Oviedo
El juez acepta el plan del dueño de San Claudio que supondrá el despido de 42 empleados
Descarta una «quiebra fraudulenta» y da el visto bueno a la regulación de empleo, que incluye hasta 54 prejubilaciones con cargo al Principado. La plantilla estudiará presentar un recurso contra la decisión judicial
ENTRE PLATOS. Una de los 139 trabajadores actuales trabaja en las instalaciones. / MARIO ROJAS.
EL AUTO
Los peores temores de la plantilla de la factoría de loza se han cumplido. El magistrado del Juzgado de lo Mercantil, Alfonso Muñoz Paredes, autorizó ayer a la dirección de la Fábrica de Loza de San Claudio, S. A. llevar a cabo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que contempla la extinción colectiva de 93 de los 139 contratos de trabajo.
La factoría se quedará a partir de ahora con sólo 52 empleados; la Administración regional pagará las prejubilaciones de 45 mayores de 55 años, a los que se sumarán otros 9 en los próximos dos años; y el resto, otros 42, pasarán a engrosar las listas del paro con una indemnización de 20 días por año trabajado.
El comité de empresa dispone ahora de cinco días para presentar un recurso contra dicha resolución, que no supondrá en ningún caso la paralización del concurso. En una asamblea celebrada ayer en la fábrica, los trabajadores tomaron la decisión de estudiar la posibilidad de recurrir el auto judicial, según informaron ayer fuentes sindicales
El auto pone fin a diez meses de incertidumbre. Comenzó el pasado mes de enero, cuando Ruiz de Alda planteó mantener sólo a 16 empleados y desviar la producción al extranjero. Las modificaciones realizadas en este primer plan y los números de la empresa, que acumula dos millones de euros de deuda, han hecho que ahora Muñoz Paredes dé luz verde a los planes de la dirección.
«Sin duda debe lamentarse este sacrificio laboral, pero no existen alternativas viables», reconoció el juez en el auto. Según recordó, aunque la plantilla presentó en marzo un plan de viabilidad encargado al Instituto Cies y que garantizaba la rentabilidad con 110 trabajadores, en setiembre no pudo presentar a «ningún empresario que avalara tal proyecto de futuro».
Documentos claves
Para tomar esta decisión, ha valorado en profundidad dos documentos. En primer lugar, el plan de viabilidad propuesto por el empresario que, en síntesis, planteaba mantener sólo 43 trabajadores (29 para elaboración, 5 en logística y 3 en tienda) y mantener únicamente la producción de bizcocho en el municipio. La pasta se compraría ya preparada a empresas especializadas de Francia y Portugal, y el esmaltado y decoración se enviaría a otras empresas en el exterior, suministrando San Claudio las calcomanías.
El magistrado también ha tenido en cuenta el informe que la Dirección General de Trabajo le envió el pasado 2 de octubre. La Administración regional señaló que, antes de entrar obligatoriamente en fase de liquidación, sería mejor mantener a 43 empleados. Reconoció además que el sector de la cerámica se encuentra en un momento difícil con la competencia de los países emergentes económicamente y se compromete a afrontar un plan de prejubilaciones a tres años que permitirá la extinción anticipada de los trabajadores que, entre 2007 y 2009, alcancen los 55 años. Les garantizará el 75% del salario bruto hasta la edad de jubilación.
En el auto hecho público ayer, el juez recordó también que en estos últimos meses los representantes de los trabajadores se «han negado a aceptar la propuesta formulada por la empresa». Rechazó también que las cuentas presentadas por Ruiz de Alda encubrieran una «quiebra fraudulenta», como llegaron a denunciar los sindicatos.
Próxima decisión
A la espera de conocer si la plantilla presenta el recurso contra el auto, el juez recordó ayer que la aprobación de este plan de regulación de empleo va unida a la propuesta de convenio con los acreedores que Ruiz de Alda presentará el próximo 16 de octubre. «De no acordarse la extinción solicitada sólo cabría la liquidación y el cierre de la empresa y el despido de la totalidad de los trabajadores», indicó en el auto.
La factoría se quedará a partir de ahora con sólo 52 empleados; la Administración regional pagará las prejubilaciones de 45 mayores de 55 años, a los que se sumarán otros 9 en los próximos dos años; y el resto, otros 42, pasarán a engrosar las listas del paro con una indemnización de 20 días por año trabajado.
El comité de empresa dispone ahora de cinco días para presentar un recurso contra dicha resolución, que no supondrá en ningún caso la paralización del concurso. En una asamblea celebrada ayer en la fábrica, los trabajadores tomaron la decisión de estudiar la posibilidad de recurrir el auto judicial, según informaron ayer fuentes sindicales
El auto pone fin a diez meses de incertidumbre. Comenzó el pasado mes de enero, cuando Ruiz de Alda planteó mantener sólo a 16 empleados y desviar la producción al extranjero. Las modificaciones realizadas en este primer plan y los números de la empresa, que acumula dos millones de euros de deuda, han hecho que ahora Muñoz Paredes dé luz verde a los planes de la dirección.
«Sin duda debe lamentarse este sacrificio laboral, pero no existen alternativas viables», reconoció el juez en el auto. Según recordó, aunque la plantilla presentó en marzo un plan de viabilidad encargado al Instituto Cies y que garantizaba la rentabilidad con 110 trabajadores, en setiembre no pudo presentar a «ningún empresario que avalara tal proyecto de futuro».
Documentos claves
Para tomar esta decisión, ha valorado en profundidad dos documentos. En primer lugar, el plan de viabilidad propuesto por el empresario que, en síntesis, planteaba mantener sólo 43 trabajadores (29 para elaboración, 5 en logística y 3 en tienda) y mantener únicamente la producción de bizcocho en el municipio. La pasta se compraría ya preparada a empresas especializadas de Francia y Portugal, y el esmaltado y decoración se enviaría a otras empresas en el exterior, suministrando San Claudio las calcomanías.
El magistrado también ha tenido en cuenta el informe que la Dirección General de Trabajo le envió el pasado 2 de octubre. La Administración regional señaló que, antes de entrar obligatoriamente en fase de liquidación, sería mejor mantener a 43 empleados. Reconoció además que el sector de la cerámica se encuentra en un momento difícil con la competencia de los países emergentes económicamente y se compromete a afrontar un plan de prejubilaciones a tres años que permitirá la extinción anticipada de los trabajadores que, entre 2007 y 2009, alcancen los 55 años. Les garantizará el 75% del salario bruto hasta la edad de jubilación.
En el auto hecho público ayer, el juez recordó también que en estos últimos meses los representantes de los trabajadores se «han negado a aceptar la propuesta formulada por la empresa». Rechazó también que las cuentas presentadas por Ruiz de Alda encubrieran una «quiebra fraudulenta», como llegaron a denunciar los sindicatos.
Próxima decisión
A la espera de conocer si la plantilla presenta el recurso contra el auto, el juez recordó ayer que la aprobación de este plan de regulación de empleo va unida a la propuesta de convenio con los acreedores que Ruiz de Alda presentará el próximo 16 de octubre. «De no acordarse la extinción solicitada sólo cabría la liquidación y el cierre de la empresa y el despido de la totalidad de los trabajadores», indicó en el auto.
