
La oposición maneja dos motivos para su petición. Primero, porque «lo razonable es que todos los actos parlamentarios lleguen a su fin». Segundo, «porque hay que restituir la imagen interna y externa de la Universidad y reparar el daño personal al rector (entonces, Julio Rodríguez, ya fallecido) y todo su equipo, que sufrió primero una campaña de desprestigio y, luego, otra de silencio». Fueron las palabras del diputado regional del PP Alfonso Román López, que compareció con su compañero Joaquín Aréstegui y el diputado nacional Isidro Fernández Rozada, también miembro del Consejo de la Universidad.
El proceso preelectoral está en plena efervescencia. Las candidaturas para relevar a Juan Vázquez el próximo año están 'cociendose'. Pese a la cercanía de las elecciones, el PP desmintió fines electorales con su petición. No pretende limpiar la imagen de Vicente Gotor, que fue miembro del equipo de Rodríguez y posible cabeza de una lista. Simplemente, dice el PP, «es una cuestión de justicia». «Ssría inmoral que los resultados no gusten y se tapen», expuso Aréstegui.
Los populares apuntaron directamente al Consejo de Gobierno, a quien acusaron de «ocultar los resultados» de la auditoría, cuando de 24 puntos analizados, el Tribunal de Cuentas concluyó que «ninguno tenía alcance administrativo». Sin embargo, al no hacerse público en la Junta, la imagen que pueden tener muchos ciudadanos de la gestión de Julio Rodríguez es muy diferente al «rigor» y «seriedad con que trabajaba». «Muchos hablaban de una gestión que iba a llevar a la Universidad al abismo», recordó López. Detrás de estas valoraciones, aseguró Aréstegui, está la izquierda, a quien acusó de urdir «aquel escándalo» para «quitarse de encima a un rector que no les gustaba».
Desde 1999
A pesar de que la gestión en la Universidad ya era auditada cada año por Price Waterhouse, IU quería más. Apoyada por el PSOE, consiguió en 1999 que prosperase la solicitud de una auditoria de la Universidad entre 1996 y 2000. El Gobierno se la encargó al Consejo Social de la Universidad, que la contrató a la firma KPMG. Tocaba tres aspectos, económico, financiero y de legalidad. A partir de ella, el Tribunal de Cuentas elaboró un informe que, según el PP, era «exculpatorio». En enero de 2005, tienen conocimiento de ello el presidente del Consejo Social, el rector, el presidente regional y la presidenta de la Junta. Pero el Parlamento sigue sin conocer los resultados.





