
Los trabajadores de San Claudio comenzaron a trabajar en dos frentes para impedir su salida. Un grupo, mayoritariamente femenino como la plantilla, esperó fuera del recinto para impedir la salida, bajo la atenta mirada de cuatro guardias civiles. Fueron enviados, supuestamente por la Delegación del Gobierno, «para que no haya alteraciones del orden público». Indignados, los empleados prometían cualquier cosa para conseguir su objetivo, aunque uno de ellos apuntaba a otros como responsable de evitar la salida: «Debería haber encima de la mesa del gerente una orden de la Consejería de Cultura». Como sus compañeros defiende que instalaciones, piezas, calcomonías y diseños son bienes protegidos desde la incoación del expediente de Bien de Interés Cultural por parte del Principado.
Por eso, mientras tanto y tras conocer las intenciones de Ruiz de Alda, una comisión con miembros del comité de empresa requirió la intervención de Cultura. Fue la primera puerta que tocaron los representantes de los trabajadores. Al no recibir respuesta ante «semejante ilegalidad y atropello», ya por la tarde presentaron una denuncia ante el juzgado de guardia. Pero no lograron su intervención, al no encontrar la jueza ninguna irregularidad, al menos penal, en las intenciones del empresario.
Ella les invitó a recurrir a las fuerzas del orden, porque sólo ellas podían dar la orden para detener el camión o dejarlo marchar. Y así lo hicieron: presentaron un escrito en la Delegación del Gobierno y denunciaron los hechos en los cuarteles de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Rebelión del personal
El camión ya estaba cargado con unas 100.000 piezas, según los cálculos de los trabajadores, y también con calcomonías. Pasadas las siete de la tarde, el sonido de la llave en el contacto puso en alerta al medio centenar de personas que esperaba junto a la verja, entre trabajadores, miembros de CC OO, del partido Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda y gentes del pueblo, como el presidente de la asociación vecinal, Andrés Lázaro. Para evitar su salida, habían taponado el candado con pegamento de contacto.
Los guardias se apostaron junto a la puerta. Varios hombres echaron abajo una de las vallas, y una trabajadora, Mari Carmen Álvarez, reclamó poder entrar: «No estamos despedidas, estamos de vacaciones». Y es que por la mañana, después de varios días de espera, personal de administración les entregó la liquidación: no podrán apuntarse en la oficinas del INEM hasta que terminen de disfrutar los días libres.
Un grupo de trabajadoras entró en el recinto, sin impedírselo la Guardia Civil, y se apostó delante del tráiler para impedir su salida. Lo consiguió, al menos al cierre de esta edición. Y «ante la indefinición de las autoridades», decidieron montar relevos toda la noche para que el convoy no se moviera de San Claudio.





