El Comercio Digital

Los dueños de la residencia geriátrica Marbel, imputados por sendos presuntos delitos de maltrato y abandono de personas incapaces, se sentaron ayer por primera vez en el banquillo año y medio después de que la Audiencia Provincial revocase el sobreseimiento de este caso. En su comparecencia ante el juez los acusados, un matrimonio y sus dos hijas, negaron los hechos que se les imputan y aseguraron que cuando sacaban por las mañanas en coche a varios residentes del centro lo hacían «por motivos de esparcimiento» y no para ocultar la sobreocupación del centro, como sostiene la acusación.

Los hechos juzgados se remontan a 2005. Ese año, la Asociación de Personas Mayores Les Mariñes, de Quintueles, denunció que el centro tenía más residentes de los permitidos y que sus responsables sacaban cada mañana a varios de ellos en una furgoneta para evitar que fueran descubiertos si había una inspección de Bienestar Social. Los denunciantes aseguraron que los ancianos pasaban horas encerrados dentro del vehículo.

Una hora en el coche

El 5 de abril de 2005 dos inspectoras de la consejería se personaron en la residencia acompañados de agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Dos agentes declararon que a las nueve de la mañana tres residentes fueron introducidos en un Ford Mondeo, conducido por A. G. C., que abandonó el centro y no regresó hasta las 14 horas. En este tiempo, en el que según la Policía hizo dos paradas de más de una hora en sendos aparcamientos, «dos de los ancianos no se bajaron en ningún momento y otro entró y salió un par de veces durante el viaje».

Mientras el vehículo permanecía estacionado en el aparcamiento de unos supermercados próximos a la residencia, A. G. C. lo abandonó con los ancianos dentro y corrió hacia el geriátrico «porque me puse nervioso cuando ví tanta policía allí y pensé que había pasado algo grave». El imputado explicó que esa mañana había salido con los tres ancianos «porque uno tenía que ir al dentista, otro al médico y otro siempre quería ir conmigo porque le gustaba pasear en el coche». A. G. C. negó que los residentes hubieran quedado encerrados en el vehículo las dos ocasiones en que éste estuvo estacionado y apuntó que en una de ellas «entraron conmigo en un bar y después de la consumición quisieron volver al coche a escuchar la radio». El acusado reconoció que era habitual que salieran del centro con algunos residentes, pero señaló que lo hacían «por esparcimiento» y con el conocimiento de las familias.

Entre los testigos comparecieron varias trabajadoras de un centro comercial al que acudían habitualmente los dueños del geriátrico de la residencia con algunos ancianos. Según declararon, A. G. C. y M. Y. F. dejaron en varias ocasiones a los residentes solos en la cafetería «desde las diez de la mañana hasta la una». En este tiempo permanecían sentados en las mesas o en la barra y uno de ellos, que tenía mermadas sus facultades mentales, consumía cerveza «con conocimiento de los dueños del centro». En alguna ocasión, apuntaron, la cerveza se servía sin alcohol por iniciativa de las trabajadoras. «Nunca se nos pidió que les vigiláramos ni nada».

Algunos testigos apuntaron que alguna vez «dejaban toda la mañana a los ancianos en la furgoneta y tapaban las ventanas para que no se les viera». Otros negaron, sin embargo, este punto así como las acusaciones de que los ancianos vivieran en malas condiciones. La posible existencia de agresiones físicas fue desmentida por todos los testigos. Pese a coincidir todas las partes en que el número de residentes excedía la capacidad autorizada -había 15 personas y su licencia permitía 7-, hubo versiones dispares sobre la existencia o no de camas suficientes.