
Ante el nuevo paso del empresario, la Unión Comarcal de Comisiones Obreras advirtió ayer de la existencia de «fuertes presiones» dirigidas a Cultura para evitar la aprobación del expediente BIC. Presiones que provendrían desde el propio Principado, porque «dentro del Gobierno regional hay diversidad de opiniones sobre este asunto», puntualizó José Manuel Prieto, secretario general del sindicato. Pidió, por ello, «mano firme» a la consejera de Cultura, Encarnación Rodríguez, quien, «de momento, está siguiendo el camino correcto, y espero que no se deje zarandear», añadió.
Los obreros se «agarran» a la declaración BIC por dos razones. Una, porque permitirá salvar «el patrimonio de todos los asturianos». Dos, «porque si Ruiz de Alda no puede producir en Marruecos, para atender todos los pedidos necesitaría volver a contratar mano de obra cualificada, o sea los que se han ido a casa», manifestó María José Mon, presidenta del comité de empresa.
El abogado del propietario de la fábrica, Eutimio Martínez, socio del despacho de Gutiérrez de la Roza, reconoció este martes, tras la junta de acreedores, que con «la sombra del BIC, el valor de la fábrica en el mercado es nulo, cero, y nadie tendría satisfecho sus créditos».
CC OO mantiene que en la fábrica «había un plan urbanístico que se coartó con la apertura del expediente de protección». Ahora, continuó Prieto, «Ruiz de Alda quiere desembarazarse del instrumento legal que les impide coger una sierra y llevar la factoría a Marruecos».
Y con destino a este país saldrá, en principio, un cargamento con mercancía «este fin de semana o, lo más tarde, el lunes. Se están cargando los contenedores», dijo Gabriel Fernández, de CC OO. Exigió más vigilancia policial a la Delegación del Gobierno y que «adopte las medidas legales oportunas» para que no sean los obreros quienes tengan que «cumplir la ley con piquetes».
Junta de Portavoces
Representantes de CC OO y de los trabajadores de San Claudio mantendrán este lunes una reunión con la junta de portavoces del Ayuntamiento. Pedirán «la reinserción laboral de los despedidos en las empresas subcontratadas del Consistorio». Lo mismo solicitarán al Principado y al consejero de Industria, que «también es de empleo, y no baja a la fábrica».
Prieto, finalmente, destacó que De Alda «humilló» a estos obreros, de una «forma desechable y asquerosa». Cuando el miércoles se concentraron ante las oficinas de la factoría para exigir los papeles del paro, «este genio llamó a la guardia civil. Vive en un país preconstitucional», resaltó. Hoy los 51 afectados volverán a la locería a por la liquidación.





