
LAS CLAVES
Así lo aseguraron a EL COMERCIO fuentes de la Consejería de Bienestar Social, desde la que se aseguró que el nuevo plan de inspecciones «estará en vigor el año próximo», para garantizar «una mayor calidad en la atención a las personas mayores».
En esa línea de incrementar los esfuerzos controladores, desde la consejería que dirige Pilar Rodríguez se explicó que «los inspectores no tendrán, como hasta ahora, la única misión de vigilar el funcionamiento de las residencias de mayores, sino que, también, queremos incluir a los centros de día, de los que Asturias dispone de 1.300 plazas, y los dispositivos destinados a las personas con discapacidad, que en la región suman 1.800 plazas».
El objetivo es que todos los servicios implicados en la Ley de la Dependencia «tengan los mismos controles que, hasta ahora, sólo tenían asignados las residencias para mayores». Esto llevará a que, a partir de enero, se produzcan muchas «inspecciones por sorpresa», que pueden tener lugar a cualquier hora del día o de la noche.
22 denuncias
Este incremento de la actividad llega después de un parón en el funcionamiento del servicio, afectado por bajas laborales. Sin embargo, la Consejería de Bienestar Social insiste en que el trabajo de control «se mantuvo». De esta manera, en lo que va de año se llevaron a cabo 47 inspecciones, y en 2005 se llegaron a contabilizar 140.
No obstante, todas las denuncias presentadas este año, 22, fueron atendidas, y se sustanciaron en diez expedientes sancionadores. Según explicaron fuentes oficiales, de esas 22 denuncias presentadas, siete «se referían a asistencia inadecuada», mientras que cuatro hacían referencia a la insalubridad y tres a cuestiones de maltrato. Sin embargo, las inspecciones resultantes no descubrieron «ninguna situación de maltrato», ya que todos los expedientes, salvo uno, tienen como origen «o bien el funcionamiento sin autorización o bien que han realizado obras sin la preceptiva licencia».
Aunque no fueron facilitadas las cuantías de las multas, ninguna llegó a la calificación de muy grave, que implica el cierre del establecimiento, como sí ocurrió en años anteriores. Desde 2002 han sido clausurados un total de 63 residencias en toda la región. Bienestar Social precisó, no obstante, que en lo que va de año «han cerrado diez geriátricos», aunque todos ellos por iniciativa del empresario y no porque mediase ningún expedientes de por medio.
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