burgo, Sanz y un largo etcétera de constitución-represión». Además, señalaron, «se ilegaliza a partidos y listas electorales con el argumento 'por si cuela' y por si fuera poco imponen el veto de gobernar a los nacionalistas vascos, aunque estos estén domesticados y hayan renunciado a sus ideales, o califican como agresión y confrontación el llamamiento a una consulta y siguen hablando de democracia».
Desde el Gobierno, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega subrayó que la redada a la cúpula de Batasuna responde al normal funcionamiento de las instituciones democráticas. «El poder Judicial es independiente, actúa con arreglo a los criterios de independencia y con sujeción al principio de legalidad», recalcó. «¿Son positivas estas detenciones para la lucha contra el terrorismo?¿servirán para avanzar en el cerco a ETA?». Su respuesta fue, sin embargo, esquiva. De la Vega se limitó a subrayar que son la prueba de que «el Estado de Derecho funciona" y alegó que el Gobierno no tiene «nada» que decir.
Urkullu enmarcó la operación policial en el «ejercicio permanente y repetido de ficción en el que algunos poderes del Estado están instalados», y citó explícitamente al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y al juez Baltasar Garzón. En su opinión, «todos sabemos que los detenidos tienen una responsabilidad política al frente de la izquierda abertzale, pero eso ya se sabía hace meses, cuando unos y otros estábamos en conversaciones» en el fracasado proceso de paz. De ahí su denuncia de que la ley se aplique atendiendo a «contextos», de una forma «interesada».
Consulta de Ibarretxe
Para el consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, la existencia de una «oportunidad» y un «impulso» político en la decisión de Garzón es «evidente», aunque la vincula más que con las próximas elecciones generales, con un intento de «tensionar» la sociedad ante el debate abierto a raíz del anuncio del lendakari Ibarretxe de que convocará un referéndum en el otoño de 2008.
Ejerciendo de portavoz del tripartito, Azkarraga exigió al Ejecutivo central que explique la «contradicción» y la «hipocresía» que supone «perseguir a dirigentes de la denominada izquierda abertzale cuando todavía en el mes de mayo de este año representantes del PSOE y del Gobierno se reunieron con ellos para hablar del futuro político de nuestro país».
La represión de ANV
Dos representantes de ANV declararon ayer, al término de una manifestación en Villava, que las detenciones de la Mesa de Batasuna responden a las ideas de «Zapatero, Llamazares, Rubalcaba, Chivite, Rajoy, Del Burgo, Sanz y un largo etcétera de constitución-represión». Además, señalaron, «se ilegaliza a partidos y listas electorales con el argumento 'por si cuela' y por si fuera poco imponen el veto de gobernar a los nacionalistas vascos, aunque estos estén domesticados y hayan renunciado a sus ideales, o califican como agresión y confrontación el llamamiento a una consulta y siguen hablando de democracia».
Desde el Gobierno, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega subrayó que la redada a la cúpula de Batasuna responde al normal funcionamiento de las instituciones democráticas. «El poder Judicial es independiente, actúa con arreglo a los criterios de independencia y con sujeción al principio de legalidad», recalcó. «¿Son positivas estas detenciones para la lucha contra el terrorismo?¿servirán para avanzar en el cerco a ETA?». Su respuesta fue, sin embargo, esquiva. De la Vega se limitó a subrayar que son la prueba de que «el Estado de Derecho funciona" y alegó que el Gobierno no tiene «nada» que decir.
