La Ley de Memoria Histórica obligará a particulares e instituciones a retirar símbolos franquistas

La nueva redacción de la Ley de la Memoria Histórica aprobada hoy por la ponencia del Congreso obligará a ayuntamientos, instituciones y particulares a retirar los símbolos franquistas y de exaltación de la Guerra Civil, y faculta a las Administraciones Públicas para retirarles subvenciones y ayudas si no lo hacen.

La ponencia de la Comisión Constitucional encargada de informar sobre este proyecto de ley de ampliación de derechos a víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, se ha reunido esta tarde en el Congreso y ha acordado de forma mayoritaria elevar a la comisión un texto propuesto por el grupo socialista, que incorpora algunas novedades surgidas de su negociación con los otros grupos parlamentarios.

Los socialistas han entregado el texto de la ley con los cambios pactados con IU-ICV, en su mayoría, avalados por los nacionalistas de PNV, CiU y BNG, así como otros partidos del Grupo Mixto. El PSOE e IU-ICV han propuesto a los demás grupos trabajar sobre este nuevo documento, y se ha sometido a votación. El PP ha expresado su rechazo y ha protestado por el cambio de tramitación, mientras que ERC, formación que considera insuficientes sus medidas, ha optado por abstenerse sin oponerse a su tramitación.

Archivos, símbolos e indemnizaciones

Además de la retirada de la simbología franquista, la aprobación de la ley permitirá el acceso a los archivos que albergan documentos sobre la Guerra Civil y la Dictadura, el reconocimiento a los que padecieron algún daño en defensa de la democracia durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977 y la aplicación de las medidas compensatorias establecidas en la Ley a más colectivos que los inicialmente contemplados.

También se encuentra reflejado en el texto el reconocimiento a quienes fueron perseguidos por razones religiosas y la declaración de ilegitimidad de los jurados populares que funcionaron durante la Guerra en la zona republicana, algunos de los cuales dictaron sentencias de muerte.

Tramitación de la ley

El proyecto se debatirá en la Comisión Constitucional la próxima semana y se aprobará en el Pleno del Congreso a final de mes, según el calendario fijado esta tarde en la primera reunión de la ponencia parlamentaria encargada de informar de la ley.

El proyecto se discutirá en la Comisión presidida por Alfonso Guerra el próximo miércoles, nada más terminar el debate de la reforma del Estatuto de Castilla y León. Después, el texto se elevará al Pleno del Congreso en su última sesión del mes, prevista para los días 30 y 31. La fecha concreta se decidirá en una próxima reunión de la Junta de Portavoces. Del Pleno del Congreso se remitirá al Senado y sólo volverá a la Cámara Baja si allí se introduce alguna modificación.