Oviedo
Loza de San Claudio notifica la lista con los 87 obreros que se irán a la calle
El comité de empresa denuncia que ha habido «casos sangrantes» y la plantilla prende fuego a sus batas El dueño se reúne hoy con los acreedores en el juzgado
PROTESTA. Una de las trabajadores, en primer plano, durante la quema de batas, ayer. / M. ROJAS
Loza de San Claudio vivió su último día con 139 trabajadores en plantilla. Y el más triste. Al terminar la jornada, pasadas las dos de la tarde, la dirección de la empresa convocó a los empleados frente al edificio de administración. Uno por uno leyó los nombres y apellidos de los afectados: 42 engrosarán las listas del paro y 45 serán prejubilados, los mayores de 55 años, con cargo de la Administración regional. A partir de hoy, San Claudio producirá y venderá sus piezas de loza con sólo 51 obreros, que serán 42 en los próximos dos años. El resto se quedarán en casa.
La medida era esperada, pero no dejó indiferente ni a los afectados ni a sus compañeros, que en señal de protesta llegaron a quemar batas blancas a las puertas de la factoría. El comité de empresa denunció ayer el modo de actuar del dueño, Álvaro Ruiz de Alda, que sólo ha tardado una semana en poner en marcha el expediente de regulación de empleo autorizado por el Juzgado de lo Mercantil. Le recriminaron que no ha contado con ellos para seleccionar a los nuevos parados. «Ha tenido muy poca sensibilidad y no ha querido negociar las listas», lamentó ayer la presidenta del comité de empresa, María José Mon.
Tal y como temían, se irán a la calle «casos sangrantes». Entre ellos, el de Raquel Rodríguez, de 37 años, y su marido Alfonso Rodríguez, de 40. «En parte sí que contábamos con ello. A partir de ahora tendremos que buscarnos la vida», decía ayer resignada la mujer, una de las 66 que se irán a la calle.
«¿A dónde voy ahora?»
Tampoco fue un buen día para Pilar García. Cumpliría dos décadas en la fábrica en 2008 si Ruiz de Alda no ha hubiera echado. «Pensaba jubilarme aquí. ¿Qué porvenir me espera? ¿A dónde voy a ir ahora?», se preguntaba ayer a sus 48 años esta decoradora, que ya formó parte de otro plan de regulación de empleo que hubo en la década de los ochenta.
Como muchos de los trabajadores expulsados, García confía en la ayuda de las administraciones para recolocarse. «En casa desde luego que no me voy a quedar», dijo ayer.
En casa tampoco se quiere quedar María Carmen Álvarez. Como García, formó parte de la regulación de empleo de los ochenta, estuvo siete años fuera y la volvieron a contratar. En total, lleva 32 años acudiendo cada mañana a San Claudio. «Era un trabajo al lado de casa y me venía bien el dinerín», lamentó tras recibir la lista de despido.
No es la única de su familia que se irá de Loza de San Claudio. Su hermana María Jesús, de 54 años, se prejubilará en 2008 y otra de sus hermanas, Maite, también se ha ido a la calle con una indemnización, como el resto de la plantilla, de 20 días por año trabajado. Sólo quedará su sobrino, de 29 años, que «pidió que le despidieran para buscar algo mejor y no lo hicieron».
Aunque la nueva situación ya es inevitable, «el derecho de pataleo no nos lo quita nadie», aseguró Mon. Por tanto, la plantilla se concentrará hoy, a partir de las once de la mañana, frente al Juzgado de lo Mercantil.
Negocio de la deuda
El escenario no es casual. A esa hora y en ese lugar la dirección de la empresa reunirá a los acreedores para negociar las deudas acumuladas, que rondan los tres millones de euros. Les propondrá una reducción de los pagos de hasta del 50% y el retraso en su abono. Si no llegan a un acuerdo, la fábrica se irá a la liquidación o al cierre.
Durante la Junta de Acreedores, el empresario también les expondrá su proyecto de futuro. En concreto, prevé comprar la pasta ya preparada a empresas especializadas del ramo en Francia o Portugal. El bizcocho lo fabricará en San Claudio con 29 trabajadores (a los que se sumarán otros 5 en logística, 6 en oficinas y 3 en tienda) y las piezas se terminarán en Marruecos.
La medida era esperada, pero no dejó indiferente ni a los afectados ni a sus compañeros, que en señal de protesta llegaron a quemar batas blancas a las puertas de la factoría. El comité de empresa denunció ayer el modo de actuar del dueño, Álvaro Ruiz de Alda, que sólo ha tardado una semana en poner en marcha el expediente de regulación de empleo autorizado por el Juzgado de lo Mercantil. Le recriminaron que no ha contado con ellos para seleccionar a los nuevos parados. «Ha tenido muy poca sensibilidad y no ha querido negociar las listas», lamentó ayer la presidenta del comité de empresa, María José Mon.
Tal y como temían, se irán a la calle «casos sangrantes». Entre ellos, el de Raquel Rodríguez, de 37 años, y su marido Alfonso Rodríguez, de 40. «En parte sí que contábamos con ello. A partir de ahora tendremos que buscarnos la vida», decía ayer resignada la mujer, una de las 66 que se irán a la calle.
«¿A dónde voy ahora?»
Tampoco fue un buen día para Pilar García. Cumpliría dos décadas en la fábrica en 2008 si Ruiz de Alda no ha hubiera echado. «Pensaba jubilarme aquí. ¿Qué porvenir me espera? ¿A dónde voy a ir ahora?», se preguntaba ayer a sus 48 años esta decoradora, que ya formó parte de otro plan de regulación de empleo que hubo en la década de los ochenta.
Como muchos de los trabajadores expulsados, García confía en la ayuda de las administraciones para recolocarse. «En casa desde luego que no me voy a quedar», dijo ayer.
En casa tampoco se quiere quedar María Carmen Álvarez. Como García, formó parte de la regulación de empleo de los ochenta, estuvo siete años fuera y la volvieron a contratar. En total, lleva 32 años acudiendo cada mañana a San Claudio. «Era un trabajo al lado de casa y me venía bien el dinerín», lamentó tras recibir la lista de despido.
No es la única de su familia que se irá de Loza de San Claudio. Su hermana María Jesús, de 54 años, se prejubilará en 2008 y otra de sus hermanas, Maite, también se ha ido a la calle con una indemnización, como el resto de la plantilla, de 20 días por año trabajado. Sólo quedará su sobrino, de 29 años, que «pidió que le despidieran para buscar algo mejor y no lo hicieron».
Aunque la nueva situación ya es inevitable, «el derecho de pataleo no nos lo quita nadie», aseguró Mon. Por tanto, la plantilla se concentrará hoy, a partir de las once de la mañana, frente al Juzgado de lo Mercantil.
Negocio de la deuda
El escenario no es casual. A esa hora y en ese lugar la dirección de la empresa reunirá a los acreedores para negociar las deudas acumuladas, que rondan los tres millones de euros. Les propondrá una reducción de los pagos de hasta del 50% y el retraso en su abono. Si no llegan a un acuerdo, la fábrica se irá a la liquidación o al cierre.
Durante la Junta de Acreedores, el empresario también les expondrá su proyecto de futuro. En concreto, prevé comprar la pasta ya preparada a empresas especializadas del ramo en Francia o Portugal. El bizcocho lo fabricará en San Claudio con 29 trabajadores (a los que se sumarán otros 5 en logística, 6 en oficinas y 3 en tienda) y las piezas se terminarán en Marruecos.
