GIJÓN
Seis de los nueve imputados en la 'Operación Cantábrico' admiten su culpa y muestran arrepentimiento
La ex compañera del supuesto cabecilla de la red, Covadonga P. F.; Francisco Juan R. P. y su ex esposa Judith A. M. K. M se desvincularon de la red de tráfico de cocaína El juicio continúa mañana con la declaración de los policías
ACUSADOS. En primer término a la izquerda, Luis María, junto a Alicia, Covadonga y el gijonés José Alfredo, sentado entre dos policías. Detrás, al fondo cubierto, Jesús María, Judith (tapada con un abanico), Asier y Francisco Liedo, seguido de otros asistentes al juicio. / L. SEVILLA
La primera sesión del juicio por la 'Operación Cantábrico', desarrollada en 2005, fue más rápida de lo previsto. La declaración de los nueve imputados, tres de ellos asturianos, por supuesto tráfico de drogas, estaba dividida en dos días, aunque finalmente todos ofrecieron ayer su testimonio. Y seis de ellos decidieron reconocer su implicación en los hechos e, incluso, mostraron su «arrepentimiento» por ello.
Sus declaraciones permitieron encajar de manera definitiva las piezas del puzzle de una red que fue desarticulada en 2005, cuando el grupo de Estupefacientes de la Policía de Gijón incautó 280 kilos de cocaína de gran pureza enterrados en la finca 'La Canterona', cerca de la localidad de San Justo, en Villaviciosa, y ocultos en el interior de un gran bloque de granito, con un valor calculado en más de nueve millones de euros. Las piedras tenían una capacidad para albergar hasta una tonelada de cocaína y, según expuso el fiscal antidroga, José Perals, el 19 de diciembre de 2004 llegaron cinco bloques a través de la empresa Parimpex, de Brasil, hasta el puerto de Vigo.
«Estoy arrepentido de ello y por eso lo reconozco». Ese fue el testimonio del primero en declarar, el gijonés José Alfredo A. G., supuesto cabecilla en la introducción de la droga y el único de los acusados que permanece en prisión. Aseguró, entonces, ser consciente de lo que su confesión supone y dijo estar dispuesto a «admitir la pena que me impongan».
Su madre Alicia G. G., de 70 años, quien, según el fiscal, recibió los bloques de granito en Vigo junto a otra persona, Sandro, que no ha sido identificado, y acusada, por ello, de la introducción de la droga, también confesó y aseguró sentirse «arrepentida». En su caso, la defensa presentó posibles atenuantes como un informe médico que refleja dolencias físicas y psíquicas - «que van a más», dijo- y el hecho de que tiene a su cuidado a una hija «con una incapacidad del 81%».
La ex compañera de José Alfredo, la gijonesa Covadonga P. F,. también se sentó ayer en el banquillo de los acusados, aunque ella fue una de los tres que negó cualquier implicación. Está acusada, junto a su entonces compañero, de vender la sustancia ilegal a los distribuidores. Para los tres asturianos, el fiscal pide trece años de prisión y una multa de treinta millones de euros.
Supuesta distribución
También se desvincularon de la trama el bilbaíno Francisco Juan R. P. y su ex esposa, la irlandesa Judith A. M. K. M., acusados de utilizar su piso de Laredo para la distribución de la droga por el País Vasco que, supuestamente les vendía José Alfredo. Ambos aseguraron no tener nada que ver en este asunto y apuntaron, además, que el piso es propiedad de uno de sus hijos y que la droga hallada en el domicilio que ambos compartían en Bilbao, salió de la habitación de otro de sus hijos. El fiscal pide para él once años de prisión y multa de 200.000 euros y para ella, cuatro años de prisión y multa de 60 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de seis días.
El tercero que sí reconoció su culpabilidad fue el cántabro Luis María U. G., acusado de encargarse de la distribución desde su comunidad autónoma y para el que piden nueve años de prisión y 200.000 euros de multa. Arrepentido de los hechos, confesó además ser consumidor de «cocaína, hachís y marihuana» y ser aún dependiente de estas sustancias. El bilbaíno Jesús María A. F., siguió el mismo camino y reconoció los hechos, confesando, también, el consumo habitual de cocaína. A este respecto, aseguró que su dosis diaria por aquel entonces era «de entre uno y cinco gramos al día», aunque actualmente está dentro del Proyecto Hombre para su rehabilitación. El fiscal pide para él seis años de prisión.
Los otros dos imputados, el vizcaíno Asier G. J. y el cántabro Francisco L. C., acusados de colaborar en la distribución y venta de la cocaína, también confesaron su culpabilidad. Ambos declararon ser drogodependientes. El primero, dijo que por aquel entonces consumía «de dos a tres gramos diarios de cocaína» y anunció su intención de iniciar un tratamiento. El segundo, también reconoció un consumo diario. Para el primero piden cinco años de prisión y para el segundo, cuatro.
El juicio continúa mañana en la sección octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, con las primeras declaraciones de los policías nacionales.
Sus declaraciones permitieron encajar de manera definitiva las piezas del puzzle de una red que fue desarticulada en 2005, cuando el grupo de Estupefacientes de la Policía de Gijón incautó 280 kilos de cocaína de gran pureza enterrados en la finca 'La Canterona', cerca de la localidad de San Justo, en Villaviciosa, y ocultos en el interior de un gran bloque de granito, con un valor calculado en más de nueve millones de euros. Las piedras tenían una capacidad para albergar hasta una tonelada de cocaína y, según expuso el fiscal antidroga, José Perals, el 19 de diciembre de 2004 llegaron cinco bloques a través de la empresa Parimpex, de Brasil, hasta el puerto de Vigo.
«Estoy arrepentido de ello y por eso lo reconozco». Ese fue el testimonio del primero en declarar, el gijonés José Alfredo A. G., supuesto cabecilla en la introducción de la droga y el único de los acusados que permanece en prisión. Aseguró, entonces, ser consciente de lo que su confesión supone y dijo estar dispuesto a «admitir la pena que me impongan».
Su madre Alicia G. G., de 70 años, quien, según el fiscal, recibió los bloques de granito en Vigo junto a otra persona, Sandro, que no ha sido identificado, y acusada, por ello, de la introducción de la droga, también confesó y aseguró sentirse «arrepentida». En su caso, la defensa presentó posibles atenuantes como un informe médico que refleja dolencias físicas y psíquicas - «que van a más», dijo- y el hecho de que tiene a su cuidado a una hija «con una incapacidad del 81%».
La ex compañera de José Alfredo, la gijonesa Covadonga P. F,. también se sentó ayer en el banquillo de los acusados, aunque ella fue una de los tres que negó cualquier implicación. Está acusada, junto a su entonces compañero, de vender la sustancia ilegal a los distribuidores. Para los tres asturianos, el fiscal pide trece años de prisión y una multa de treinta millones de euros.
Supuesta distribución
También se desvincularon de la trama el bilbaíno Francisco Juan R. P. y su ex esposa, la irlandesa Judith A. M. K. M., acusados de utilizar su piso de Laredo para la distribución de la droga por el País Vasco que, supuestamente les vendía José Alfredo. Ambos aseguraron no tener nada que ver en este asunto y apuntaron, además, que el piso es propiedad de uno de sus hijos y que la droga hallada en el domicilio que ambos compartían en Bilbao, salió de la habitación de otro de sus hijos. El fiscal pide para él once años de prisión y multa de 200.000 euros y para ella, cuatro años de prisión y multa de 60 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de seis días.
El tercero que sí reconoció su culpabilidad fue el cántabro Luis María U. G., acusado de encargarse de la distribución desde su comunidad autónoma y para el que piden nueve años de prisión y 200.000 euros de multa. Arrepentido de los hechos, confesó además ser consumidor de «cocaína, hachís y marihuana» y ser aún dependiente de estas sustancias. El bilbaíno Jesús María A. F., siguió el mismo camino y reconoció los hechos, confesando, también, el consumo habitual de cocaína. A este respecto, aseguró que su dosis diaria por aquel entonces era «de entre uno y cinco gramos al día», aunque actualmente está dentro del Proyecto Hombre para su rehabilitación. El fiscal pide para él seis años de prisión.
Los otros dos imputados, el vizcaíno Asier G. J. y el cántabro Francisco L. C., acusados de colaborar en la distribución y venta de la cocaína, también confesaron su culpabilidad. Ambos declararon ser drogodependientes. El primero, dijo que por aquel entonces consumía «de dos a tres gramos diarios de cocaína» y anunció su intención de iniciar un tratamiento. El segundo, también reconoció un consumo diario. Para el primero piden cinco años de prisión y para el segundo, cuatro.
El juicio continúa mañana en la sección octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, con las primeras declaraciones de los policías nacionales.
