
Sánchez explicó que, aunque la consulta popular es opcional, los casos de las celebradas en Cataluña y Andalucía han hecho que se «abriera una reflexión» sobre el «poco interés» que despiertan las «reformas que se hacen a espaldas de la sociedad». «En Asturias, aprovechando esa experiencia, creo que deberíamos evitarlo», concluyó.
En cuanto a la participación social, dijo que puede concretarse con comparecencias parlamentarias y la presencia de «alcaldes e instituciones, que expongan sus necesidades y la forma institucional de darles respuesta».
El líder regional del PP hizo estas declaraciones tras celebrarse la reunión inaugural de la ponencia parlamentaria constituida para abordar el debate político sobre la reforma. El encuentro fue apenas una toma de contacto en la que los nueve ponentes (tres de cada grupo) sólo abordaron cuestiones formales sobre su método de trabajo, sin entrar en los contenidos que cada uno propone para la primera de las leyes asturianas. Sobre este punto, sin embargo, poco margen cabe para la sorpresa, ya que cada uno reiteró las posiciones que viene defendiendo tradicionalmente para la modificación estatutaria. En el caso de los populares, que se lleve a cabo «dentro del ámbito constitucional» y que implique «un marco multilateral» en las relaciones de Asturias con otras comunidades».
En busca del consenso
Sobre el resultado final, los tres grupos apostaron inicialmente por la posibilidad de llegar a un acuerdo unánime sobre el nuevo texto. Con ese objetivo, el secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Javier Fernández, prometió ayer que su partido va a «agotar su margen de flexibilidad» en la negociación de la reforma.
Aunque el líder de los socialistas asturianos quiso recalcar que «nuestras posiciones están claras y son sólidas», añadió que «en ningún caso vamos a descalificar las de los adversarios, que son legítimas», y aseguró que «estamos dispuestos a trabajar con concesiones y con altura de miras», porque «creemos que debe ser el Estatuto de todos los ciudadanos y no el Estatuto de un grupo político». Su reforma es, por tanto, en su opinión, «un espacio privilegiado para el acuerdo y no para la confrontación».
Eso sí, a continuación marcó las diferencias que separan a la FSA, sobre todo, de Izquierda Unida: «Hay dos maneras de entender una reforma estatutaria, que no digo tampoco que sean incompatibles: algunos ponen más interés en las cuestiones de carácter identitario y nosotros vemos el Estatuto como una herramienta para aproximar la política a los ciudadanos, para el desarrollo económico, para la cohesión social y para el equilibrio territorial».
Reivindicaciones de IU
Tampoco el coordinador general y portavoz de Izquierda Unida, Jesús Iglesias, ocultó esas diferencias y, aunque también expresó su deseo de consenso, dijo estar preocupado por las declaraciones de distintos dirigentes socialistas acerca de que no todo lo que es constitucionalmente posible en la reforma resulta políticamente adecuado. Eso le hace temer que los otros dos grupos, que tienen mayoría suficiente para aprobar el nuevo texto sin el apoyo de IU, acaben pactando un Estatuto «a la baja».
Iglesias defendió una reforma que permita «que Asturias deje de ser una comunidad subalterna» y reiteró los contenidos con los que IU cree que eso puede conseguirse: que se reconozca la historia de Asturias y su identidad, que incluya una carta de derechos ciudadanos y sociales, la capacidad ilimitada de disolución de la Junta, la presencia institucional del Principado y, de manera especial, la oficialidad de la lengua asturiana, una de sus banderas en este debate.
Iglesias, además, lamentó el tiempo perdido por no haber iniciado el proceso de reforma la pasada legislatura, mientras que PSOE y PP coincidieron en pedir que se trabaje sin prisas ni «presiones temporales». JAVIER FERNÁNDEZ
JESÚS IGLESIAS
OVIDIO SÁNCHEZ





