Politica
La Iglesia asturiana insta a los partidos a «huir del revanchismo en favor de la paz»
En relación con la Ley de Memoria Histórica, avisa de que los símbolos «llevan consigo un sentimiento» y alerta del riesgo de volver a «épocas de discordia» La FSA hará un inventario de emblemas franquistas con vistas a su eliminación
PASADO. Dos trabajadores cubren uno de los símbolos franquistas de la Universidad Laboral de Gijón. / LUIS SEVILLA
«Los partidos políticos, como otros sectores de la sociedad, deben evitar el revanchismo y sembrar paz y concordia; de lo contrario, podríamos volver a épocas de acritud y discordia». De las palabras de su portavoz, Manuel Robles, se desprende que la Iglesia asturiana ha acogido el inicio de la tramitación parlamentaria de la Ley de Memoria Histórica con cierta inquietud. Aunque el Arzobispado prefiere esperar a que el proyecto se convierta en una normativa en toda regla, no parece que sus responsables estén especialmente satisfechos con una iniciativa que, entre otras cosas, amenaza con la supresión de subvenciones si no se procede a la retirada de los símbolos del franquismo que aún sobreviven en algunos de sus edificios. «Los símbolos llevan consigo un sentimiento», avisa Robles, que elude pronunciarse sobre la actitud de la institución con vistas a la desaparición de los controvertidos emblemas. PSOE e IU han acogido con más entusiasmo el borrador legislativo, que el PP cree que el Gobierno impulsa «para ocultar su nefasta política antiterrorista».
Es pronto, explica el portavoz del Arzobispado, para hablar de si la Iglesia quitará o no esos símbolos cuando se apruebe la ley. «Eso todavía no ha ocurrido», detalla, eludiendo pronunciarse. Con vistas a la concreción final de la normativa, la Iglesia asturiana incide en su petición a los políticos a «tener presente el espíritu de la Transición» y a «huir de cualquier revanchismo» porque de esa forma «no se ayuda a la paz».
En el campo político, la iniciativa pactada por el PSOE con todos los grupos menos con el PP y ERC ha despertado mejores expectativas, pese a que el Gobierno suavizó ayer en parte el contenido del documento. Su vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, indicó que la Ley de Memoria Histórica no obligará a los ayuntamientos a modificar los nombres de las calles relacionadas con el franquismo ni a retirar los símbolos relacionados con la Dictadura, sino que estos «podrán hacerlo» si así lo desean. En cuanto a la posibilidad de retirar subvenciones a instituciones como la Iglesia, ese recorte no será automático «sino que será la administración que concede la ayuda la que decida».
«Normalidad»
Con todo, desde la Federación Socialista Asturiana se cree que la retirada de los emblemas forma parte de «un proceso de normalidad democrática» y se insta a todas las administraciones a «acatar la ley» cuando sea aprobada, «sin excusas ni subterfugios para eludirla». Así lo resalta su secretario de Organización, Jesús Gutiérrez, que considera que las primeras declaraciones vertidas por el Ayuntamiento de Oviedo, proclive al cumplimiento de la normativa, son «un buen punto de partida para la normalización de la situación».
La aportación de los socialistas a dicho proceso de normalización será inmediata. El partido encargará a sus agrupaciones y grupos municipales un inventario de la simbología de origen franquista existente en su territorio, «para proceder a su eliminación al amparo de la futura ley». Su posición optimista es similar a la que mantiene el Gobierno regional. Fuentes del Ejecutivo señalan que en el ámbito institucional ya se han eliminado los últimos vestigios del anterior régimen, y que «no habrá problemas» para que en el ámbito municipal suceda lo mismo. «No dudo de que se cumplirá la normativa», argumenta un portavoz del Principado.
IU, que matiza su satisfacción con la crítica a los socialistas por su «falta de valor» para ir más allá, estima que Oviedo es la principal piedra de toque a la hora de proceder a la ejecución de lo fijado en la normativa. «Aquí estamos rodeados», bromea su coordinador regional, Jesús Iglesias, respecto a la proliferación de vestigios de la Dictadura en las calles de la capital. A su juicio, ésta es una ocasión óptima para que el PP, que gobierna en la ciudad, «rompa el cordón umbilical que todavía le une con el franquismo». Lo contrario, estima, «sería reividicar» el régimen.
Los populares, por descontado, se oponen a la ley y ni siquiera quieren analizar la hipotética retirada de placas, escudos o nombres de calles. «Era una cuestión ya superada y ahora se vuelve a resucitar el fantasma del enfrentamiento entre españoles», afirma Isidro Fernández Rozada. El parlamentario cree que el debate sobre los emblemas es «falso» y dice que el Gobierno ha puesto este debate sobre la mesa «para ocultar sus nefastas políticas, como la que tiene que ver con el terrorismo».
La discrepancia política se torna en unanimidad en el caso de las asociaciones relacionadas con la memoria histórica. Tanto el Foro por la Memoria del Oriente como el colectivo Memoria Histórica Asturiana coinciden en que la ley «se queda corta» porque no declara la nulidad de los juicios sumarísimos del franquismo.
Es pronto, explica el portavoz del Arzobispado, para hablar de si la Iglesia quitará o no esos símbolos cuando se apruebe la ley. «Eso todavía no ha ocurrido», detalla, eludiendo pronunciarse. Con vistas a la concreción final de la normativa, la Iglesia asturiana incide en su petición a los políticos a «tener presente el espíritu de la Transición» y a «huir de cualquier revanchismo» porque de esa forma «no se ayuda a la paz».
En el campo político, la iniciativa pactada por el PSOE con todos los grupos menos con el PP y ERC ha despertado mejores expectativas, pese a que el Gobierno suavizó ayer en parte el contenido del documento. Su vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, indicó que la Ley de Memoria Histórica no obligará a los ayuntamientos a modificar los nombres de las calles relacionadas con el franquismo ni a retirar los símbolos relacionados con la Dictadura, sino que estos «podrán hacerlo» si así lo desean. En cuanto a la posibilidad de retirar subvenciones a instituciones como la Iglesia, ese recorte no será automático «sino que será la administración que concede la ayuda la que decida».
«Normalidad»
Con todo, desde la Federación Socialista Asturiana se cree que la retirada de los emblemas forma parte de «un proceso de normalidad democrática» y se insta a todas las administraciones a «acatar la ley» cuando sea aprobada, «sin excusas ni subterfugios para eludirla». Así lo resalta su secretario de Organización, Jesús Gutiérrez, que considera que las primeras declaraciones vertidas por el Ayuntamiento de Oviedo, proclive al cumplimiento de la normativa, son «un buen punto de partida para la normalización de la situación».
La aportación de los socialistas a dicho proceso de normalización será inmediata. El partido encargará a sus agrupaciones y grupos municipales un inventario de la simbología de origen franquista existente en su territorio, «para proceder a su eliminación al amparo de la futura ley». Su posición optimista es similar a la que mantiene el Gobierno regional. Fuentes del Ejecutivo señalan que en el ámbito institucional ya se han eliminado los últimos vestigios del anterior régimen, y que «no habrá problemas» para que en el ámbito municipal suceda lo mismo. «No dudo de que se cumplirá la normativa», argumenta un portavoz del Principado.
IU, que matiza su satisfacción con la crítica a los socialistas por su «falta de valor» para ir más allá, estima que Oviedo es la principal piedra de toque a la hora de proceder a la ejecución de lo fijado en la normativa. «Aquí estamos rodeados», bromea su coordinador regional, Jesús Iglesias, respecto a la proliferación de vestigios de la Dictadura en las calles de la capital. A su juicio, ésta es una ocasión óptima para que el PP, que gobierna en la ciudad, «rompa el cordón umbilical que todavía le une con el franquismo». Lo contrario, estima, «sería reividicar» el régimen.
Los populares, por descontado, se oponen a la ley y ni siquiera quieren analizar la hipotética retirada de placas, escudos o nombres de calles. «Era una cuestión ya superada y ahora se vuelve a resucitar el fantasma del enfrentamiento entre españoles», afirma Isidro Fernández Rozada. El parlamentario cree que el debate sobre los emblemas es «falso» y dice que el Gobierno ha puesto este debate sobre la mesa «para ocultar sus nefastas políticas, como la que tiene que ver con el terrorismo».
La discrepancia política se torna en unanimidad en el caso de las asociaciones relacionadas con la memoria histórica. Tanto el Foro por la Memoria del Oriente como el colectivo Memoria Histórica Asturiana coinciden en que la ley «se queda corta» porque no declara la nulidad de los juicios sumarísimos del franquismo.
